Defendamos nuestro derecho a una asistencia médica acorde con el código deontológico mundial

Si se legaliza la eutanasia en versión española, esta “muerte natural” de acuerdo con la cínica calificación de la propia ley, generará dos tipos de médicos y de práctica médica radicalmente distintas. La de aquellos que siguen el mandato de toda la vida, vigente en prácticamente todo el mundo, cuyos actos están dirigidos a cuidar la vida del paciente y a protegerlo del dolor, es decir los que siguen el Código deontológico de tan delicada profesión, y la de aquellos otros que, en determinadas circunstancias establecidas por el estado, están dispuestos a matar al paciente.

No solo eso, sino que la ley, si prosperan las enmiendas gubernamentales en el Senado, podrá indagar en las voluntades finales del enfermo, formuladas no importa cuantos años atrás, ni en qué condiciones, a fin de practicar la eutanasia, si así lo hizo constar en algún momento de su vida. Y no valdrá nada la opinión disconforme de la esposa o el esposo y los hijos. Será el mismo médico quien se avendrá a poner fin a la vida a menores de edad, a pesar de la oposición de padres.

No nos negaran que la persona que es capaz de proceder en estos términos es poseedora de una conciencia y una mentalidad muy especial. Tanto que muchos ciudadanos entre los que nos encontramos, no queremos que nos atienda con su servicio, porque no depositamos nuestra confianza en esta forma de pensar y hacer.  Quien se guía por la muerte como solución final, no contempla la vida en los mismos términos del que la defiende y procura por ella. Y no se prepara profesionalmente de la misma manera, ni abordará al enfermo en función de su edad y condiciones en los mismos términos que el medico fiel a la deontología de su profesión. ¿Cómo visitará a un paciente de Alzheimer afectado por un cáncer? ¿Qué posibilidades tiene una persona que no se vale por si misma de sobrevivir? Será el colaborador complaciente de los familiares que empujan a la persona sobrante a que elija el camino de su liquidación física.

Quien cree que el fin del sufrimiento se alcanza con una inyección letal, difícilmente se habrá interesado a lo largo de su vida profesional por conocer el mejor abordaje medico del sufrir. Estará muy lejos de la mentalidad del cuidar y acompañar hasta el final.

Pero no solo eso, ya apuntan que estos médicos de la cancelación de la deontológica serán fervientes perseguidores de los que siguen fieles al Código. Es el caso de  Miguel Ángel Sánchez Chillón expresidente del Colegio de Médicos de Madrid, que junto con unos sanitarios ha hecho pública una carta contra   el actual presidente de aquel Colegio profesional, Manuel Martínez-Sellés, acusándole de estar movido por motivaciones religiosas. Curiosa descalificación. No le critican por infringir la deontología médica, sino por ser religioso, católico, en concreto, como si esto fuera un estigma. No es Martinez Sellés, un acreditado profesional, jefe de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón, quien, con su crítica a la eutanasia y su exigencia de cuidados paliativos de calidad para todos, se aparta de la profesión, sino los partidarios de arreglar la vida matando.

Pero estos médicos gubernamentales, como los “comités de salud pública” del siglo XVIII, toman ya posiciones y carta de naturaleza contra los médicos. Les mueven dos razones, una ideológica: la muerte como solución, pero también practican una defensa profesional: quieren evitar que se haga evidente que hay dos tipos de médicos e intentan descalificar a los que promueven el cuidado de la vida tachándoles de poco profesionales.

Ante esta situación los ciudadanos tenemos derecho a protegernos de los actos médicos. No queremos inventos con nuestra salud, como facilita la ley sobre la eutanasia. Por esta razón hemos de movilizarnos, si se aprueba la ley, en tres ámbitos muy concretos:

1. Un registro oficial de todos los médicos que están dispuestos a practicar la eutanasia, de manera que quine no esté en él no pueda practicarla. Este registro debe servir para poder verificar si unos determinados médicos que pueden atendernos forman parte de ella, y así tener la posibilidad de rechazarlos. La lista no es pública, la consulta de unos nombres concretos por razones de atención médica sí que debe serlo.
2. La formulación de últimas voluntades en las que se indique que se rechaza la eutanasia y la intervención de médicos partidarios de ella o que la hayan practicado.
3. La garantía de que las residencia de mayores no tendrán médicos partidarios de aplicar la eutanasia, y menos todavía, una vez establecida, que esta muerte sea considerada una defunción natural, de manera, que un familiar puede desaparecer del centro, y sernos comunicado que ha fallecido de “muerte natural”, cuando en realidad le han aplicado la eutanasia.

Hay que defender la vida contra los partidarios de la muerte.