Lo dijo hace unos días desde Nueva York: los más ricos asumirán más esfuerzo fiscal, “un esfuerzo más significativo” en el futuro. Y lo ha vuelto a repetir este lunes, 28 de septiembre, desde la Cadena SER: “queremos ser un país solidario [...] va a haber un gravamen considerable a los más ricos [...] para algunos habrá una subida considerable de hasta 25.000 euros más”.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, entrevistado por Carles Francino en la SER, ha definido quienes son los “poderosos” a los que se les va a subir los impuestos: “Los poderosos son los que han estado pidiendo que bajáramos las cotizaciones sociales y la indemnización por despido, a la vez que se aprestan a pedir ayudas públicas cuando las cosas les van mal, como en el sector del turismo o el automóvil”.

También la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que “somos conscientes de que es un esfuerzo colectivo el que pedimos, pero estamos convencidos de que los Presupuestos Generales son los que requiere la economía, con los que vamos a remontar la crisis y nos situarán en la senda de un nuevo modelo económico. [...] La reforma fiscal es solidaria y equitativa”.

El golpe, a los trabajadores

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La reforma fiscal ni es “solidaria” ni es “equitativa”, sino más bien todo lo contrario, y el “nuevo modelo económico” del que presume De la Vega sigue aliado con los poderosos.

A la vista de los detalles de la reforma fiscal del Gobierno socialista, lo primero que se observa es que, como si de un moderno ‘Robin Hood’ se tratara, pero con el guión cambiado, el golpe fiscal de Zapatero no es para “los más ricos”, sino para las clases media y baja, para los trabajadores.

De los 10.950 millones de euros que se recaudarán con la reforma, sólo 430 millones procederán de aquellos cuyas rentas de capital son más altas, o sea las superiores a 90.000 euros. El grueso de las subidas de impuestos recae, una vez más, sobre los trabajadores, que son los más controlados por Hacienda.

Así, 5.700 millones, más del 50% del total, corresponden a la supresión de los 400 euros, que afecta a 12 millones de declarantes que se beneficiaron de la promesa electoral de Zapatero y cuya alegría sólo ha durado un año. Al tratarse de una cifra absoluta afecta más a aquellos que menos declaran, que son proporcionalmente los que tienen rentas más bajas.

Otros 5.150 millones de euros salen de la elevación de los tipos de IVA, un impuesto indirecto que también afecta más a los que menos ingresan. El IVA pasará del 7% al 8% en el tipo reducido y del 16% al 18% en el tipo general. La subida se hará efectiva a partir de julio del próximo año, para intentar estimular el consumo en los seis primeros meses.

En cuanto a las rentas de capital, de los escasos 800 millones que se recaudarán, la mayoría afectará a los ahorradores. Son rentas que los contribuyentes obtienen de depósitos, seguros de vida, venta de viviendas o fondos de inversión. Pasarán desde el 1 de enero de un tributo del 18% al 19% para los primeros 6.000 euros, y el resto al 21%.

SICAV: beneficio de 8.000 millones; sólo 56 de impuestos

Pero, donde mejor se observa lo vacío del talante y discurso progresista de Zapatero es en el trato fiscal que mantiene a las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), sociedades anónimas que obtienen grandes beneficios y, al mismo tiempo, ventajas fiscales sin parangón, ya que sólo tributan anualmente al 1%.

El Gobierno mantiene intocable su tributación, con lo que las 3.369 SICAV, que representaron en 2007 un total 26.000 millones, y obtuvieron unos beneficios de 8.068 millones, sólo pagaron 56,6 millones en impuestos.

Cabe resaltar que las SICAV, que gozan de estas ventajas fiscales desde hace 25 años, sólo tributan el 1% en concepto de Impuesto de Sociedades siempre y cuando los beneficios se queden en la propia sociedad de inversión. Si los beneficios se retiran entonces tributan como renta de capital.

Mientras tanto, por el Impuesto de Sociedades las pymes pagan una tributación entre el 25% y el 30%, y con las nuevas medidas para la pequeña empresa y autónomos será de cinco puntos menos. Por otro lado, en concepto de IRPF se paga el 43%.

Hay que recordar que las SICAV fueron un ‘invento’ de Felipe González en 1985, con Miguel Boyer como responsable al frente de Economía. También instituyeron los activos financieros con retención en origen, los llamados AFROS, pagarés al portador totalmente opacos para la Hacienda pública y que permitían el anonimato y, por tanto, un más que posible blanqueo de dinero. Asimismo, poco más tarde, en la era económica del ministro Solchaga, el Gobierno socialista hizo una amnistía fiscal.

Intento de reforma, retirado

Por su parte, en los ocho años de gobierno del Partido Popular (PP) con Aznar a la cabeza (desde 1982 sólo gobernó esos ocho años), los populares hicieron un intento de reforma de las SICAV. Se trataba de limitar la ocultación de grandes fortunas personales.

De hecho, cada SICAV ha de ser constituida por 100 miembros y lo que hacen en algunos casos esas grandes fortunas es constituir la SICAV colocando accionistas ‘de paja’ entre esos componentes. Son los llamados ‘mariachis’, que sirven para tapar precisamente a los grandes magnates.

Tanto es así que para presentar una SICAV, con el mínimo de 100 accionistas, es suficiente con presentar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una lista con los cien accionistas, dado que no se verifica.

El intento del PP iba en la dirección de estipular que, de los 100 miembros que constituyen una SICAV, cuando un accionista tuviera más del 25% del capital se tendría que pagar el 35% en concepto de impuestos. Sin embargo, el intento no prosperó y el PP retiró la propuesta.

Inspección fallida de Hacienda

En 2004, ya con Zapatero en La Moncloa, se produjo un hecho insólito, dado que no se había dado en los últimos 20 años: hubo una inspección de Hacienda sobre las SICAV y llegaron a levantar más de 200 actas de infracciones.

Pero, una iniciativa parlamentaria del PSOE, que contó con el apoyo del PP y de CiU, estableció que Hacienda no tendría autoridad para realizar este tipo de inspecciones y que, en su lugar, las competencias serían de la CNMV. Así, Hacienda, que puede llegar incluso a inspeccionar a la monarquía si lo considera necesario, tiene desde entonces esta parcela restringida.

Además, las más de 200 actas de infracciones quedaron neutralizadas por el Tribunal Económico Administrativo Central del Estado, que consideró que lo que había legislado el Parlamento tendría efectos retroactivos.

Por último, cabe destacar que el argumento del Gobierno de que modificar el reglamento de las SICAV podría suponer la fuga de capitales fuera de España no es real, y el por qué de esta afirmación será detallado en una próxima información de ForumLibertas.com.

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