Existen ideologías tóxicas, enquistadas, que desde el poder asaltan a la sociedad, creando una amenaza para la pacífica convivencia de la ciudadanía. Son corrientes muy bien calculadas, que cuestionan tanto la subjetividad de la conciencia como la objetividad racional. En innumerables ocasiones, la falta de escrúpulos y de dignidad, y la vanidad personal de quienes ostentan con petulancia las riendas de una nación, pueden suscitar la indefensión de los ciudadanos que pacientemente, y hasta con resignación, soportan sus proposiciones tan abusivas como abyectas. A todas luces, con tales despropósitos, aquellas van dinamitando paulatinamente, y hasta con impunidad, los fundamentos más sagrados del Estado.
A partir de 1978, nuestra Constitución nació con vocación garantista de derechos y libertades. No obstante, el transcurso del tiempo ha demostrado que, en virtud de la manipulación política, aquella se ha mantenido ajena a cualquier tipo de traza moral y de modelo ético. Nos encontramos ante un falseamiento democrático colmado de instituciones desnaturalizadas, donde la honestidad y el decoro necesarios para gobernar con integridad han mutado en un gregario arbitrio antisocial. Frente a la negación de los principios rectores que otrora determinaron la cultura jurídica occidental, basada en el Derecho Natural y en las enseñanzas cristianas, el “poder” se ha encallado en un excedido légamo donde la confrontación pútrida, la destrucción personal y la voracidad institucional cabalgan sin freno.
En la actualidad, la regulación de los derechos básicos que inciden en los diversos campos en los que se asienta la probidad humana, se centra en el criterio del consenso mayoritario, donde en contadas ocasiones la aprobación requerida observa el conveniente discernimiento encaminado hacia la ética laudable y la rectitud. Entonces, ¿cómo poder reconocer lo que es justo? Para dar respuesta a este interrogante, debemos observar que el cristianismo, lejos de ser un movimiento filosófico, una ideología o una corriente social, es ante todo una forma de vivir, de pensar y de actuar en relación a unas fuentes de derecho reveladas. Es un cauce certero de proliferación social, que huye de progresismos insolentes, pero que mira con visión de futuro la promoción del beneficio satisfactorio, como aval del desarrollo integral de las personas.
Las enseñanzas de la fe católica no imponen al Estado un determinismo concreto en cuanto a la observación de un ordenamiento jurídico atinente a dicha revelación. Los preceptos cristianos no pretenden hacer política, pero, no obstante, el contenido de su doctrina tiene la responsabilidad de jalonar el camino por donde debe discurrir la razón, la conciencia y la moral de quienes tienen el grave compromiso de gobernar y dirigir los destinos de las naciones. Por cuanto antecede, todas estas acciones quedan armónicamente establecidas en aquella Razón que, a su vez, se sostiene en la Verdad. No olvidemos que el ser humano, a lo largo de la historia, haciendo uso de su libertad para elegir el bien o aferrarse al mal, ha sido capaz de crear la música de cámara, pero también inventar la cámara de gas.
El reconocimiento de la razón como vehículo para alcanzar la verdad y el afianzamiento de la ley natural insertada en la conciencia humana deben injertarse desde una perspectiva de relación solidaria, formando una fuente jurídica legítima para todo y para todos. De no ser así, y si únicamente llega a regir en la sociedad una visión puramente científica, positivista, estrictamente racional y despiadadamente coercitiva, el impulso moral que deben tener los pueblos y las personas que los componen, se verá abocado a un drama sociopolítico libertino, tal y como se dibuja desde hace un tiempo en nuestras sociedades.
A tal efecto, dentro del dilatado Magisterio que nos dejó en herencia el Papa Benedicto XVI, son de destacar estas hermosas palabras:
“El hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también naturaleza, y su voluntad es justa cuando él respeta la naturaleza, la escucha, y cuando se acepta como lo que es, y admite que no se ha creado a sí mismo. Así, y solo de esta manera, se realiza la verdadera libertad humana”.
O estas otras pronunciadas en un discurso dirigido a la comunidad universitaria católica del Sagrado Corazón en el año 2011, donde exhortó de esta forma:
«La cuestión de la Verdad y de lo Absoluto, la cuestión de Dios, no es una investigación abstracta, alejada de la realidad cotidiana, sino que es la pregunta crucial, de la que depende radicalmente el descubrimiento del sentido del mundo y de la vida. En el Evangelio se funda una concepción del mundo y del hombre que sin cesar promueve valores culturales, humanísticos y éticos. El saber de la fe, por tanto, ilumina la búsqueda del hombre, la interpreta humanizándola, la integra en proyectos de bien, arrancándola de la tentación del pensamiento calculador, que instrumentaliza el saber y convierte los descubrimientos científicos en medios de poder y de esclavitud del hombre”.
Bastaría con reflexionar, pausadamente, estas líneas a lo largo de nuestra existencia para comprender que la autosuficiencia y el engreimiento son piedras de tropiezo y origen del caos. De ello se deduce que, cuando el ser humano se separa de su Creador, el odio, los enfrentamientos, el rencor, la envidia, la corrupción, la vejación al prójimo, la visión materialista de las cosas y la relativización de lo congruente causan luctuosamente un dolor lesivo de difícil reparación. La dimensión espiritual es un hecho innegable e inmanente al ser humano, la cual merece abiertamente el reconocimiento y la inviolabilidad por parte de quienes tienen la potestad para gobernar y de quienes detentan cualquier tipo de poder en las diversas estructuras sociales.
Por todo ello, y en virtud de esa forma de vivir, de actuar y de pensar de aquellos que observan con celo la fe católica, existe el arduo encargo de poner en práctica los principios que la animan, sin doblez, con ecuanimidad y sin miedo al qué dirán. La pluralidad es un principio troncal de las sociedades democráticas, o al menos eso prescriben sus Constituciones. Cualquier gobierno que se rija por un sistema de libertades y de derechos fundamentales no puede obviar en ningún caso la influencia, siempre positiva, de los fieles católicos, no ya solamente en la vida pública, sino en todos los ámbitos de la sociedad. De otro modo, reduciéndolos a la esfera de lo privado, sería tanto como cercenar su libertad de expresión y su libertad ideológica y de pensamiento.
Y porque es posible, legítimo, de obligado cumplimiento y necesario, y dado que el soplo cristiano no se opone a ningún valor democrático, al revés, fortalece la tutela de los derechos humanos, pongamos por delante el ejercicio de aquellos preceptos que con gratuidad se han recibido y que con entereza se han de poner al servicio tanto de la vida política como al servicio de la comunidad. La doctrina católica, encarnada en los creyentes, y siempre con la ayuda de la gracia, debe promover el bien común mediante un compromiso generoso, centrado en la responsabilidad personal y en la plena libertad.
La vida pública no debe estar huérfana de representación católica, pues de otra forma los derechos humanos irán gradualmente cediendo terreno al abuso del poder, a la negación de la verdad y al sometimiento de unas mayorías cuyas conciencias, quizá, se encuentren cada vez más laxas, con el peligro de llegar a consensos erráticos. Caigamos en la cuenta de que estamos en tiempos que demandan magnanimidad, entereza, autenticidad y una buena dosis de integridad. En fin, unos tiempos ávidos de ennoblecer el espacio público con manifiesta ejemplaridad y con un espíritu de entrega ilimitado, con el fin de cuajar de principios éticos y de todo tipo de virtudes el extenso elenco de comunidades que componen la entera humanidad.
Caigamos en la cuenta de que estamos en tiempos que demandan magnanimidad, entereza, autenticidad y una buena dosis de integridad. Compartir en X
