Las repercusiones sociales de la crisis económica en España se están dejando sentir especialmente entre los colectivos más débiles. Parados, inmigrantes, pensionistas y viudas ven acrecentar día a día sus problemas mientras el Gobierno, a pesar de su discurso oficial, se muestra cada vez más insolidario.

El pasado mes de noviembre los datos del paro volvían a sacudir la confianza de los ciudadanos al situarse el número de parados en los casi tres millones de personas. Sin embargo, esa cifra se queda muy corta comparada con las previsiones de los expertos para finales de 2009.

La Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) considera que la tasa media de desempleo alcanzará el año que viene el 15%, lo que equivale a pronosticar que a finales de 2009 se llegará al 17 ó 18%.

“Cuatro millones de parados”

“En algún momento, hacia final de año, llegaremos a los cuatro millones de parados”, aclara el director de coyuntura de Funcas, Ángel Laborda, rectificando los recientes pronósticos del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.

Actualmente la tasa de paro en España ya duplica la media de la OCDE. Así, mientras nuestra tasa de desempleo alcanzaba el 12,8% en octubre, la de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se situaba en el 6,2%, y la de la eurozona en el 7,7%.

Además, la alta tasa de temporalidad ha contribuido, junto con el desplome de la construcción, a que el mercado laboral se haya deteriorado en España más que en el resto de Europa.

Mientras la media de temporalidad de nuestros socios europeos se sitúa en torno al 15%, en España quedó en el 29,5% en el tercer trimestre de este año. “El ajuste se sigue concentrando en los trabajadores con contrato temporal”, explicaba esta semana el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado.

Miles de inmigrantes deambulando

Al mismo tiempo, la inmigración está mostrando su cara menos amable en los brotes de violencia desatados estos días en la localidad almeriense de La Mojonera, donde la muerte de un maliense a manos de un marroquí ha derivado en una serie de batallas campales.

La Guardia Civil se ha visto obligada a tomar La Mojonera y a intervenir en diversas ocasiones en los últimos tres días para calmar los ánimos, aunque se mantiene la tensión.

Con ser estos hechos muy graves, no son los únicos preocupantes con respecto a la inmigración, sobre todo en el campo andaluz, donde la crisis se ha dejado notar en forma de tensiones entre los inmigrantes y los trabajadores andaluces.

La recogida de frutas y hortalizas, hasta ahora realizada por inmigrantes de diversos orígenes, está siendo realizada ahora por trabajadores autóctonos en paro. Este hecho provoca que miles de inmigrantes aguarden desesperados y en vano a que los patrones los contraten.

Alrededor de 5.000 inmigrantes se encuentran actualmente deambulando por territorio andaluz, especialmente en las zonas de Jaén y Córdoba, donde se inicia la recogida de la aceituna, en busca de un trabajo que, por ahora, se antoja imposible.

Concretamente en Jaén, cientos de inmigrantes viven en condiciones inhumanas mientras buscan la oportunidad de un jornal en la aceituna.

“¿Cómo permiten que durmamos en la calle? Es inadmisible que esto ocurra en España, la octava potencia económica mundial”, denuncia Biram, un senegalés al que hace dos meses se le acabó la prestación de desempleo.

Las quejas de Biram tienen toda su razón de ser, sobre todo si tenemos en cuenta que en los últimos años el Gobierno ha generado con su política de inmigración un ‘efecto llamada’ ante el que ahora, cuando llegan los momentos duros, mira hacia otro lado.

Insolidaridad del Gobierno

Otro tanto parece estar haciendo el Ejecutivo de Zapatero en el caso de las ayudas a las personas con una hipoteca y en paro.

El Gobierno ha rechazado la propuesta del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para aplicar una de las últimas medidas que improvisó recientemente para ayudar a las familias hipotecadas que tengan alguno de sus miembros en paro.

La Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que preside el ministro Pedro Solbes, en su reunión del pasado día 4 de diciembre rechazó la propuesta del ICO para implantar la ayuda de 500 euros al mes dirigida a las personas que estén en esa situación.

Con esta decisión, el Gobierno retrasa precisamente las medidas que van dirigidas a los más necesitados, como es el caso de las familias con parte de sus miembros en el desempleo.

También da muestras este Gobierno de la misma insolidaridad en el caso de los pensionistas y las viudas.

Los trabajadores necesitan actualmente 15 años de cotización para tener derecho a pensión, y haber estado 35 años cotizando para poder cobrar el cien por cien sobre lo cotizado.

Sin embargo, por ejemplo, los diputados y diputadas en España con siete años de legislatura ya cobran el 80% y con 12 años el 100% de la pensión máxima. Y eso sin pagar un solo euro de su bolsillo, ya que el cien por cien de sus cotizaciones las asume el Estado.

Por otra parte, el actual contexto de crisis económica empeora la situación de otro de los colectivos más castigados, el de las viudas.

El pasado mes de junio, el Congreso de los Diputados instó al Gobierno, a petición del grupo parlamentario de CiU, a mejorar las pensiones de viudedad. Pero, todo apunta a que esta medida se retrasará a causa de las negociaciones de la nueva ronda del Pacto de Toledo.

El compromiso que en principio asumió el PSOE en su votación del Congreso afectaba a un colectivo de más de un millón de viudas que cobran el 52% de la jubilación del marido pase a ingresar el 70%. La gran mayoría de estas mujeres viven en el umbral de la pobreza o corre el riesgo de exclusión social.

Hay que recordar que la pensión de jubilación, cuando ésta revierte en pensión de viudedad, al morir el marido, se ve mermada porque el Gobierno le retiene un 48% y la mujer pasa a cobrar sólo el 52% de lo que era la pensión del difunto.

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