Para el 26 de junio, tres grandes Plataformas llaman a manifestarse en Madrid. Se trata de la Asamblea de Asociaciones por la Vida y la Dignidad, que agrupa a más de un centenar de asociaciones, desde las que son de ámbito local hasta las de mayor dimensión, como la Asociación Católica de Propagandistas, la Federación Española de Asociaciones Provida, el Foro de la Familia; de carácter europeo como One of Us, que promueven políticas basadas en la doctrina social de la Iglesia, como Cristianos en Democracia y e-Cristians, así como fundaciones como Villacisneros. También convoca Neos, la plataforma que trabaja para construir una alternativa cultural en España. El tercer componente es la denominación especifica que agrupa a organizaciones provida, Cada Vida Importa.
La causa esencial a la que llama esta manifestación es el rechazo rotundo a la nueva ley del aborto y rehacer el camino para construir la sociedad de la vida que se oponga al proyecto político imperante basado en resolver problemas mediante la muerte de seres humanos, la eugenesia aplicada como una razón para abortar, la legalización del suicidio asistido, es decir su pleno reconocimiento, cuando tal práctica se está convirtiendo en una plaga entre la juventud (después de reconocerlo, habilitan un teléfono de ayuda, demostrando así que el grado de contradicción a que puede llegar la política gubernamental es inacabable).
Esta ley es una burla al derecho. Resulta inaceptable que se pretenda legislar sobre un tema, el del aborto, cuando la ley en vigor está recurrida al Tribunal Constitucional y este dictará sentencia en un plazo relativamente corto, después de 11 años de espera. Es una trampa que intenta evitar la sentencia, de allí la urgencia con la que se tramitará el proyecto de ley, y que éste se apruebe cuando todavía existen numerosas cuestiones no resueltas por discrepancias entre los partidos del Gobierno. La pretensión es que la ley se apruebe antes que la sentencia, de manera que esta quede invalidada, y deba empezar de cero el proceso de volver a recurrirla. Claro que también es una burla que el Constitucional después de 11 años todavía no haya resuelto el recurso que se presentó contra la norma en vigor. Un perjuicio adicional, de cuyas consecuencias son plenamente responsables los jueces que asumieron la decisión, fue la negativa a aceptar la suspensión cautelar de aquellos artículos que producían un daño irreparable porque significaban una pérdida de vidas humanas. No es solo la política la que actúa de manera contraria al respeto a la vida, sino que una parte de los propios jueces y de la Fiscalía, también lo hacen en el mismo sentido.
La nueva ley pretende dar una vuelta de tuerca más, nunca mejor dicho tratándose de Unidas Podemos, al aborto de menores de 18 años y hasta los 16 sin conocimiento de sus padres, porque para acentuar más la irresponsabilidad, se pretenden eliminar los días de reflexión, algo insólito incluso en la legislación abortista de otros países, y la obligación de entregar un sobre con información sobre alternativas al aborto. Lo que se quiere es que la adolescente, con el susto en el cuerpo de saberse embarazada tan joven, se precipite abortar sin meditar las consecuencias que este grave hecho va a tener sobre su vida.
También da un paso más en la persecución de los defensores de la vida, obligando al señalamiento de los médicos que hagan objeción de conciencia, un método que ya se utilizó en el caso de la eutanasia. De esta manera se pretende intimidar a quienes trabajan en la sanidad pública, que son la inmensa mayoría, para que se avengan a practicar el aborto sin temer represalias profesionales en su futuro. Porque, mientras gobiernen quienes ahora lo hacen, ¿a qué cargos puede aspirar en el sistema hospitalario público un médico que se ha identificado en el registro como provida? Nos encontramos una forma de gobernar que practica la intimidación como sistema. Lo han hecho con una aberrante modificación del Código Penal, para castigar a quienes en los entornos de las clínicas rezan o reparten folletos informativos, o manifiestan su repulsa al aborto, en uso de sus derechos constitucionales. La modificación que se ha practicado tiene un escaso recorrido legal, pero constituye un poderoso instrumento coercitivo para que la policía, de entrada, actúe y se dedique a identificar a las personas, amedrentándolas o incluso deteniéndolas.
Manifestarse el 26 es, en primer término, defender la vida, lo cual es de decisiva importancia, pero también es mucho más. Es situar la base para responder de manera organizada, y cada vez con mayor fuerza, a una especie de régimen político que está convirtiendo nuestro estado de derecho en un estado de leyes, de manera que éstas se aplican según mejor convenga y en función de cuál es el tema de los sujetos concernidos. Habrá que sistematizar este diagnóstico para mostrarlo a la ciudadanía con hechos y datos concretos, la degradación democrática y de la justicia bajo la que vivimos, Denunciarla aquí y en Europa, impulsar la alternativa que haga posible la erradicación de estas tendencias intolerantes, antidemocráticas y represoras, es la gran tarea que ahora comienza.
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