Alrededor de ocho millones de personas en España, o sea una de cada cinco, corren el riesgo de caer en una situación de pobreza relativa, según el Consejo Económico y Social (CES). Además, la indigencia severa afecta a casi un millón y medio de españoles, mientras que el 42 por ciento de los ‘sin techo’ ya son inmigrantes.

El capítulo Pobreza e Inclusión Social, del último informe del CES sobre el año 2005, constata que España, con ese 20 por ciento de la población en situación de riesgo, está por encima del de la media europea (16 por ciento) y sólo es superada en la UE de los Veinticinco por Grecia, Portugal e Irlanda. El estudio del CES es el único análisis común que los agentes sociales –patronal y sindicatos- realizan cada año sobre la situación económica, laboral y social de los europeos.

“En España, a pesar del intenso crecimiento económico de la última década, la tasa de población por debajo del umbral de pobreza relativa persiste. Además, el nivel de pobreza severa también ha dejado de descender”, dice el informe, que analiza los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Mayor distancia entre pobres y ricos

España es, también, uno de los países europeos con mayor desigualdad en la distribución de la renta, tomando como base la distancia entre el 20 por ciento de los más ricos y el 20 por ciento de los más pobres. La quinta parte de españoles más ricos tiene 5,3 veces la renta de la quinta parte de los más pobres.

Los datos del INE, que han servido de base para el informe del CES, determinan también que el riesgo de empobrecerse es mayor en determinados segmentos de población que están fuera de la edad laboral, como los menores de 16 años (riesgo del 29,6 por ciento) y los mayores de 65 (riesgo del 24,3 por ciento). También son más pobres los hogares monoparentales con hijos (riesgo del 40,3 por ciento), las parejas con abundante descendencia (39 por ciento) y las unifamiliares (38,7), las mujeres (20,8), la población sin estudios o sólo con estudios primarios (32,2) y en las personas activas que se encuentran en situación de paro (40,1 por ciento).

Los más necesitados y los menos

En el caso de España, por comunidades autónomas, el estudio determina que Extremadura (con un 37 por ciento) y Andalucía (con un 31 por ciento) son las dos comunidades que registran el mayor riesgo de empobrecimiento; mientras que los menores índices de indigencia relativa se pueden observar en Madrid (9,5 por ciento) y el País Vasco (11,2 por ciento).

Por otra parte, la exclusión social más relevante se encuentra en las personas sin hogar. En territorio español se contabilizan alrededor de 21.900 ‘sin techo’, según los datos del CES, mientras que en el ámbito de la UE la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que Trabajan con Personas Sin Hogar estima que superan el millón. Cabe resaltar aquí que el fenómeno de la inmigración extracomunitaria ha supuesto el incremento de su heterogeneidad y ha rejuvenecido la edad de este colectivo.

En España, alrededor del 42,8 por ciento de los ‘sin techo’ son extranjeros. Según su origen, un 43,6 por ciento son africanos, un 37,5 europeos y un 14 por ciento americanos. Además, el 75,7 por ciento del total se encuentran en situación de desempleo, aunque la mitad declara que están buscando trabajo.

A la cola en coberturas sociales

La soledad sigue siendo una de las principales características de las personas sin hogar, que no encuentran en España el mejor escenario para ser atendidos socialmente. Según el estudio del CES, con datos del 2003, el Estado español invierte en protección social menos de la mitad que la media de la UE de los Quince, situándose sólo por encima de Grecia y Portugal.

“En términos de evolución -precisa el informe- otros países que al comienzo de la década estaban todavía más alejados que España de la media comunitaria –Grecia, Portugal e Irlanda- han ido acortando de forma más acelerada las distancias con la media de los Quince”. Nuestros vecinos europeos, además, se vuelcan más que España en la protección de la vejez, la enfermedad, la discapacidad y las medidas de apoyo a la familia y los hijos, dice el informe.