En el sur de España, una región conocida por su luz y su historia, ha ocurrido recientemente un hecho que debería invitar a la reflexión a cualquier sociedad moderna: la administración educativa ha tenido que intervenir legalmente para recordar que un profesor es una autoridad.
A través de instrucciones publicadas a finales de 2024 y consolidadas en este 2025, la Junta de Andalucía ha blindado la figura del docente, otorgándole el estatus de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones.
Para un lector ajeno al sistema español, esto puede parecer una obviedad o un tecnicismo legal. Sin embargo, este movimiento es el síntoma de una dolencia mucho más profunda en el tejido social contemporáneo. Supone que, ante un conflicto, la palabra del profesor tiene presunción de veracidad, y que las agresiones físicas o verbales contra él no son simples altercados, sino atentados contra la propia institución del Estado.
La pregunta incómoda es inevitable: ¿Cómo hemos llegado al punto de necesitar un decreto para proteger el respeto básico en el aula?
La necesidad de este reconocimiento nace de una erosión lenta pero constante del prestigio docente durante las últimas décadas.
Hemos pasado de una sociedad que veneraba al maestro como pilar de la comunidad a una cultura donde la educación se percibe, en ocasiones, como un servicio de consumo donde el «cliente» (el alumno o la familia) siempre tiene la razón.
El profesor se ha encontrado a menudo atrapado en una pinza invisible. Por un lado, la burocratización extrema y, por otro, un modelo de crianza hiperprotector que ve en la exigencia académica una ofensa personal. En este contexto, la autoridad del docente se ha visto cuestionada no solo por los estudiantes, sino por padres que, en lugar de colaborar con la escuela, se enfrentan a ella.
La ley andaluza no nace de un deseo de poder, sino de una necesidad de supervivencia: es un escudo legal ante un clima de deslegitimación que ha acabado afectando a la salud mental de miles de profesionales.
Es positivo que las instituciones respalden al docente, pero hay algo de tristeza en el hecho de que el respeto tenga que ser impuesto por la fuerza del derecho.
La autoridad real, la que transforma vidas y guía el aprendizaje, no emana de una instrucción administrativa, sino de un pacto cultural no escrito entre la sociedad y sus maestros.
Si necesitamos que un juez valide la palabra de un profesor frente a un alumno, es porque el vínculo de confianza se ha roto.
Hemos delegado en la ley lo que antes era una tarea de la familia y de la comunidad: educar en la convicción de que el conocimiento y quien lo transmite merecen una consideración especial. Esta «autoridad de papel» corre el riesgo de ser solo un parche si no va acompañada de un cambio en la mentalidad colectiva que vuelva a colocar la educación en el centro de nuestras prioridades.
Desde una perspectiva humanista, el respeto es la condición necesaria para que la verdad pueda ser transmitida. Para quienes vemos en la educación un reflejo de la dignidad humana y una participación en la búsqueda del bien común, este reconocimiento de autoridad debe ser solo el primer paso hacia una recuperación más profunda del sentido de la escuela.
Al entrar en este 2026, el reto no es solo aplicar la norma, sino volver a construir una cultura del encuentro. La autoridad no debe ser un muro, sino un puente que permita al alumno caminar con seguridad.
Nuestra esperanza es que, en un futuro cercano, no necesitemos leyes para recordar que educar es una tarea sagrada que requiere, por encima de todo, el respeto mutuo.
A través de instrucciones publicadas a finales de 2024 y consolidadas en este 2025, la Junta de Andalucía ha blindado la figura del docente, otorgándole el estatus de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones. Compartir en X
