Francia está a un paso de convertirse en el primer país europeo en prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. L
a Asamblea Nacional aprobó este lunes un proyecto de ley que cuenta con el respaldo del Gobierno y del presidente Emmanuel Macron y que, si supera ahora el trámite en el Senado, podría entrar en vigor en septiembre, coincidiendo con el inicio del próximo curso escolar.
La iniciativa, además, refuerza el veto al uso de teléfonos móviles en los institutos franceses, ampliando una política que ya se aplica desde 2018 en etapas educativas anteriores.
El texto salió adelante por 116 votos a favor y 23 en contra tras un debate intenso que se prolongó hasta bien pasada la medianoche. El Ejecutivo, liderado por Sébastien Lecornu, impulsó la tramitación por el procedimiento de urgencia y enmarca la medida en una estrategia de salud pública orientada a proteger el bienestar psicológico de niños y adolescentes. En el centro del argumento gubernamental está la idea de que el uso intensivo de plataformas digitales puede tener efectos dañinos: adicción a las pantallas, exposición a contenidos inapropiados, presión social constante y aumento del ciberacoso.
Durante el debate parlamentario, la diputada Laure Miller, una de las promotoras, defendió la necesidad de una prohibición clara: “no se puede dejar que un niño tenga que gestionar algo adictivo por sí solo”. Miller puso el foco en el papel de los algoritmos, que —según advirtió— empujan a los menores hacia contenidos relacionados con tendencias suicidas y de automutilación, con especial mención a TikTok.
En su intervención, subrayó que los estudios científicos apuntan a cambios de hábitos preocupantes: los más jóvenes “duermen menos, se mueven menos, leen menos y se comparan más”.
Aunque el proyecto supone un salto cualitativo, no surge de cero. Desde 2023, Francia obliga a las plataformas a verificar la edad de los usuarios y permite el acceso a menores de 15 únicamente con autorización paterna. Sin embargo, legisladores y expertos consideran insuficiente ese sistema ante los riesgos descritos. Por eso, un grupo de diputados planteó una norma más ambiciosa: fijar una “mayoría digital” en los 15 años y limitar el uso de dispositivos en los centros educativos.
La versión aprobada incorpora matices respecto al borrador inicial. Quedan fuera determinadas plataformas y servicios, como enciclopedias en línea (por ejemplo, Wikipedia), repositorios educativos o científicos y herramientas de software libre. El núcleo, no obstante, se mantiene: las empresas deberán implantar mecanismos de verificación de edad y bloquear de forma automática las cuentas que no cumplan el requisito, con sanciones en caso de incumplimiento. Además, el Gobierno definirá por decreto qué redes se consideran “peligrosas” para los menores, basándose en los informes de la Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital (ARCOM).
El capítulo educativo también fue uno de los puntos calientes. El ministro de Educación, Edouard Geffray, recordó que la prohibición vigente desde 2018 en preescolar, primaria y secundaria ya ha tenido “efectos positivos” en el ambiente escolar y el aprendizaje. A su juicio, ampliar el veto al instituto responde a una realidad difícil de ignorar: muchos jóvenes pasan cada semana más horas frente a una pantalla que en clase.
No todos comparten el diagnóstico ni confían en la aplicabilidad de la norma. La Francia Insumisa intentó frenar la tramitación con una moción de rechazo, pero fue derrotada antes de la votación definitiva. El diputado Louis Boyard criticó la facilidad para esquivar controles, y citó el caso australiano: bastaría con que un adulto se prestara a superar el reconocimiento facial exigido para abrir una cuenta.
Macron, por su parte, ha convertido esta iniciativa en una de las banderas de un mandato marcado por la falta de mayoría parlamentaria.
Busca un gran pacto nacional apoyado en informes sanitarios que alertan del daño psicológico ligado al uso intensivo de redes sociales.
En esa línea, un informe reciente de la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, Ambiental y Laboral (ANSES) señala que plataformas como TikTok, Snapchat o Instagram pueden perjudicar gravemente la salud mental adolescente al fomentar comparaciones constantes, alterar el sueño, exponer a contenidos violentos y aumentar el riesgo de ciberacoso.
Queda, además, un obstáculo clave: el texto debe ajustarse al reglamento europeo de servicios digitales para evitar bloqueos por incompatibilidad con la normativa comunitaria, como ya ocurrió con una iniciativa similar en 2023. En paralelo, el debate se extiende por Europa. Francia sigue la senda de Australia, que en diciembre aprobó una ley pionera para prohibir redes sociales a menores de 16 años. Modelos regulatorios para un mismo problema: cómo proteger a los menores en un entorno digital cada vez más difícil de controlar.
