Pederastia: la Iglesia no puede ser el «pim pam pum» del Gobierno

La Iglesia no puede convertirse en un pim pam pum del Gobierno. No puede ser el chivo expiatorio al que se recurre para halagar a los detractores apiñados en las filas gubernamentales, ni para distraer la atención de otros focos mucho más incómodos, ni simplemente porque se lleva en el instinto ideológico. No puede permitirse que su imagen quede en manos de los poderes del mundo, dicho esto en el sentido más bíblico y exacto del concepto.

Todo esto viene a cuento del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española sobre las indemnizaciones a las víctimas de pederastia cometida por personas vinculadas a la Iglesia, acuerdo firmado por el presidente de la CEE, monseñor Argüello, y el ministro Félix Bolaños.

El acuerdo es muy concreto y limitado, como se desprende claramente de su contenido

Crea un sistema mixto Iglesia-Estado, con un papel central del Defensor del Pueblo, para reconocer y reparar a víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, cuyos casos ya no pueden seguir la vía judicial, bien por prescripción del delito o por fallecimiento del agresor. La Iglesia asume las indemnizaciones económicas. Se trata de una vía excepcional, subsidiaria y limitada en el tiempo, complementaria —no sustitutiva— de la justicia penal, y que contempla también reparaciones de carácter no económico.

El sistema se dirige específicamente a:

• Víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica (diócesis, congregaciones, etc.) cuyos casos están prescritos o cuyo agresor ha fallecido, es decir, sin recorrido judicial posible.
• Víctimas que, aun pudiendo acudir a la Comisión PRIVA de la Iglesia, prefieren hacerlo a través de la Oficina del Defensor del Pueblo.

Estructura del sistema

• Se establece un sistema mixto con participación del Ministerio de Justicia, el Defensor del Pueblo, la Conferencia Episcopal Española y la CONFER, que se formalizará mediante un convenio en el plazo de un mes.
• La Oficina del Defensor del Pueblo recibe los casos, los estudia y formula una propuesta de reconocimiento y reparación, que posteriormente es valorada por la comisión PRIVA de la Iglesia.

Reparación e indemnizaciones

• La Iglesia asume la responsabilidad de la reparación, incluidas las indemnizaciones económicas derivadas de cada caso.
• El Gobierno se compromete a que dichas indemnizaciones estén exentas de tributación, de modo que las víctimas no deban pagar impuestos (IRPF, por ejemplo).

Decisión final y duración

• En caso de discrepancia entre la propuesta del Defensor del Pueblo y la valoración de la comisión PRIVA, interviene una comisión mixta; en última instancia, decide el Defensor del Pueblo, tras escuchar a la CEE o a la CONFER.
• El sistema tendrá una vigencia inicial de un año, prorrogable por otro más, y no reabre procesos penales ni modifica sentencias firmes.

Como es fácil constatar, el pacto no es el de los montes, pero  tiene un alcance real, concreto y reducido: se circunscribe a un número muy limitado de personas, cuyos casos, además de prescritos, no desean acudir a los mecanismos internos de la Iglesia, y la duración es corta.

Sin embargo, en términos de relato, este acuerdo ha sido transformado en algo completamente distinto. Como era previsible, el Gobierno —con Bolaños al frente— lo ha magnificado y generalizado, ocultando deliberadamente que también abre la puerta (una puerta de la que nadie sabe qué hay detrás ni el compromiso real de abrirla) a los casos mucho más numerosos, escandalosamente más numerosos, que se producen en ámbitos de responsabilidad directa del Estado: escuela y universidad pública, federaciones deportivas, servicios de atención y protección del menor, entre otros.

El propio presidente del Gobierno ha encontrado tiempo para reunirse con un grupo cuidadosamente seleccionado de víctimas. ¿El resultado? Titulares como el de La Vanguardia: «La Iglesia se hará cargo en exclusiva de las indemnizaciones por pederastia», como si no lo estuviera haciendo ya desde hace años, y como si se tratara de un logro histórico arrancado por un “gobierno progresista” a una Iglesia renuente: «al fin, empujada por el Gobierno, la Iglesia indemniza a las víctimas».

Más aún: el director de ese medio, Jordi Juan, escribía en su comentario diario:

«Y Sánchez continúa en pie», presentándolo como una nueva muestra de su capacidad política, llegando a afirmar que, «el acuerdo es un triunfo para el Gobierno de Sánchez, que ha conseguido doblegar (sic) la inicial oposición de los obispos».

¿Doblegar? ¿A quién y por qué? La Iglesia lleva años asumiendo casos, colaborando con la justicia y creando instancias de atención como la PRIVA. Sin embargo, el relato oficial convierte esta cooperación en una capitulación forzada gracias a la presión del “gobierno progresista”.

Y así resulta que el gran encubridor, el Gobierno de España, que se niega a investigar, ayudar e indemnizar el 99,8 % de los casos, consigue concentrar todo el foco mediático en el 0,2 %, los que afectan a la Iglesia.

Escribí un libro —que no habría hecho por gusto ni por vocación personal, sino porque me lo pidieron para prestar un servicio— para mostrar la brutalidad del fenómeno, el escándalo, la situación abominable de este delito, cómo el Gobierno lo ignora y cómo y por qué lo carga casi exclusivamente sobre la Iglesia: La pederastia en la Iglesia y en la sociedad. El gran chivo expiatorio. Mi propósito era contribuir a que la Iglesia saliera del foco y que este se centrara en la realidad. ¡Qué fracaso!

No ha servido de nada. Ni siquiera los propios perjudicados —por razones en las que no entro— parecen querer salir de ese encuadre. Pero el deber permanece, y la urgencia también. Porque quienes sufrimos esta enorme manipulación no es solo la institución eclesial, sino todos los católicos, sobre los que cae el sambenito de pertenecer al grupo más destacado de pederastas de este país. Y esto no puede ser.

Lo que ha hecho el Gobierno y sus medios afines con este acuerdo estaba cantado desde el primer momento. La pregunta es inevitable:

¿Cómo pueden los responsables eclesiales permitir que se les imponga pasivamente el relato?
¿Cómo no son capaces de presentar el suyo antes?
¿Cómo están siempre a la defensiva cuando, datos y hechos en mano, debería ser exactamente lo contrario?

Sin inteligencia para construir la verdad, esta —por poderosa que sea— nunca aparecerá, sepultada bajo toneladas de manipulaciones de alto nivel. Para que la gente conozca la verdad, alguien tiene que gritarla.

Se nos dijo:

«Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija, o la pone debajo de un lecho, sino que la pone sobre un candelero, para que los que entren vean la luz» (Lucas 8, 16).

Pues utilizad el candelero de una vez.