La solidaridad que, desde el mismo momento en que se tuvo noticia de la caída de Julen a un pozo, requiere una acción rápida para evitar nuevos accidentes como este.
Se ha anunciado hace pocos días que se va a realizar una inspección en determinadas zonas del territorio nacional -utilizando incluso drones- para sacar a a la luz edificaciones realizadas sin la previa autorización.
Es claro que el fin es claramente lucrativo, porque las obras sin licencia cargarán con la correspondiente multa, y el consiguiente impuesto de bienes inmuebles, lo cual me parece muy bien.
Me pregunto si el Gobierno español se va a quedar cruzado de brazos esperando a que los propietarios de pozos ilegales los sellen, como ha solicitado el Delegado del Gobierno en Andalucía.
Que todos cumplamos las leyes y paguemos lo que corresponda está bien, pero el Gobierno le debe a Julen el aplicar la misma celeridad y medios respecto de la detección y sellado de tales pozos para evitar nuevas muertes.
