Seguramente la mayoría de los españoles no se habrían enterado de la última maniobra del presidente Pedro Sánchez para seguir alimentando la polarización política y mantener en pie el muro entre compatriotas que él mismo levantó de manera explícita en sede parlamentaria. La cuestión habría pasado casi desapercibida de no ser porque la iniciativa provocó una bronca sin precedentes en el Consejo de Estado, un ámbito que, por su naturaleza, debería ser ponderado, técnico y ajeno a la agitación partidista.
El motivo del enfrentamiento fue el intento del Gobierno de impulsar el reconocimiento del aborto como derecho constitucional. Una pretensión de enorme calado jurídico, político y moral que encontró una oposición firme y argumentada por parte de uno de los grandes juristas de nuestra democracia: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, recientemente homenajeado junto al otro padre constitucional vivo, Miquel Roca i Junyent. En su ponencia, Herrero de Miñón rechazaba con claridad que el aborto pudiera configurarse como un derecho constitucional, algo plenamente coherente con la arquitectura de la Constitución española.
Aquello fue demasiado para quienes ya no reconocen límites, ni siquiera los de la convivencia civilizada o el respeto institucional. La reacción no se hizo esperar: la presidenta del Consejo de Estado, estrechamente alineada con el Gobierno, desposeyó a Herrero de Miñón de su papel central y lo sustituyó por una figura más dócil a los deseos del Ejecutivo, María Luisa Carcedo, exministra socialista de Sanidad de Pedro Sánchez, a quien encargó un nuevo dictamen sobre el anteproyecto de ley del Ejecutivo. El mensaje fue inequívoco: cuando el dictamen jurídico no conviene al poder, se cambia al jurista.
El aborto como cortina de humo y estrategia de supervivencia
¿Por qué Pedro Sánchez decide ahora situar el aborto en el centro del debate constitucional? No por convicción jurídica ni por necesidad social urgente, sino por puro cálculo político. Se trata de una huida hacia adelante, un intento desesperado de llegar a las próximas elecciones envuelto en un relato de “salvador de la patria” frente a una oposición democrática a la que presenta como ilegítima para gobernar.
La jugada persigue varios objetivos simultáneos: recuperar el favor de una parte del feminismo institucional, hoy alejado tras el desfile de escándalos que han afectado a dirigentes y cargos socialistas por su falta de respeto hacia las mujeres; reagrupar a la extrema izquierda en torno a su figura; e incomodar al Partido Popular, especialmente si este persevera en su actitud abúlica ante cuestiones de principios morales básicos, como el derecho a la vida, fundamento de todos los demás derechos.
En este escenario, solo Vox parece interesado en una confrontación frontal que, paradójicamente, beneficia al propio Sánchez que es exactamente lo que busca, el máximo de polarización y exabrupto.
Una reforma constitucional imposible… y por eso mismo reveladora
Desde el punto de vista estrictamente constitucional, la iniciativa está condenada al fracaso. Si se pretendiera introducir el aborto como derecho fundamental, sería necesario acudir al procedimiento agravado del artículo 168 de la Constitución: mayorías de dos tercios en Congreso y Senado, disolución de las Cortes, elecciones generales y referéndum obligatorio. Un camino sencillamente imposible en la actual correlación de fuerzas parlamentarias.
La vía alternativa —reconocer el aborto como principio rector de la política social— tampoco resulta viable. Requeriría mayorías cualificadas de tres quintos en ambas Cámaras, cifras igualmente inalcanzables para el Gobierno. Todo apunta, por tanto, a una iniciativa sin recorrido jurídico real, pero con una enorme rentabilidad política en términos de polarización y movilización emocional.
Estamos, en definitiva, ante un brindis al sol deliberado, una impostura más destinada a provocar el choque y a tensar la convivencia.
Qué hacer: ni frontalidad estéril ni silencio cómplice
Ante esta perspectiva, el peor error sería entrar de lleno al trapo y limitarse a reaccionar. Eso no significa, en absoluto, permanecer pasivos ante una iniciativa que supone una grave deriva antihumanista.
La respuesta inteligente pasa por varias líneas de acción complementarias:
- No jugar al juego de la polarización, que es exactamente el terreno donde el Gobierno se siente más cómodo.
- No callar, sino aprovechar la ocasión para abrir un diálogo racional, sereno y firme, sin exabruptos ni descalificaciones, centrado en tres ejes fundamentales: el derecho a la maternidad, los derechos del ser humano no nacido y el aborto como antihumanismo.
- Ampliar el frente social, estableciendo contactos con grandes organizaciones económicas, culturales y cívicas que se sienten ajenas a esta cuestión, para mostrarles su relevancia y las alternativas posibles, así como con fuerzas políticas que difícilmente pueden entusiasmarse con la maniobra gubernamental, y que no son oposición para ampliar el bloque de la negativa a la manipulación
- Reforzar la coordinación del movimiento provida, hoy extraordinariamente rico pero disperso, para avanzar hacia una mayor unidad de acción y eficacia.
- Lanzar una iniciativa positiva y alternativa: un gran pacto por el derecho a la maternidad. Hoy la mujer no dispone de igualdad real de opciones: abortar está promovido y financiado, mientras que ser madre sigue penalizado por la falta de ayudas, la precariedad laboral y una lógica social puramente economicista.
Pensar para actuar. Flanquear en lugar de embestir. Convertir la añagaza de Sánchez en una oportunidad para avanzar. Porque la verdadera victoria no está en la reacción airada, sino en la construcción paciente de una alternativa humana, justa; la victoria no es la pelea, sino el avance.
Sánchez no busca reformar la Constitución: busca polarizar, sobrevivir y convertir el aborto en arma electoral. Compartir en X
