La Universidad de Louisville ha alcanzado un acuerdo de 1,6 millones de dólares con el psiquiatra infantil Allan Josephson, quien fue despedido en 2019 tras manifestar opiniones críticas sobre los tratamientos médicos que reciben menores con disforia de género.
El caso, que ha generado debate a nivel nacional, se presenta como un hito en la defensa de la libertad de expresión dentro del ámbito académico.
Un despido tras declaraciones públicas
El conflicto comenzó en 2017, cuando Josephson participó como ponente en un panel organizado por la conservadora Heritage Foundation. Allí expresó su preocupación por lo que calificó como una “medicalización apresurada” de los jóvenes con confusión de género, señalando que estos tratamientos a menudo ignoran otras necesidades emocionales y psicológicas de los menores.
Durante su intervención, afirmó:
La ideología transgénero descuida la necesidad de desarrollar habilidades de afrontamiento en los niños. Por supuesto que afirmas al niño y lo amas, pero no afirmas una mala idea”.
Sus comentarios generaron reacciones inmediatas dentro de la universidad. Brian Buford, entonces director del Centro LGBT de la institución, consideró sus palabras “antitrans” y elevó sus quejas al decanato. En cuestión de semanas, Josephson fue presionado para abandonar su cargo como jefe de división bajo amenaza de ser destituido.
Campaña de represalias internas
Según la demanda interpuesta por Josephson, tras negarse a renunciar fue objeto de una campaña de represalias que incluyó reducción salarial, recortes de beneficios, restricción de fondos para actividades académicas y constante vigilancia de su desempeño profesional. Permaneció en la universidad con un rol menor hasta 2019, cuando su contrato no fue renovado.
Con el respaldo legal de la Alianza en Defensa de la Libertad (ADF), el psiquiatra demandó a la universidad alegando que su despido fue una violación de sus derechos constitucionales por expresar opiniones basadas en su experiencia profesional.
Acuerdo y reivindicación
El pasado 21 de abril se anunció el acuerdo económico. La ADF lo calificó como una victoria para la libertad de expresión. “El Dr. Josephson vio la verdad detrás de los peligrosos procedimientos que se están aplicando a menores, y pagó un alto precio por decirla en voz alta”, declaró Travis Barham, asesor legal de la organización.
Josephson, por su parte, aseguró sentirse reivindicado: “El coste personal fue enorme. Me estoy haciendo mayor, así que esto llegó en un buen momento y se llegó a un buen acuerdo”. También afirmó que su caso podría ayudar a otros profesionales a expresarse con mayor libertad sin temor a represalias.
Un debate aún abierto
Este caso se inscribe en un contexto nacional en el que crece el escrutinio sobre los tratamientos médicos aplicados a menores con disforia de género. Jamie Reed, denunciante de prácticas irregulares en una clínica transgénero infantil en St. Louis, expresó que aunque este tipo de fallos legales son importantes, aún queda mucho por hacer.
La mitad de los estados en Estados Unidos todavía permiten este tipo de intervenciones en menores. Aún no se reconoce plenamente el daño que se está causando”, declaró Reed a The Free Press.
El caso Josephson lanza un mensaje claro sobre los límites del discurso académico y la necesidad de proteger el debate profesional en temas complejos y en evolución.
Mientras crece la discusión sobre cómo abordar la disforia de género en menores, este acuerdo resalta la importancia de permitir que los expertos hablen sin miedo a represalias institucionales.
