El Cantón de Solothurn, Suiza, ha firmado un acuerdo con la organización pro-eutanasia Pegasos que subsidia el proceso de suicidio asistido y reduce los costos administrativos para el gobierno local.
Esta medida representa una alarmante renuncia del Estado a su responsabilidad de proteger la vida y garantizar el bienestar de sus ciudadanos.
En lugar de invertir en programas de salud mental y apoyo emocional, las autoridades suizas han optado por facilitar la muerte como una solución rápida y económica, ignorando por completo las consecuencias éticas y sociales de esta decisión.
Según un artículo publicado el 21 de febrero de 2025 en Swissinfo.ch, el pacto permitirá reducir costos administrativos y simplificar el proceso.
El acuerdo y sus implicaciones
El acuerdo, firmado a finales del año pasado, establece que si Pegasos proporciona evidencia en video de que el suicidio asistido fue realizado por la persona misma, junto con información adicional, las autoridades del cantón no enviarán un equipo médico y legal para investigar la muerte.
Esta política es un claro reflejo de cómo Suiza ha convertido el suicidio asistido en un procedimiento burocrático más, eliminando cualquier análisis humano o ético sobre el bienestar de los afectados.
Este cambio representa un giro en los procedimientos hasta ahora vigentes en Suiza y tiene varias implicaciones tanto económicas como sociales.
Desde el punto de vista financiero, la medida reducirá los costos de la investigación post mortem a un rango de entre 1.000 y 2.000 francos suizos (aproximadamente entre 1.100 y 2.200 euros) por caso.
Según Pegasos, el acuerdo ayuda sobre todo a garantizar un entorno «más digno» para los familiares. El proceso de despedida y duelo ya no se ve interrumpido por la aparición del equipo de investigación criminal, declara la organización.
«La privacidad de las familias se veía invadida en un momento íntimo. Amigos y familiares debían esperar hasta que se completaran los procedimientos oficiales antes de poder continuar con su duelo».
Desde la perspectiva de las autoridades del Cantón de Solothurn, el acuerdo también representa un alivio para las finanzas públicas.
Según el fiscal jefe del cantón, Hansjürg Brodbeck, cada suicidio asistido de una persona no residente en Suiza generaba un gasto de aproximadamente 3.000 francos suizos para el cantón.
Esta reducción de costos se hace a expensas de la dignidad y el bienestar de los ciudadanos. ¿Realmente se puede justificar una política que ve la muerte como una forma de ahorro gubernamental?
Esta visión fría y calculadora del tema reduce la vida humana a una cuestión de costos, ignorando por completo la posibilidad de destinar esos recursos a fortalecer programas de salud mental y asistencia psicológica.
Necesidad de ayuda psicológica
Este acuerdo llega en un contexto donde la demanda de suicidios asistidos está en aumento.
Según los datos recopilados por Swissinfo.ch, en los últimos años más de 1.700 residentes suizos han optado anualmente por el suicidio asistido.
Además, más de 500 personas viajan a Suiza cada año con el mismo propósito. Se prevé que esta cifra se duplique para el año 2035.
El crecimiento en la demanda refleja un cambio claro en la degradación social respecto el valor de la vida.
El pacto entre el Cantón de Solothurn y la organización Pegasos marca un peligroso precedente en la gestión del suicidio asistido en Suiza.
No solo promueve la muerte como una solución rápida y económica, sino que también deja en claro que el Estado ha renunciado a su deber de proteger a sus ciudadanos.
