Es evidente que España ha perdido toda su capacidad para definir la política económica, pero esto no significa que no posea márgenes de autonomía para andar por unas vías y evitar otras. La necesidad de reducir el gasto público puede hacerse de diversas maneras, pero el Gobierno ha escogido algunas acciones que tienen un valor sensible y simbólico sobre su forma de entender lo que presuponemos que es una acción dirigida al bien común.

Vayamos primero a la mayor. En el amplio paquete de medidas adoptadas continúan faltando dos piezas básicas. Una, la de la reforma energética, que es uno de los factores decisivos para mejorar la tan necesaria competitividad y ahorrar costes. Lo dejamos apuntado sin profundizar más porque no es el momento para hacerlo, pero ésta es una cuestión que tiene el valor de test porque muestra la poca independencia del Gobierno de los grupos de presión.

La otra gran medida que ni tan solo está apuntada es la necesaria reforma fiscal. Incluso en este apartado, viendo el desgarro a que están sometidos los trabajadores y las clases medias, el Gobierno no ha tenido la sensibilidad de acometer algunas medidas, de adoptar algunos gestos, que quizás desde el punto de vista económico no hubieran poseído un gran efecto, pero sin duda habrían permitido que el ciudadano los mirara de otra manera. Nos referimos a algún tipo de impuesto sobre las grandes fortunas, el IVA sobre los bienes de lujo o alguna actuación en torno a las SICAV, para apuntar distintas posibilidades.

Tampoco parece razonable en el actual contexto de paro que la base máxima de la cotización social suba cinco puntos y que además aumenten un punto la base mínima de cotización de los trabajadores autónomos. No parece que sea razonable ni que este sea el momento. Como no lo es que reduzca el sueldo, ya de por sí más bajo, de los profesores de la escuela concertada. Esto recuerda, hay que decirlo, a los tripartitos y a Rodríguez Zapatero. La concertada vive momentos difíciles: ahora imparte más horas de clase, sus profesores tienen salarios inferiores, no son funcionarios públicos pero ahora se les va a tratar como si lo fueran. Parece radicalmente injusto. Si lo hubiera hecho el Gobierno socialista lo estaríamos acusando de una maniobra para socavar este ámbito fundamental de la libertad de enseñanza. ¿Cómo lo hemos de calificar en el caso de Rajoy?

Punto y aparte merece la liberalización de los horarios comerciales. Hay un enorme engaño o malentendido, como se prefiera, pero esta medida no va a incentivar el consumo, porque este está en función del gasto disponible de las familias y no va a crecer porque los comercios estén abiertos a todas horas. La falacia de que determinadas y grandes superficies vayan a contratar más significa, ni más ni menos, que se van a perder puestos de trabajo en los pequeños locales comerciales, que cerrarán o prescindirán de uno o de los dos únicos empleados que tenían.

En el trasfondo de todas las medidas hay una evolución hacia más poder para los poderosos y un empeoramiento de la situación para la gran mayoría del país. Pensamos que el PP podía y todavía puede hacer otra política. De lo contrario, su papel en la gobernabilidad de España, que hasta ahora ha sido en términos de tiempo muy modesto, va a serlo todavía más en el futuro.