El PSOE se comprometió, en su programa electoral, a efectuar una importante reforma fiscal, cuestión (sin duda) necesaria por muchas razones, como son el tender a homogeneizar los distintos tipos en el contexto europeo y simplificar su prolija estructura actual. Por ejemplo, es un foco potencial de fraude fiscal, así como un factor que limita nuestra capacidad de atraer inversiones, el tipo existente del impuesto sobre las empresas, que resulta excesivamente alto en relación con los tipos máximos del Impuesto sobre la Renta (IRPF), lo que conlleva la tentación de utilizar los márgenes legales para hacer pasar por rentas empresariales lo que realmente son ingresos personales. Asimismo, lo elevado del tipo constituye un elemento de disuasión para la implantación de nuevas empresas.

Por otra parte, los socialistas se comprometieron a recortar el tipo mínimo situado en el 15 por ciento, mientras la media europea se halla en el 21. El conjunto de la reforma anunciada por el PSOE en su propuesta electoral era atenuar la presión fiscal y facilitar una mayor cantidad de dinero disponible a las familias españolas. Ahora, todas estas ofertas van a quedar reducidas a muy poco. Todo es un ligero retoque a la baja del tipo máximo, que está en el 45 por ciento, que queda disminuido entre 2 y 3 puntos y sin tocar los tipos mínimos en contra del compromiso electoral, quizás porque ahora se dan cuenta de que esta rebaja mermaría, en una medida muy importante, los ingresos fiscales, ya que afectaría a todos los contribuyentes, a diferencia del retoque en el tipo máximo, que incide sobre unos pocos. Será difícil, para un partido que se llama socialista, presentar una minirreforma, más bien unos retoques, de estas características.

Por otro lado, es necesario considerar una cuestión que afecta a todos los contribuyentes. Para tomar conciencia de lo que pagamos en realidad los españoles al Estado y poder valorar si se corresponde con lo que recibimos, es necesario practicar una pequeña suma, porque no se trata sólo del porcentaje a pagar por IRPF que nos corresponda por nuestros ingresos, sino que debemos añadirles el 16 por ciento de IVA por cada euro que gastamos, más aproximadamente la mitad de lo que pagamos en gasolina o gasóleo, además de los impuestos autonómicos específicos allí donde existen, los impuestos municipales y, algo que nunca contamos, la Seguridad Social que, entre la empresa y nosotros mismos, también pagamos. Los asalariados tendemos a no contabilizar, en nuestra idea del coste, lo que paga la empresa en Seguridad Social, a pesar de que es una cifra muy importante porque se sitúa en torno al 30 por ciento del salario bruto, sin pensar que, si esta cantidad fuera menor, nuestro salario sería más alto y se estimularía la contratación al ser menor este “impuesto” sobre el puesto de trabajo que es la Seguridad Social.

Considerando lo que paga un ciudadano medio, el total que aporta al Estado en impuestos de todo tipo se sitúa entre el 60 y 70 por ciento. En otras palabras, de cada 100 euros que en teoría le corresponden, en realidad usted puede utilizar de manera efectiva 30 o, como mucho, 40. Ahora cada uno debe preguntar qué es lo que recibe a cambio.