La libertad de expresión no está en cuestión y goza de una esmerada protección en nuestro sistema jurídico. Por el contrario, la eliminación de esos tipos penales, en el contexto de un uso irresponsable de las redes sociales, puede contribuir a enrarecer más el clima de convivencia en nuestra sociedad. Dejar a las víctimas de los atentados terroristas sin protección o dar carta blanca a los delitos de odio contra las religiones, coloca a la sociedad española, deficitaria de una adecuada sensibilidad ante estas materias, en la deriva del todo vale. Una deriva que traerá, sin duda, nefastas consecuencias.
