El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está intentando salir airoso de la envolvente que Vox le ha tendido en materia de privilegios LGTBI. A un día de que se vote en la Asamblea de Madrid si se tramita la ley de Igualdad redactada por los socios del Partido Popular, las posturas se mantienen alejadas después de que la primera propuesta de acuerdo remitida por el equipo de Gobierno de la Comunidad no haya colmado las expectativas de Vox.
Vox propone derogar las dos leyes autonómicas trans y LGTBI vigentes desde el 2016 para, entre otros, dejar de reconocer la autodeterminación de género y librar de sanciones a las terapias de conversión. Y, a cambio, ha aparcado la polémica por la implantación del pin parental esgrimida recurrentemente antes de las elecciones regionales del 4-M, según informa La Vanguardia.
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Pero el PP se ha plantado en un punto intermedio por el que rechaza la derogación total, aunque sí se abre a modificar la ley. Y, argumentando la necesidad de “reformar algunos puntos mejorables desde el punto de vista jurídico”, propone eliminar las menciones a la inversión de la carga de la prueba -de forma que se contemple la presunción de inocencia cuando una persona es acusada de discriminar a otra y no al contrario- y modular las charlas de los colectivos LGTBI en los colegios madrileños.
Pese a que esta ley de Igualdad planteada por Vox figuró en la fase preliminar de las negociaciones de los presupuestos regionales para 2022, las cuentas autonómicas –que se votan la próxima semana– no corren peligro, ya que Vox aceptó la exigencia de los populares de excluir este punto del debate presupuestario.
