Los colegios concertados forman parte del sistema público educativo, están sostenidos por fondos públicos y, por lo tanto, no pueden cobrar por las enseñanzas obligatorias que imparten.
Como otras organizaciones y entidades sin ánimo de lucro, los titulares de los centros pueden recibir ayudas y donaciones bajo los supuestos que establecen la Ley de Fundaciones y la Ley de Mecenazgo, con los correspondientes efectos fiscales.
Si la Hacienda pública considera que estas aportaciones de las familias no cumplen los requisitos exigidos por la Agencia Tributaria su deber es actuar, como en cualquier otro caso de supuestas irregularidades.
Pero no es de recibo la actitud de la ministra de Hacienda lanzando, hace unos meses, insinuaciones sin más sostén que los bulos maledicentes de quienes se dicen defensores de la enseñanza pública, pero, en realidad, tratan de acabar con un modelo educativo, de libre elección, que goza del mayor prestigio y de una amplia demanda entre las familias españolas porque no les gusta ideológicamente.
La concertada es un modelo, además, que ahorra miles de millones de euros al año al sistema público y que cumple escrupulosamente con las obligaciones que marcan nuestras leyes de Educación.
