La reciente respuesta de la Comisión Europea a la iniciativa “My Voice My Choice” deja al descubierto, una vez más, la profunda ambigüedad moral y política con la que las instituciones europeas afrontan la cuestión del aborto.
Por un lado, Bruselas ha rechazado la propuesta de crear un nuevo fondo europeo específico para financiar el aborto transfronterizo dentro de la Unión Europea. Por otro, ha abierto la puerta a que los Estados miembros puedan usar recursos del ya existente Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para favorecer el acceso al llamado “aborto seguro”.
Se trata, por tanto, de una decisión con dos rostros: uno que frena parcialmente la agenda abortista, y otro que la legitima de manera indirecta.
La iniciativa “My Voice My Choice”, impulsada mediante una campaña de recogida de firmas entre ciudadanos europeos, pretendía establecer un instrumento financiero de la UE para ayudar a mujeres a desplazarse a otro país europeo con legislación más permisiva a fin de abortar allí.
En otras palabras, buscaba institucionalizar y financiar lo que con razón puede denominarse turismo abortivo: facilitar que una mujer viaje al extranjero para poner fin a la vida de su hijo cuando en su país de origen existan restricciones legales o prácticas para ello.
Se daba por hecho un desenlace favorable al aborto
La Comisión Europea, reunida el jueves 26 de febrero, decidió no aceptar esa petición concreta. El rechazo supone una derrota real para los promotores de la iniciativa, que ya daban por hecho un desenlace favorable. De hecho, todo estaba preparado para presentar la resolución como una gran victoria política y cultural del movimiento abortista europeo.
Apenas unos días antes, el lunes 23 de febrero, los organizadores habían lanzado una campaña de última hora animando a sus partidarios a escribir a la Comisión para presionar a favor de una respuesta positiva. Más aún, el 25 de febrero, la comisaria europea Hadja Lahbib, responsable de Igualdad, se había mostrado públicamente “muy confiada” en que la Comisión respondería favorablemente.
La presión política también fue considerable. Un total de 105 eurodiputados pertenecientes a grupos socialistas, liberales, verdes, la izquierda y una parte del Partido Popular Europeo enviaron una carta a Ursula von der Leyen advirtiendo de posibles represalias parlamentarias y legales si la Comisión rechazaba la iniciativa.
Entre los firmantes había distintas formaciones de izquierda, del ecologismo político y del liberalismo macroniano. Todo ello mostraba que “My Voice My Choice” no era una acción aislada, sino parte de una ofensiva coordinada para consolidar el aborto como supuesto derecho europeo.
Sin embargo, la Comisión no dio el paso que los activistas esperaban. En parte, esto se debe a que la regulación del aborto continúa siendo competencia de los Estados miembros, no de las instituciones comunitarias.
Esa realidad jurídica ha impedido, al menos por ahora, la creación de un mecanismo europeo directo para subvencionar desplazamientos con fines abortivos. Y esto no es un detalle menor.
Significa que, pese a los intentos ideológicos de imponer una visión única sobre la vida humana, todavía subsiste un límite institucional que frena la pretensión de convertir a la Unión Europea en promotora oficial de la cultura de la muerte.
Pero sería ingenuo quedarse solo con esta parte del cuadro. La misma Comisión que rechazó financiar un nuevo fondo específico afirmó también que los Estados miembros pueden usar el Fondo Social Europeo Plus para apoyar el acceso al “aborto seguro”, especialmente en situaciones que se presenten como de vulnerabilidad.
El argumento empleado resulta devastador pues Bruselas sostiene que el “aborto inseguro” constituye una cuestión de salud pública, ya que puede ocasionar daños físicos, incluso la muerte o la esterilidad, además de graves consecuencias mentales.
Esta formulación encierra una grave manipulación antropológica y moral. Se pretende normalizar el aborto como si fuese una prestación sanitaria más.
Se omite así la verdad esencial: el aborto no resuelve un problema de salud, sino que elimina deliberadamente una vida humana inocente en el seno materno.
No habrá obligación automática para todos los países
Por eso, aunque el rechazo al nuevo fondo específico constituye un revés para el lobby abortista, no cabe hablar de una victoria completa para la causa de la vida.
La Comisión no ha corregido el rumbo de fondo; más bien ha buscado una salida política intermedia.
Ha dicho “no” a una medida demasiado explícita, pero ha dicho “sí” a una interpretación del FSE+ que puede ser utilizada por gobiernos o administraciones regionales favorables al aborto para financiar proyectos en esa línea. La diferencia es que no habrá obligación automática para todos los países. La gestión del Fondo Social Europeo Plus es compartida entre la Comisión y los Estados miembros, pero la selección concreta de proyectos y la ejecución directa de los fondos corresponde principalmente a cada Estado. Eso significa que ningún país está obligado a financiar el aborto o el turismo abortivo si no quiere hacerlo.
Este punto es importante y conviene subrayarlo. La narrativa difundida por numerosos medios progresistas europeos, según la cual la decisión de Bruselas sería una gran victoria del aborto, es solo parcialmente cierta y oculta el malestar de quienes esperaban un paso mucho más agresivo. La iniciativa no logró su objetivo central. Y ese fracaso interrumpe, al menos temporalmente, una deriva alarmante de las instituciones europeas hacia la plena consagración del aborto como derecho fundamental.
En este contexto, la decisión de la Comisión supone también un freno a viejas aspiraciones políticas. Entre ellas, la del presidente francés Emmanuel Macron, que ya en enero de 2022 manifestó su deseo de incluir el llamado “derecho al aborto” en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. También frena, al menos por ahora, la línea impulsada por liberales y socialistas en el Parlamento Europeo, que el 11 de abril de 2024 pidió incorporar en el artículo 3 de dicha Carta una formulación favorable al aborto: “Toda persona tiene derecho a una decisión autónoma sobre su propio cuerpo y al libre acceso a un aborto seguro y legal”.
Por tanto, es necesario seguir afirmando, con caridad y con firmeza, que no existe un derecho a eliminar al inocente, que Europa solo tendrá futuro si vuelve a reconocer la dignidad inviolable de toda vida humana.
