Caixabank research ha publicado un estudio que muestra la cara oculta de la economía colaborativa. A pesar de la visibilidad de algunos empleos que se han generado a través de la sharing economy (piense solamente en las bicicletas de reparto de comida a domicilio que han aparecido en la mayoría de ciudades), es difícil estimar con precisión cuánta gente trabaja en el sector.
De momento, las estadísticas oficiales, como la encuesta de población activa (EPA), no incluyen detalles sobre estos empleos, ni las plataformas digitales proporcionan datos detallados sobre cuántos trabajadores los usan. No obstante, hay estudios que tratan de contabilizarlo a través de un algoritmo de big data. Harris y Krueger (2015) estimaron que alrededor del 0,5% de la fuerza laboral estadounidense estaba empleada en la economía colaborativa.
Según De Groen y Maselli (2016), el equivalente europeo se situaría alrededor del 0,05% (alrededor de 100.000 trabajadores activos). Otras estimaciones a través de encuestas, datos de impuestos o movimientos bancarios apuntan a porcentajes mayores, aunque con medidas no directamente comparables.
Así, alrededor del 22% de la población en EE. UU. ha ofrecido servicios en algún momento a través de aplicaciones online y, en la UE, entre el 1 y el 5%. El empleo en la economía del sharing representa pues un pequeño porcentaje de la fuerza laboral, pero está creciendo a gran velocidad.
El empleo en la economía colaborativa ofrece claras ventajas en términos de flexibilidad. Los individuos deciden cuándo y dónde trabajan, lo que permite trabajar incluso a personas que de otro modo no lo habrían hecho por problemas de movilidad u otras restricciones. Además, el bajo coste de entrada facilita el acceso al mercado de trabajo a individuos que antes estarían fácilmente excluidos de él.
Por ejemplo, según Uber, un 25% de sus conductores en París estaban desempleados antes de empezar a trabajar, y muchos residían en barrios desfavorecidos con un alto nivel de desempleo. Así, utilizando aplicaciones de la sharing economy, obtuvieron empleo e ingresos en momentos de necesidad.
Sin embargo, no todo son ventajas: las condiciones laborales de los trabajos bajo demanda suelen ser peores que en otros tipos de empleo. En particular, el salario mediano de dichos trabajos es muy inferior al salario mínimo y el número de horas semanales trabajadas es la mitad que el del resto de trabajadores. De hecho, para muchos de ellos es una forma tan complementaria e intermitente de empleo que, a menudo, ni consideran que estén trabajando.
Por lo que respecta al pluriempleo, el hecho de realizar una multitud de tareas en trabajos distintos dificulta la especialización y el desarrollo de la carrera profesional. Asimismo, la mayor inseguridad laboral puede tener costes de salud en términos de ansiedad, estrés, etc.
Una cuestión que genera controversia es el estatus laboral de los individuos que realizan empleo bajo demanda. En la actualidad, el trabajo de la sharing economy está legalmente considerado
como el de un autónomo, puesto que tiene muchos elementos característicos del mismo. El individuo escoge cuándo trabaja y cuántas horas lo hace, provee los medios para realizar el servicio, como un vehículo de su propiedad, y cobra solo por cada servicio realizado.
Sin embargo, algunos elementos de su trabajo son más propios de un empleado, en particular en lo referente a la fijación de precios y condiciones de servicio, a menudo decidido por las aplicaciones. Asimismo, estas empresas utilizan la reputación online mediante ratings y diseñan algoritmos que afectan a la probabilidad de que un individuo ofrezca un servicio, pudiendo llegar hasta a excluirlo de la plataforma. Cuando así lo hacen, las plataformas están ejerciendo mecanismos de control sobre los prestadores de servicios más propios de empleados, que están obligados a seguirlos para prestar el servicio.