El Senado aprobó el martes 14 de septiembre una moción presentada por el Partido Popular (PP), en la que se destaca la importancia de “redoblar los esfuerzos” para aplicar el Plan Baker II como solución para la autodeterminación del Sahara. La iniciativa salió adelante con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios a excepción del Partido Socialista (PSOE), que se abstuvo. El texto pide al Gobierno que “mantenga el esfuerzo” de resolución del conflicto en el ámbito de la ONU y “sin transferir la negociación a otros marcos bilaterales o regionales”, siempre “respetando la legalidad internacional y el legítimo derecho del pueblo saharaui a la libre autodeterminación”. En la misma línea, la moción apuesta por “una solución política óptima basada en el acuerdo entre las dos partes” (Marruecos y el Sahara), así como por la intensificación de la ayuda humanitaria para acabar con “las difíciles condiciones en que viven” los refugiados en los campos de Tinduf.

Lo más llamativo de la votación fue el hecho de que el grupo que apoya al Gobierno se haya abstenido, lo cual demuestra que el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero no tiene clara su posición sobre el tema. Las recientes visitas del presidente al Magreb ya habían insinuado, mediante declaraciones poco prudentes, una ruptura total con la posición que España había mantenido en las tres últimas décadas: la de apoyar sin fisuras el referéndum para que los saharauis decidan si quieren o no formar parte de Marruecos. La defensa de ese derecho a la autodeterminación había sido hasta ahora un indiscutible elemento de continuidad en la política exterior de todos los gobiernos desde la transición democrática. Ya decía Zapatero hace pocas semanas que “no hay que estar sometidos a lo que representa un plan ni hay que descartarlo”. ¿Indefinición? ¿O giro radical?

El Plan Baker, al que hace referencia la moción aprobada este miércoles por el Senado, es una iniciativa diplomática impulsada y dirigida por James Baker, ex secretario de Estado norteamericano, con el objetivo de desencallar el conflicto y cumplir el plan de paz previsto por las Naciones Unidas en 1991 para acabar con la guerra entre Marruecos y el Frente Polisario Saharaui. Esa resolución de la ONU contemplaba el referéndum de autodeterminación para principios de 1992, pero no se ha cumplido. Y la posición tradicional de España, además de estar en clara sintonía con el organismo internacional, tiene su origen en los Acuerdos Tripartitos firmados en noviembre de 1975 con Marruecos y Mauritania tras la ocupación marroquí del territorio hasta entonces español (La conocida Marcha Verde). En ese tratado, España cedió la administración de su ex colonia, pero no la soberanía, un compromiso que el actual ejecutivo no puede anular.

El senador socialista José Castro Rabadán justificó la abstención de su grupo diciendo que “es incompatible y contradictorio buscar una salida al conflicto del Sahara si transferir la negociación pero, al mismo tiempo, buscando el acuerdo y el consenso”. La Cámara Alta, tras aprobar la moción, tiene previsto organizar la visita de una delegación al Sahara para expresar su solidaridad con este pueblo. El resultado de la votación fue posible por la concentración del voto favorable en todos los grupos a excepción del PSOE. Pero también se da la circunstancia de que, en la Cámara Alta, la fuerza política con más parlamentarios es el PP (126, a sólo 4 de la mayoría absoluta) por el sistema de elección, que no tiene en cuenta el volumen de población de las circunscripciones.