Las migraciones son un fenómeno natural, recurrente en la historia, que, correctamente gestionadas e integradas, suponen un beneficio capital para las sociedades receptoras: de la llegada de valiosa población activa a la necesaria repoblación de zonas vaciadas. Pero en caso contrario, por su carácter masivo, ilegal e invasor, llegan a suponer fuente de conflictos, de menor o mayor intensidad, que rompen la convivencia, destruyen identidades y provocan reacciones que pueden convertirse en incontrolables.
Occidente, “primer mundo” durante décadas, se enfrenta a esta segunda dimensión. Ha sido receptora tolerante de hambrientos y oprimidos de tantas regiones subdesarrolladas, atendiendo y asimilando al recién llegado desde el bienestar, la justicia y el orden.
Pero el siglo XXI ha cambiado el panorama, de forma radical. Los que llegan, de lugares culturalmente muy diferentes y en cantidades ingentes, superan los medios de inserción y evitan las formas de aculturación.
Y proceden de dictaduras africanas o asiáticas (o de democracias fallidas) que expulsan sin freno a jóvenes y familias, presionando, en muchos casos, a vecinos cercanos, usando a sus emigrados como medio de chantaje económico o diplomático. Los que acogen, con menos hijos y muchas más mascotas, se ven superados en número, en localidades y barrios, por gente a la que no conocen o que viven aparte, solos ante la crisis de la familia y el individualismo consumista reinante, y con derechos sociales (especialmente económicos) que en tantas ocasiones se quedan en mero papel (del trabajo digno a la vivienda asequible). Y ante esta mutación sociodemográfica, impulsada por poderes globales que no quieren personas arraigadas en su tierra, sino productores flexibles y a demanda en cualquier lugar, el equilibrio entre migrar e integrar se rompe sin remedio.
España ha sido invadida. La ruptura del equilibrio se ha comprobado brutalmente en Ceuta.
La ciudad autónoma, geográficamente en África, pero histórica e institucionalmente en Europa desde hace siglos, ha sido escenario de la culminación de un largo proceso de descontrol fronterizo, debilidad política y crisis identitaria. Un ataque del régimen de Marruecos contra el Reino español utilizando el desorden migratorio patente desde hace años en Europa occidental. Miles y miles de personas fueron usadas por el gobierno marroquí como carne de cañón para presionar a Madrid, para demostrar fuerza y para seguir enseñando sus reivindicaciones territoriales sobre Ceuta y Melilla (así como, en otras ocasiones, sobre las Islas Canarias). Pero no solo eso. Miles y miles de seres humanos que siguen llegando sin control, por diferentes medios, a un país (en este caso, en la frontera sur de la Unión Europea) que no sabe cómo gestionar e integrar flujos incesantes ni cómo responder a las crecientes demandas ciudadanas que reclaman seguridad.
Una invasión que ha dado la vuelta al mundo. La frontera asaltada, las repuestas tibias, las medidas tardías, la debilidad patente, el miedo disparado. Otros países europeos, tanto de supuestas izquierdas como de aún más supuestas derechas, toman nota y endurecen sus posturas.
Las encuestas reflejan cómo la inmigración se convierte en uno de los grandes problemas por el viejo continente. Se extiende la teoría de la “gran sustitución” en redes y debate, al calor de la percepción de creciente inseguridad ligada a la inmigración (cualitativamente), y la radical mutación demográfica en antiguos barrios obreros (cuantitativamente). Y partidos políticos sitúan este fenómeno en el centro de su programa electoral y crecen en los sondeos. España sale mal, muy mal en la foto. Pero muchos, dentro y fuera de nuestro país, ven más allá de la imagen viral del 30 de julio de 2026: la destrucción progresiva de la identidad nacional, que impide reacciones a corto plazo (por falta de fuerza o voluntad) y de proyectos a largo plazo (ante las exigencias globalistas). Las escenas de una crisis de más alto calado no se pueden ocultar mucho más: natalidad hundida, tantas familias rotas, nuestras regiones enfrentadas, la juventud desnortada, desindustrialización acelerada, trabajos precarios, vivienda imposible, medio rural abandonado, odio entre diferentes disparado o moralidad despreciada.
Invasores que saben de la debilidad de nuestros gobernantes. Marruecos, el gran enemigo nacional, ha lanzado el ataque consciente, en primer lugar, de la incapacidad del ejecutivo para anticiparlo y detenerlo; en segundo, lugar, de la incompetencia de España para controlar la frontera y dominar los flujos migratorios; y, en tercer lugar, de la ausencia de una identidad soberana en nuestra nación, contundente o mayoritaria, ante medios de educación y de comunicación dominantes que durante demasiados años han moldeado mentalidades individualistas y consumistas ajenas a ese paradigma vital.
Pero que no conocen tan bien el pueblo español. O, mejor dicho, a esa parte del pueblo que se une cuando la nación está en peligro; a esa parte de nuestro país que salva al pueblo ante la parálisis institucional o el miedo político en recurrentes desastres; a esa parte de España que sabe que hay que acoger al que viene, pero que exige que el que llega se integre como uno más. Y esa parte, como no podía ser menos, que volvió a salir a la calle para ayudar y solidarizarse con la plural población ceutí, para reivindicar la soberanía e integridad nacional, y para exigir orden urgente ante el desbocado fenómeno migratorio. Ciudadanía que espontáneamente se movilizó ante la crisis de La Palma, ante la DANA de Valencia, ante la tragedia de Adamuz, y ante tantos otros dramas comunitarios no siempre visibles en primera plana televisiva. Y esa misma ciudadanía orgullosa y sana que debiera ser la base de una España soberana que ponga primero y, ante todo, los intereses de la población nacional frente a amenazas externas e intereses globales, abriendo los brazos al que quiere vivir con nosotros, sumándose a la historia exitosa de un país llamado España, pero cerrando el paso al que solo se quiere aprovechar de nosotros, dejando claro quién debe y no debe venir.
La historia, magistra vitae, enseña cómo ese fenómeno natural puede llevar al desastre. Pero también recoge una fórmula que ha funcionado, mutatis mutandis, en tantas ocasiones: ayudar e integrar al que llega (promoviendo la llegada legal y ajustada a factores económicos y culturales), y ayudar y proteger al que recibe (asegurando un Estado del bienestar sostenible). Sin ese equilibrio, fundado en una identidad soberana fuerte (tan bellamente plural en nuestro país) hundida en sus raíces históricas más genuinas (de sobra conocidas), y frente a mafias que trafican con seres humanos y discursos ideológicos alejados de la realidad, pueden venirse abajo las claves que han hecho de España un país desarrollado y tolerante. Y es responsabilidad de los políticos, y de aquellos quienes les votan, la ejecución de las políticas realistas que aseguren ese equilibrio, ordenando los flujos de la población migrante (controlando las fronteras y frenando la ilegalidad en el acceso) y asegurando los derechos de la población local, nativa o asimilada (para salir a las calles o vivir en los pueblos donde las élites precisamente no residen). De ello depende que conflictos identitarios, como se documentan en tantas épocas pasadas y en tantos lugares presentes, no surjan en España y en otros países occidentales también afectados por invasiones de mayor o menor impacto.
Es maestra la historia, para los que vienen y para los que están. Bien queda registrado en tantas crónicas. Porque como enseñó Benedicto XVI, “el camino de la integración incluye derechos y deberes, atención y cuidado a los emigrantes para que tengan una vida digna, pero también atención por parte de los emigrantes hacia los valores que ofrece la sociedad en la que se insertan”.
