La pretensión de eliminar las referencias a la “demanda social” del sistema de conciertos en la nueva ley de Educación supone un ataque a este sector de iniciativa social, cuya red de centros es complementaria a la de centros estatales, junto con la cual conforma la oferta de enseñanza pública.
Esta medida significa una restricción significativa de la libertad educativa en lo que a la elección de centro se refiere. La mejora de la calidad de la educación pasa por ampliar la libertad educativa y no por restringirla. También hay que destacar el tratamiento que se propone para la clase de Religión, que pasa a convertirse en una asignatura de rango inferior dado que su calificación no computaría a efectos de la media, y tampoco tendría una alternativa. Todo ello compone un trágala que la sociedad civil no puede aceptar tranquilamente.
