El programa ‘Tot es mou’ (“Todo se mueve”, en castellano) emitido por las tardes por la televisión pública catalana TV3, representó el pasado miércoles día 26 un episodio cuanto menos sorprendente para una televisión pública.
El programa, presentado por Helena Garcia Melero y Lluís Marquina consta de un espacio de debate cuyo el programa en cuestión se centró en la violencia machista. Ese espacio, que contaba con la presencia de diferentes tertulianos, contó también con la participación a distancia de la periodista de la órbita de Podemos Cristina Fallarás.
Fallarás, que fue propuesta en 2018 por Podemos para ser consejera de RTVE, es conocida por sus posiciones feministas radicales y aprovechó sus intervenciones para cargar contra el Poder judicial, la Iglesia católica y las instituciones públicas.
Fallarás, que colabora regularmente con el programa, desplegó el argumentario tradicional de la formación de Pablo Iglesias en cuanto toca hablar de la posición de la mujer en la sociedad: culpó a la Iglesia católica como principal precursora de la “sociedad patriarcal”, que supuestamente oprime a la mujer en el contexto actual. Según Fallarás, la Iglesia recibe 5.000 millones de euros del estado para “adoctrinar” en esas ideas a la población.
En la mesa de debate, el periodista Josep Manuel Silva, quiso aclarar el error y la saña con la que Fallarás interpretaba ese dato. Silva recordó a Fallarás que ese dinero no lo recibe la Iglesia sino los diferentes colegios que optan a través de los procesos administrativos establecidos al concierto. Además, Silva recordaba que ese sistema de conciertos facilita la implementación del artículo 27 de la Constitución Española, que protege el derecho fundamental a la educación y afirma la libertad de enseñanza; y al mismo tiempo, garantiza el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral que estimen más oportuna para sus hijos. Del mismo modo, el Estado se ahorra hasta tres veces más el precio que cuesta la escolarización de un alumno en la escuela pública si tuviera que asumir plenamente la educación de los estudiantes que cursan en la escuela concertada.
Cristina Fallarás carga contra los jueces
Asimismo, Fallarás no dudó en atacar a los jueces que, aplicando la Ley, toman decisiones que a veces no contemplan algunas denuncias de mujeres que sostienen ser agredidas. Fallarás no dudó en afirmar que esos jueces “deberían ser procesados”.
La realidad es que la atención que se les da a las víctimas de género es extraordinaria si se compara con otras violencias como son la ejercida hacia los niños o hacia las personas mayores. Este delito, cuenta incluso con Juzgados especializados en la denominada “Violencia de género”, algo que no pasa con otros delitos.
Además, gracias a la Ley de Violencia de Género, puesta en marcha por Zapatero en 2004, los ‘maltratadores’ proliferaron exponencialmente desde ese momento, las denuncias se empezaron a acumular en los juzgados, y las asociaciones de defensa de padres y maridos vejados o denunciados injustamente arreciaron sus críticas al Gobierno y, lo que fue peor, la citada ley no frenó el incremento de muertes por violencia doméstica.
Y es que la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de 28 de diciembre de 2004, tiene un nombre tan largo como la lista de injusticias que genera: es sencillísimo usarla contra maridos y padres inocentes, sobre todo en los casos de mujeres sin escrúpulos que buscan mayores beneficios en casos de separación y divorcio.
Cualquier denunciado, por el simple hecho de serlo, es considerado ‘maltratador’, ignorando su presunción de inocencia; y se priva al padre, que es desposeído de sus bienes, del derecho a ver a sus hijos. Además, la ley ignora la posibilidad de que medie cualquier conciliación entre las partes.
Frenar el drama de cualquier mujer asesinada por violencia machista a manos de su pareja no debería servir de excusa para que se eliminara uno de los derechos básicos de cualquier Estado de derecho como es la presunción de inocencia por mucho que Cristina Fallarás y el feminismo radical con ayuda de televisiones públicas como TV3 quiera implantar un estatus de ciudadanos de primera y de segunda en detrimento de los hombres.
