El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá ha confirmado que la nueva normativa que se está preparando dificultará a aquellos que decidan acogerse a la jubilación anticipada. Así lo afirmó en la última Comisión del Senado. Escrivá pretende endurecerlo mediante la aplicación de los coeficientes reductores directamente sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladores, como ocurre ahora.
Según apuntan desde la Seguridad Social, el principio argumental es claro: las penalizaciones en las pagas de jubilación se aplican sobre la base reguladora del eventual beneficiario de la pensión. Si el sueldo es alto, el porcentaje de reducción que se aplica a su base puede implicar que incluso una vez descontado este porcentaje la base siga por encima y le corresponda la pensión máxima. En un cálculo medio, se estima que la penalización en la pensión es del 2% en las rentas altas que adelantan dos años su retiro -serían rentas a partir de los 48.000 euros anuales-.
El régimen transitorio que está perfilando el Ministerio tiene previsto garantizar la aplicación de la legislación vigente en la actualidad a los trabajadores que salgan prejubilados de sus empresas en los procesos ya en curso y, por tanto, la no aplicación a los mismos del nuevo régimen de penalizaciones a la jubilación anticipada que saldrá de la negociación que Seguridad Social mantiene con los agentes sociales. Consultado sobre el particular, el Ministerio ha preferido no pronunciarse con el argumento de que no comentan cuestiones que están en negociación, si bien sí recuerdan que el ministro ya ha dicho en varias ocasiones que la aplicación de la reforma de pensiones se realizaría de una forma gradual.
La preocupación se ha redoblado a medida que grandes empresas como Santander, Airbus, Indra o BBVA anunciaban planes de jubilación anticipada para amoldar su plantilla a las necesidades del mercado ‘post-covid’. Surgieron entonces las dudas sobre si a estas prejubilaciones les sería de aplicación la legislación vigente en la actualidad o la que saldrá del proceso de negociación que Seguridad Social tiene abierto con los sindicatos.
El asunto afecta sobre todo a los trabajadores, que podrían ver como su pensión de jubilación queda recortada si se les aplicaran los coeficientes reductores del modo en que pretende regularlos la Seguridad Social en el momento de jubilarse. La preocupación empresarial venía por otro lado, por el del coste financiero de los planes.
Y en orden cronológico, el Ejecutivo espera poner en marcha en la primera mitad del próximo año el sistema de cotización por ingresos reales para autónomos, en la reforma del RETA que ya está negociando el Ministerio con las asociaciones representantes de los trabajadores por cuenta propia y que asegura «está muy avanzada». Lo que elevará los ingresos de la Seguridad Social por esta vía en unos 2.000 millones de euros.
Mismo periodo, comienzos de 2022, cuando se prevé tener en funcionamiento el fondo público de pensiones que promocionará el Gobierno y gestionará el sector privado para promover los planes de pensiones de empresa entre la clase trabajadora de nuestro país, con especial atención a funcionarios, pymes y autónomos.
Ya en una última fase de la reforma de pensiones, el Gobierno abordará en la segunda mitad de 2022 el incremento de las bases máximas de cotización. Una medida que el propio Gobierno asume deberá ir acompañada de un incremento de la pensión máxima de jubilación del sistema, ahora en 2.707 euros al mes, ya que el ministro Escrivá ha asegurado en varias ocasiones que las medidas a adoptar en este ámbito protegería el principio de contributividad de la Seguridad Social.
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