Los Estados Unidos han lanzado una ofensiva contra los países que finalmente apliquen la llamada «Tasa Google». El gravámen de los servicios digitales ha puesto en jaque al ya poco estabilizado comercio internacional. Tras meses agitados por la guerra comercial y por el inminente Brexit, el escenario internacional vuelve a contraerse.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, ha afirmado que esta tasa «tiene un impacto discriminatorio en empresas estadounidenses y son inconsistentes con la arquitectura de las reglas fiscales internacionales, que buscan gravar el beneficio neto y no los ingresos brutos».De esta forma, el secretario del Tesoro ha puntualizado que el país norteamericano «apoya» el debate que está teniendo lugar en la OCDE para solucionar «los problemas del sistema fiscal internacional». No obstante, para llegar a un «acuerdo multilateral exitoso», es necesario, en opinión de Washington, que los países suspendan sus ‘tasas Google’.
Las primeras represalias no han tardado en llegar: Estados Unidos aplicará un arancel del 100% sobre determinados productos importados de Francia como represalia al impuesto con el que París prevé gravar la actividad en su territorio de gigantes digitales como Google y Amazon. Ante tal ofensiva, la Comisión Europea ha asegurado que estudiará «todas las opciones» si dichos gravámenes se materializan, después de que Bruselas asegurara el día anterior que los Veintiocho «actuarán y reaccionarán unidos».
A pesar del contexto convulso, España mantendrá su apuesta de aprobar un impuesto sobre determinados servicios digitales en cuanto se constituya formalmente un Gobierno. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha defendido en varias ocasiones la necesidad de crear un impuesto de estas características para gravar actividades que actualmente no tributan y que ayuden a adaptar el sistema tributario español a las nuevas realidades del siglo XXI.
“No es admisible que en el siglo XXI haya algún país, Estado o fuerza política que, vía amenaza o coacciones, plantee su disconformidad o negativa a que se ponga en marcha una fiscalidad del siglo XXI”, aseguró Montero en julio. “Lo ideal es que se llegue a un acuerdo a nivel global o, en su defecto, a nivel europeo, pero si no se llega a un acuerdo en estos dos ámbitos tendremos que actuar a nivel nacional. El Gobierno no descarta actuar y abordar la implantación de esa tasa”, apuntó también la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, este verano.
