Funerales de Estado: de la aconfesionalidad constitucional al ateísmo gubernamental

Es un hecho firme, una evidencia jurídica y política, afirmar que el Estado español es aconfesional, laico, y no laicista militante ni mucho menos ateo. Así lo establece con claridad la Constitución española en su artículo 16, cuando proclama, en su apartado tercero, que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, añadiendo inmediatamente una precisión decisiva que a menudo se omite interesadamente: “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones”.

Este inciso no es retórico ni decorativo. Define un modelo concreto: el de una neutralidad colaborativa, que reconoce el hecho religioso como una realidad social relevante, especialmente en un país donde la tradición cristiana —y singularmente la católica— ha configurado durante siglos su cultura, su sentido del bien común y su manera de afrontar los grandes momentos de la vida… y de la muerte.

Sin embargo, esta aconfesionalidad constitucional ha sido progresivamente deformada, primero durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y, con mayor intensidad, bajo el mandato de Pedro Sánchez, hasta convertirse en una práctica de Estado ateo de facto. No por declaración formal, sino por exclusión sistemática de toda referencia a Dios del espacio público institucional, incluso en contextos donde dicha exclusión resulta no solo absurda, sino moralmente ofensiva y jurídicamente discutible.

Vayamos por partes. Un Estado aconfesional es aquel cuyas instituciones no están adscritas a ninguna confesión religiosa, pero reconocen, respetan y cooperan con ellas. En el caso español, esta cooperación se enfatiza expresamente respecto a la Iglesia católica, por ser la confesión históricamente mayoritaria y socialmente más extendida. Negar este hecho no es neutralidad: es revisionismo constitucional.

Cuando, en este marco, se celebra un funeral de Estado, lo razonable —y constitucional— es que el eje simbólico del acto sea aquello que une a la inmensa mayoría de los ciudadanos: la referencia a Dios, aunque cada cual se relacione con Él desde tradiciones distintas. Católicos en su gran mayoría, cristianos de otras confesiones, musulmanes cada vez más presentes, y también personas con creencias menos definidas. Incluso quienes se declaran agnósticos o ateos reconocen, en contextos de muerte y duelo, el valor social del lenguaje religioso como espacio de consuelo, esperanza y trascendencia.

En el caso concreto que nos ocupa —la tragedia ferroviaria cuyas víctimas eran mayoritariamente de tradición católica—, el denominador común no era la ideología ni la adscripción política, sino la experiencia humana del dolor y la apertura a la trascendencia. Sustituir esta lógica por ceremonias civiles desprovistas de toda referencia religiosa no es respetar la pluralidad: es imponer una cosmovisión atea desde el poder.

Esto es lo que ha hecho el Gobierno, transformando los sepelios de Estado en actos fríos, burocráticos, donde Dios ha sido expulsado deliberadamente. Y esto es impresentable. No solo desde un punto de vista moral, sino también constitucional. La neutralidad no consiste en vaciar de sentido los rituales colectivos, sino en integrar lo que la sociedad es, no lo que algunos gobernantes desearían que fuera.

El episodio del frustrado acto de Estado anunciado en Huelva es revelador. La indignación de los familiares de las víctimas —que consideran al Gobierno en parte responsable de lo sucedido— les llevó a rechazar una ceremonia percibida como vacía de contenido, un funeral ateo concebido más como escenario político que como espacio de duelo. Un acto para la foto, no para el consuelo.

De este fracaso deberían extraerse al menos dos conclusiones prácticas.

La primera: los funerales de Estado existen para acompañar a las víctimas y aliviar el dolor de sus familias, no para escenificar la agenda ideológica del poder. Han de servir para honrar la memoria de los fallecidos, ofrecer consuelo y abrir un horizonte de esperanza. Y esta es una misión que el funeral cristiano cumple de manera extraordinaria, precisamente porque no niega el dolor, pero tampoco lo absolutiza, y sobre todo porque ofrece la esperanza de la resurrección y el rencuentro en Dios. Ese Dios al que quieren ausente

La segunda: no deben repetirse intentos de manipulación como el de Huelva, ni como el fallido funeral de Estado de las víctimas de la DANA, donde el escenario preparado por el Gobierno fue todo lo contrario a un acompañamiento del sufrimiento. Fue un acto frío, distante, que agravó el malestar social en lugar de mitigarlo, y aumentó el dolor de todo el mundo. Allí no hubo consuelo, sino enfrentamiento y dolor. Todo lo contrario de lo que debe ser un funeral.

El hecho de que se realicen funerales católicos antes en Adamuz y ayer en Huelva, como hecho espontáneo salido de las familias de las víctimas y la Iglesia, debería constituir una lección de modos para el Gobierno Sánchez.

Porque incluso ante la muerte, especialmente ante la muerte, el Estado no puede comportarse como si Dios no existiera. La Constitución no dice eso. La sociedad no se lo pide. Y las víctimas, mucho menos.