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Y ahora, la iglesia católica encarga una auditoría externa sobre denuncias de abusos sexuales

¿Por qué resulta extraño hablar de la fijación entomológica, es decir, con constancia insectívora, en situar comisiones para esclarecer las responsabilidades sobre delitos presuntos y reales de abusos sexuales, pero limitados sólo a la Iglesia?

Pues la extrañeza, a poco que se razone por cuenta propia, nace de dos motivos.

El primero precisamente permite situar el foco sólo en un sujeto colectivo concreto, la Iglesia católica, como si ésta fuera la máxima responsable de los abusos infantiles aquí y en todas partes.

El segundo motivo proviene, hay que tener memoria, de que las primeras acciones contra la organización católica con este motivo se inician en 1992. Es decir, hace 3 décadas, en el área anglosajona, y no se han dado cuenta desde entonces, a pesar de la evidencia de que la mayoría de estos casos estaban prescritos porque se habían producido en los años 60 y 70 a rebufo de una cultura muy particular en este terreno, que también hizo mella en determinados miembros de la Iglesia.

Cabe recordar que hoy en día todavía existe la organización Nambla que significa North American Man/Boy Love Association. Esta organización, radicada en Nueva York y San Francisco, defiende que no debe haber una edad mínima para mantener relaciones sexuales entre personas. Es, por tanto, una organización de activismo pedófilo que fue creada en 1977. Pero, lo más interesante del caso es que formaba parte de ILGA, la Asociación Internacional de Gais y Lesbianas desde 1983. Era un miembro de pleno derecho y sólo fue excluida de la internacional gay y lésbica cuando esta entidad pidió ser miembro de las organizaciones no gubernamentales de Naciones Unidas. Este hecho comportó numerosas protestas y condujo a la internacional homosexual a excluir a Nambla de su organización, porque de lo contrario no habría logrado el reconocimiento que buscaba.

Cabe también recordar en este sentido que en 1985 ILGA votó una resolución que señalaba que “los jóvenes tienen derecho a decidir por sí mismos su vida sexual y social” y que “las leyes sobre la edad de consentimiento tienden más a oprimirlos que a protegerlos”.

En nuestra casa la revista Lambda no tuvo inconveniente en publicar un reportaje en el que se explicaba cómo un adulto seducía a un menor. A pesar de estos hechos, hoy en día se evita curiosamente relacionar la homosexualidad con la pedofilia y la pederastia, aunque precisamente en el caso de los presuntos o reales culpables eclesiásticos en su inmensa mayoría y a diferencia de otras organizaciones, se caracterizan por ser relaciones pederásticas con varones menores de edad .

Ya en 1994 el ministerio de Asuntos Sociales encargó a Félix López un informe que entre otras cosas apuntaba a que los abusos a menores cometidos por maestros y profesores afectaban al 23% de las niñas y al 10% de los niños. Este hecho, que puede prolongarse hasta la actualidad con datos de la década comprendida entre 2009-2019, señala según el estudio de la fundación ANAR, dedicada desde 1970 a la ayuda de los niños y adolescentes en riesgo, que los presuntos delitos cometidos por miembros de la Iglesia sólo significan el 0,2% del total. De hecho, con estos datos se puede constatar cómo por cada delito de abuso cometido por un sacerdote, 5 han sido cometidos por monitores, 18 por maestros y profesores, 26 por relaciones iniciadas en internet, 40 con su pareja o ex pareja y 72 por un amigo o compañero.

En la actualidad es noticia, pero marginal, el hecho de las numerosas imputaciones de personas que trabajan para la Generalitat Valenciana acusadas presuntamente de encubrir abusos sexuales a jóvenes tuteladas, y un asunto de características similares, también en su reiteración, pesa sobre el gobierno insular por el mismo motivo. Mucho más dudoso, pero también noticia de prensa, se da en algún caso similar en la Comunidad de Madrid.

Pero toda esta abundancia de referencias, de reiteraciones que señalan a colectivos y al mismo estado como responsables de, al menos, omisión ante el abuso infantil de funcionarios y personas a su cargo, nunca se ha levantado por parte ni de los medios de comunicación ni de los partidos políticos la demanda de que se constituyera una comisión para indagar estos asuntos.

De toda esta historia, unos puntos señalados por los hechos resultan evidentes. 

Lo primero es que hace demasiado tiempo que dura el hecho de situar el foco sobre la Iglesia católica, dando vueltas a un molino que poco aporta, con el agravante de que esta institución es la única en todo el mundo que desde hace más de una década viene tomando medidas reiteradas para enmendar, prevenir e indemnizar los casos que se pueden producir. No hay ninguna otra institución que haya abordado directamente este asunto. No lo han hecho las corporaciones profesionales dedicadas, por ejemplo, a la enseñanza o práctica deportiva, en las que son numerosos los casos de abuso. No lo han hecho los poderes públicos a pesar de que abundan los casos en los ámbitos de su responsabilidad, y ni siquiera lo ha hecho Naciones Unidas, sobre la que no sólo pesan abundantes denuncias de abusos, sino también de explotación sexual de menores con cargo a miembros que se encontraban en el ejercicio de misiones bajo la responsabilidad de esta institución.

El segundo hecho es que a estas alturas ya es evidente que la Iglesia desempeña el papel de un chivo expiatorio de una enfermedad social muy extendida y de la que ella tiene una responsabilidad marginal. La pedofilia, la pederastia, el tráfico de pornografía infantil son un mal extendido que corroe a nuestra sociedad y que los poderes públicos y los medios de comunicación no abordan en toda su dimensión. Algo que es habitual cuando el mal está tan extenso porque una parte de los que deberían abordarlo, en realidad, están implicados directa o indirectamente en el problema.

En este sentido, tercer punto, es evidente que situar el foco de la pederastia en la Iglesia permite ocultar la inmensa masa sumergida del iceberg del problema.

Ahora, constatados todos estos hechos, lo que resulta inexplicable es la incapacidad de la propia institución eclesial católica para salir de debajo del focoPor el contrario, actúan de forma de colocarse en primer plano y de esta forma cumplen con el papel que el guión de este relato les ha asignado. Es realmente asombroso. La decisión del cardenal Omella de poner en marcha una nueva comisión (se ha encargado una auditoría externa) limitada sólo a los casos eclesiales es una muestra más de ese error sistemático.

En lugar de reclamar a la sociedad y a las instituciones públicas un abordaje completo y a fondo de la pederastia, lo que hacen es insistir en su protagonismo en esta materia. Esta vía no sólo perjudica a la propia institución, sino que además contribuye, aunque no sea su voluntad, a mantener el ocultamiento de este mal social a base de seguir haciendo de chivo expiatorio.

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