La Iglesia ha mostrado una especial sensibilidad hacia el derecho universal de acceso a la vivienda, reconocido por los más importantes tratados internacionales. A través de su red parroquial y de Cáritas, ofrece una solución de emergencia a las necesidades de las personas que han perdido su vivienda. Pero para afrontar el problema en su raíz es necesario implantar una política pública de acceso a la vivienda.
Sonia Olea, del equipo de estudio de Cáritas España, ha recordado en su intervención en la ONU la condena a España por parte del Tribunal de Justicia Europeo, en la que solicita medidas cautelares para paralizar los desahucios cuando no existe alojamiento alternativo.
