En este inicio de 2026, el debate sobre la restricción del acceso de los menores a las redes sociales ha dejado de ser una preocupación teórica para convertirse en una realidad legislativa. Países como Francia, con su reciente ley que prohíbe el uso de estas plataformas a menores de 15 años a partir de septiembre, y Australia, que ha fijado el límite en los 16 años, lideran una tendencia global que busca frenar lo que ya es una evidencia científica: el impacto devastador de los algoritmos en la salud mental de nuestros jóvenes.
Como educadores, no podemos ignorar los datos que estudios recientes ponen sobre la mesa. Un adolescente que dedica más de cinco horas diarias a las pantallas multiplica por cuatro su riesgo de padecer depresión, sin olvidar el incremento exponencial del ciberacoso y los trastornos del sueño. Sin embargo, ante leyes que imponen multas millonarias a las tecnológicas —llegando en Francia al 1% de su facturación mundial—, cabe preguntarse si estamos ante una solución eficaz o ante un «paternalismo digital» que intenta parchear legalmente lo que debería ser una labor de educación moral y familiar.
Pero estas prohibiciones muestran una realidad técnica preocupante: la facilidad con la que los menores burlan los sistemas de verificación. Desde niños que engañan a la inteligencia artificial pintándose barba para aparentar mayor edad, hasta el uso masivo de redes VPN para saltar bloqueos geográficos.
La historia nos enseña que las prohibiciones totales a menudo solo logran desplazar el consumo hacia «mercados negros» digitales o foros sin ningún tipo de moderación, donde los peligros son todavía mayores.
Amnistía Internacional ya ha advertido sobre este riesgo: al expulsar a los jóvenes de las plataformas mayoritarias, estos pueden acabar en rincones más oscuros de internet, operando en secreto y fuera del alcance del control parental. La tecnología, diseñada para ser adictiva mediante el infinite scroll y las notificaciones predatorias, explota la vulnerabilidad de cerebros en desarrollo. Pero la respuesta no puede ser solo un muro legal que cualquier adolescente motivado puede saltar.
Desde nuestra visión como educadores cristianos, el centro del debate no debe ser solo la prohibición, sino la formación de la voluntad. La verdadera libertad no es la ausencia de límites impuestos por el Estado, sino la capacidad de autodominio que el joven adquiere a través de la virtud de la templanza. Delegar exclusivamente en el gobierno la decisión de cuándo un hijo está preparado para navegar por internet es renunciar a la autoridad primordial de los padres.
Es necesario exigir a las plataformas una mayor transparencia algorítmica y la eliminación de funciones diseñadas para generar adicción, como el autoplay. Pero, por encima de todo, debemos recuperar la soberanía de la familia. Un sistema de control parental global y verificado, donde los padres tengan la última palabra de forma efectiva, es una propuesta mucho más coherente con nuestro ideario que una prohibición estatal que trata a todos los jóvenes por igual, ignorando la madurez individual y el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus valores.
Uno de los puntos más críticos de la deriva actual de las redes sociales es la creación de «cámaras de eco». Los algoritmos ya no priorizan a quién seguimos voluntariamente, sino aquello que nos genera una reacción polarizante. Como ya comenté en mi anterior artículo, para un joven en formación, verse atrapado en una burbuja de contenido extremo —desde teorías conspirativas hasta la exaltación de trastornos alimenticios— es un riesgo espiritual y mental de primer orden.
Nuestra misión es enseñar a los alumnos a romper esas burbujas, fomentando el pensamiento crítico y el valor del encuentro real. El colegio y la familia deben ser espacios de «desconexión» donde el silencio y la presencia física permitan al joven descubrir la verdad más allá de los estímulos de dopamina barata. En definitiva, más que prohibir por decreto, debemos educar para que el menor no necesite que el Estado le diga dónde termina su libertad y dónde empieza su seguridad; esa brújula debe llevarla instalada en su propio carácter y en los valores recibidos en su hogar.
