Es del todo evidente que la dinámica provida que impera en Estados Unidos significa un cambio de paradigma cultural y moral, que quienes defienden la cultura de la muerte y asignan a su práctica el valor de derechos, intentan frenar y desvirtuar por todos los medios posibles.
El último acto en este sentido malvado es la filtración de la propuesta de sentencia del juez Samuel Alito. Se trata de un intento destructivo del Tribunal Supremo de Estados Unidos tan grave que nunca se había producido. Se ha hecho para así intentar presionar a los jueces y así evitar qu se pueda recuperar la razón constitucional norteamericana.
Que lo que sucede en Estados Unidos en este tema nos importa, está fuera de toda duda, solo hace falta ver cómo reaccionan en España los medios de comunicación partidarios de la cultura de la muerte, para constatarlo. De paso, tanto aquí como en la gran nación americana, podemos constatar una vez más cómo la idea de la democracia y de la división de poderes y el respeto a las instituciones, que tiene la progresía, poco tiene que ver con la teoría de la tan reclamada democracia liberal. Llaman a los gobiernos de Polonia y Hungría iliberales, cuando aquí los teóricos defensores de la democracia liberal aplican una democracia restrictiva, en la que solo se aplica la lógica democrática si el resultado es favorable a sus ideologías
Al mismo tiempo consideran que hay leyes dogmáticas, sacralizadas, como si se tratara de una religión. No se puede discutir ningún límite sobre el aborto, ya no hablemos de su prohibición. No se debe tratar de las prácticas eugenésicas que se han extendido con el aborto, ni de los derechos del no nacido, que puede ser sujeto de una herencia, pero que carece de toda protección en la legislación abortista. Y quien dice el aborto, puede referirse al matrimonio homosexual, y así podríamos continuar con una serie de leyes que, una vez aprobadas, no tienen marcha atrás porque son la verdad absoluta, revelada
La reacción ante la filtración del borrador de la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, debería hacernos ver dos cosas.
Una, que la lucha cultural y política por una sociedad que acoge la vida es una prioridad política, una necesidad cristiana y una exigencia humanista. Estados Unidos muestra como un trabajo sistemático, bien hecho, de años, una fuerte implicación de la Iglesia, que acaba ofreciendo resultados.
La segunda consideración es que nuestra lucha por la vida es también una acción por la sociedad democrática, por el estado de derecho y por la igualdad de estos derechos para todos los ciudadanos y no solo para algunos.
Esta segunda parte es la gran cuestión pendiente, la que hay que levantar en España, porque cada vez más las leyes y las prácticas mediáticas relegan a una ciudadanía de segunda clase a quienes tienen determinados valores, postulan determinadas virtudes, tienen unas creencias concretas, y esto no puede ser y hay que ponerle fin. Un solo ejemplo ilustrará la cuestión: los padres que entregan sus hijos al estado para su educación, que los envían a la escuela pública y se desentienden de los aspectos morales y culturales de esta educación, encuentran un perfecto acomodo en la actual Ley Celaá, que regula la enseñanza. Pero aquellos otros padres que quieren educar a sus hijos de acuerdo con criterios morales y religiosos ven coartada seriamente esta posibilidad en el marco de esta ley, a pesar de que la Constitución los reconoce.
La suma creciente de una legislación dotada de esta orientación está provocando que los ciudadanos de este país no sean todos iguales, sino que aquellos que comparten una determinada visión, que parten de un sustrato cristiano, están cada vez más discriminados. Hay que llevar este debate al espacio público, a los medios de comunicación y a la política. Debemos verificar si los partidos de oposición comparten este problema o se muestran indiferentes a él, porque lo único que les interesa es el poder, y una vez alcanzado este, mantendrán las cosas de la misma manera.
La tarea es grande, pero la recompensa todavía es mayor, por eso hay que emprenderla. Es hora de alzarse en nombre de los derechos fundamentales, de la libertad y la justicia.
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