Forum Libertas publicó a lo largo de los años 2022 y 2023 diversas informaciones que mostraban cómo el acuerdo del Congreso de los Diputados de marzo de 2022 impulsado por el PSOE y el PNV era absolutamente discriminatorio, porque pedía al Defensor del Pueblo que indagara sobre la violencia sexual contra menores, pero, y eso es lo grave, solo circunscrita a las instituciones católicas, con lo cual se producía un señalamiento público relacionando un delito muy grave con los miembros de una confesión religiosa.
Esto, constitucionalmente, es un caso de discriminación de libro. Tanto más, si diversos estudios y los informes presentados por e- Cristians a los partidos representados en el Congreso mostraban, de acuerdo con todos los datos disponibles, que las personas vinculadas a la Iglesia eran una exigua minoría que no alcanzaba ni el 1%. Con lo cual, la información dejaba fuera al 99% de víctimas y corría el riesgo -como así ha sido- de aportar resultados sesgados.
Con estos mismos datos, aquella asociación se dirigió reiteradamente al Defensor del Pueblo solicitando que no asumiera la formulación literal del Congreso -no tiene por qué hacerlo, porque no está sujeto a ningún mandato imperativo- y estudiara todos los casos. En una de sus respuestas, el Defensor venía a decir que todos eran demasiado.
Las razones sobre la discriminación dieron también pie a un Recurso de Amparo al Tribunal Constitucional que terminó, como en la mayoría de casos, con la inadmisión por considerar que e-Cristians y One of Us, que eran quienes lo presentaban, no estaban legitimados.
El informe del Defensor del Pueblo se terminó. El número de casos después de más de un año fue muy pequeño y se complementaba con una encuesta que algunos medios de comunicación, como El País y La Vanguardia, manipularon burdamente para dar a entender unas cifras que nunca han existido. Ni el desmentido del propio presidente de la empresa encuestadora Gad-3, Narciso Michavila, fue suficiente para que rectificaran, una muestra más del nivel rizomático de la deontología profesional de estos medios.
Como era de esperar, los resultados, además, deformaban del todo la realidad. Al trabajar con un grupo tan concreto y numéricamente tan marginal, resultaba que el grupo más afectado por la violencia sexual eran de sexo masculino y los agresores de tendencias homoeróticas u homosexuales, cuando la realidad de los datos muestra que son varones y heterosexuales respectivamente.
Ahora, un amplio estudio de la acreditada fundación ANAR, Agresión Sexual en niños y adolescentes según su testimonio Evolución en España 2019-2023, reitera dos hechos que obligan a una rectificación absoluta del Congreso de los Diputados y a una nueva apertura del tema por parte del Defensor del Pueblo, por cuanto constata:
A/ La extensión y crecimiento de la violencia sexual contra menores sin que el gobierno español se dé por enterado, a pesar de que el número de casos actuales, según los datos del propio gobierno, ya superan a los del periodo pre-Covid.
B/ La práctica totalidad de los agresores pertenecen al mundo secular y, por tanto, el enfoque dado por el Congreso y el Defensor del Pueblo lo que hace es enmascarar la dimensión y la naturaleza del delito.
Datos:
Concretamente, casi el 20% de la autoría de la violencia sexual corresponde al padre, un 9,3% es un adulto sin relación con el menor, una cifra que alcanza el 10% si se añade a las agresoras. Más de un 13% es amigo del agredido o compañero, y un 7% es un desconocido, otras relaciones de parentesco, como tío o primo, significan del orden de 10% de los casos, los abuelos el 3,5% y los amigos de la familia el 4,2%. Los profesores un 2,8% y el novio o novia del menor un 2,5% y un 2,2% son hermanastros. Un 0,9% son monitores en actividad extraescolar, el mismo porcentaje que la autoría corresponde a la madre y un 0,8% a un internauta. Como puede constatarse, no existe presencia de personal religioso. Los datos de las denuncias confirman lo que ya sabíamos.
El máximo peligro se da en la familia y su entorno donde se concentran la mayoría de casos, y en segundo lugar los sujetos totalmente extraños al menor. Por otra parte, forman otro grupo destacado aquellos con los que la víctima mantiene vínculos de relación y amistad o afecto. En menor medida, los profesores y monitores.
Esta es la realidad que el Congreso se negó a asumir, y que el Defensor del Pueblo, que por cierto como Ministro de Educación pasó de puntillas por este grave problema, también prefiere ignorar mirando hacia otro lado.
También existen situaciones objetivas propicias a un mayor riesgo, como son no vivir el menor con sus padres biológicos o tratarse de familias monoparentales.
Por eso, es de justicia reclamar que en la nueva legislatura el Congreso de los Diputados debe adoptar una proposición no de ley, ampliando la indagación a todos los casos, si no quiere, ahora sí con toda contumacia, convertirse en cómplice de omisión ante un grave delito. Y lo mismo debe hacer el Defensor del Pueblo.
En todo caso, nada priva al Senado, una instancia no colonizada por el Gobierno, a constituir una comisión sobre la violencia sexual contra los menores.
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