El viernes 22 de febrero el Gobierno de Sánchez celebraba su penúltimo Consejo de Ministros y la ministra portavoz, en la rueda de prensa posterior, confirmaba que el Ejecutivo va a aprobar hasta el último momento nuevos decretos leyes.
Recuerdo que esta decisión no respeta la regulación constitucional del decreto ley, que establece como requisito una extraordinaria y urgente necesidad. Es además una irresponsabilidad hacerlo cuando dentro de unos días se van a disolver las Cortes y tendrá que ocuparse de su posible convalidación la Diputación Permanente que no está pensada con ese fin. Aprobar por decreto ley medidas dirigidas a beneficiar su candidatura a presidente del nuevo gobierno además de poco legal es menos ético aún.
