La prolongación de los ERTE ha retrasado una etapa de la actual crisis del coronavirus que estaba prevista que llegara: la oleada masiva de despidos. En varios medios de comunicación las empresas han descrito un periodo económico muy complicado. Sobre una posible renovación de los ERTE se desconoce si producirá solo para algunos sectores o será total. Además, tampoco hay información, por el momento, de qué sectores serán los que podrán seguir acogiéndose a esta medida.
Agentes económicos, como la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, han defendido la idea de ayudar a las empresas realmente con posibilidades de sobrevivir y no alargar artificialmente la vida de las empresas que no sean rentables. En este sentido, el informe de Fedea aboga también por la no renovación de la prohibición del despido ya que los ERTE requieren una aportación empresarial «importante» y «no se puede denegar que las empresas con fundadas causas económicas puedan despedir», ya que, además, «a largo plazo lo único que haremos es retrasar los ajustes necesarios en el mercado laboral».
Fedea insta a diseñar medidas para fomentar la reubicación de los trabajadores despedidos, una cifra que aumentará en otoño junto a las quiebras, para lo que propone que el SEPE empiece a recabar información en las empresas que tienen previsto hacer despidos o activar ERTE para reubicar a despedidos. Entre otras medidas, también apuesta por reducir la dualidad laboral, con una mayor convergencia en los costes de los despidos de los distintos tipos de contrato y una reducción de las distintas modalidades contractuales, así como una modernización de los servicios públicos de empleo y una mayor colaboración público-privada.
En caso de la no renovación de los ERTE, se estima que más de 400.000 trabajadores del sector de la hostelería queden en el paro. Por otro lado, se tendría que sumar los empleados que se quedarán sin trabajo debido la cierre de un gran número de empresas y de numerosas restructuraciones.
Ante tal situación el gobierno baraja varias opciones. Nadia Calviño ha anunciado que, en su opinión, es necesaria la congelación del sueldo de los funcionarios. Calviño ha acudido a las cifras para preparar el terreno para una posible congelación. «Tenemos que tener en cuenta que, en los últimos tres años, desde que estamos en el Gobierno, se ha producido un alza de los sueldos de los funcionarios superior a la inflación». Leyendo las cifras, ha recordado que en 2018 la inflación fue del 2,7% y el alza del 2,75%; al año siguiente la inflación se quedó en el 0,7% mientras que la subida llegó al 2,5%; y este año los indicadores apuntan a una inflación del 0%, cuando la coalición de Gobierno decidió un alza del 2%.
Por otro lado, el gobierno baraja la posibilidad de ampliar hasta el 31 de diciembre de este año el veto al despido objetivo por causas relacionadas con el COVID-19, según figura en el borrador presentado por el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales en la negociación para prorrogar los ERTE más allá del 30 de septiembre. Esto supuso vetar los despidos objetivos – con 20 días de indemnización por año trabajado- amparados en el COVID-19 y, en la práctica, encarecerlos ya que pasarían a considerarse improcedentes con una mayor indemnización (33 días por año) o nulos. El borrador también recoge la ampliación hasta el 31 de diciembre de otras medidas aprobadas en estos meses como la interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales afectados por el COVID o del PlanMecuida, que da derecho a la adaptación y/o reducción de la jornada de trabajo, con la consiguiente reducción salarial, para el cuidado de menores.
