Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre abren una oportunidad para plantear una pregunta que llevamos demasiado tiempo evitando: ¿qué rumbo queremos para la enseñanza en España?
Durante décadas hemos respondido a nuestros problemas educativos con una sucesión interminable de leyes, basadas todas ellas en el mismo paradigma, sobre el que apenas se ha discutido.
España necesita una nueva ley de enseñanza. Pero antes necesita algo mucho más importante: cambiar el marco mental sobre el que esa ley debe construirse.
Hace unas semanas escribía en este mismo medio sobre los malos resultados del último informe PISA.
Mi conclusión es clara: no estamos simplemente ante unos malos datos académicos, sino ante la constatación del fracaso de un modelo educativo.
PISA mide los resultados, pero detrás de esos resultados hay decisiones políticas, pedagógicas y antropológicas y, previamente a todas ellas, decisiones filosóficas que configuran el marco de partida.
Por eso, ante las próximas elecciones, quisiera formular diez propuestas al Gobierno que salga de las urnas, diez directrices previas que considero imprescindibles antes de plantearse una nueva ley educativa.
Su fundamentación y desarrollo están recogidos en el estudio que presenté hace unos meses y que puede descargarse al final de este artículo, titulado: “Propuesta de reforma estructural de la enseñanza en España: del igualitarismo a la libertad”
1. Primero la persona y la familia; después, el Estado
Este es el principio irrenunciable del que nace todo lo demás.
Sí, los hijos son de los padres. El Estado no es el titular del derecho a educar a nuestros hijos. Son los padres, somos los padres.
La escuela colabora con las familias y el Estado tiene la importantísima misión de garantizar subsidiariamente que estas puedan ejercer su derecho. El orden es muy sencillo: primero la persona, después la familia, después la escuela y, finalmente, el Estado como garante.
Invertir premeditada y progresivamente ese orden responde a un proyecto ideológico en cuyo fondo se encuentra la antigua pretensión de que el Estado forme a las futuras generaciones lo más al margen posible de sus familias.
2. Volver a hablar de enseñanza, no de educación
Las palabras importan y por eso propongo recuperar la denominación de Ministerio de Enseñanza o de Instrucción Pública y así sucesivamente con las consejerías y concejalías.
Porque educar y enseñar no son lo mismo.
La educación es la formación integral de la persona y corresponde primordialmente a la familia. La enseñanza forma parte de ella y tiene como misión específica transmitir conocimientos, cultura y hábitos intelectuales. La escuela colabora en la educación por delegación de la familia, pero no la sustituye..
3. Que el dinero siga a la familia
Esta sería probablemente la reforma estructural más importante, la clave de bóveda de la libertad de elección de las familias.
Hay que pasar progresivamente de financiar la oferta a financiar la demanda.
En el sistema actual, al financiar la oferta, es la Administración quien decide previamente qué centros pueden recibir financiación: nada para los privados, el cien por cien del coste para los estatales y la mitad del coste para los concertados. Sólo después las familias eligen entre ellos.
Si se financiase de manera suficiente la demanda, es decir, si se hiciera accesible el dinero directamente a las familias, ellas elegirían la red educativa y el centro que quisieran en función de sus prioridades.
En otro momento expondré de manera concreta casos reales, algunos ya judicializados, de cómo las administraciones maniobran torticeramente para impedir a las familias elegir centro incluso cuando existen plazas para acoger a sus hijos.
4. No defendamos la concertada. Defendamos la libertad
Hay que actualizar los módulos económicos, recuperar la demanda social, avanzar en la gratuidad del Bachillerato y ampliarla suficientemente en la Formación Profesional. Pero no porque la concertada sea más barata. Ese argumento, aun siendo importante, es secundario.
No defendemos centros. Defendemos familias. No defendemos privilegios. Defendemos derechos.
La concertada tiene sentido porque permite ejercer la libertad de elección de colegios según su ideario, dando así la prioridad a la elección de las familias también entre quienes no pueden pagarse un colegio privado.
5. Del igualitarismo a la excelencia
Todos los alumnos poseen la misma dignidad. Pero no todos tienen las mismas capacidades, talentos, ritmos ni vocaciones.
Necesitamos itinerarios diferenciados, evaluaciones rigurosas y recuperar sin complejos las palabras mérito, esfuerzo, excelencia y diferencia. Durante años hemos repetido que ningún alumno debe quedarse atrás. Por supuesto.
Pero no podemos construir un sistema en el que, para que ninguno se quede atrás, impidamos también que alguno pueda ir por delante.
La verdadera igualdad no consiste en que todos lleguen al mismo sitio. Consiste en que cada uno tenga igualdad de oportunidades en el acceso y en que cada uno pueda llegar tan lejos como sus capacidades, su vocación y su esfuerzo le permitan.
6. Devolver la autoridad al profesor
Sin autoridad no hay enseñanza.
Hemos confundido autoridad con autoritarismo, disciplina con represión y exigencia con falta de empatía.
El resultado no ha sido una escuela más humana. Ha sido, demasiadas veces, un profesor más solo. Necesitamos protección jurídica, procedimientos disciplinarios sencillos y direcciones escolares con capacidad real para garantizar el orden. Menos protocolos y más autoridad.
7. Dar libertad real a los centros
Hablamos continuamente de autonomía escolar mientras se regula sin medida. Prácticamente cada aspecto de la vida de los centros está regulado. ¿Por qué no dejar a los centros que puedan decidir una parte significativa de su currículo?.
Que unos apuesten más por las humanidades; otros por las ciencias, la música, los idiomas o la tecnología.
Pluralidad educativa significa que puedan existir escuelas realmente diferentes.
Autonomía para decidir y adaptarse a las necesidades reales de sus alumnos y sus barrios. Responsabilidad sobre las decisiones tomadas. Y evaluación rigurosa de los resultados.
8. Proteger la escuela del adoctrinamiento
No existe una escuela neutral; es una falacia. Precisamente por eso, el Estado no puede convertir su propia concepción del hombre en doctrina obligatoria para todos.
Especialmente en cuestiones morales, afectivas, sexuales o relativas a la identidad personal, debe respetarse el derecho natural, primario e inalienable de los padres.
Defenderlo no significa negar la dignidad de nadie; significa aceptar que una sociedad plural debe respetar también la pluralidad moral y religiosa de las familias. El antídoto frente al adoctrinamiento no es una neutralidad imposible, sino más libertad y más pluralidad.
9. Recuperar la justicia para acceder a la universidad
No tiene sentido que alumnos que competirán después por las mismas plazas universitarias sean evaluados mediante pruebas diferentes según el lugar de España en el que vivan. No es ecuánime.
Como primer paso necesitamos una PAU (antes EVAU y antes Selectividad) común, con criterios y niveles de exigencia homogéneos.
Pero deberíamos atrevernos a discutir algo más profundo: ¿por qué no permitir que todas las universidades tengan progresivamente mayor capacidad para seleccionar a sus alumnos y construir proyectos universitarios realmente diferenciados, capaces de generar un prestigio académico que aporte valor añadido a la titulación?
También en la universidad necesitamos pasar de la uniformidad a la autonomía y la excelencia.
10. Desburocratizar la escuela
Los profesores y directores dedican una cantidad disparatada de tiempo a demostrar mediante documentos que están haciendo aquello que no pueden hacer porque están rellenando documentos. Es absurdo.
La inspección debe garantizar legalidad y calidad, no convertirse en un gigantesco sistema de fiscalización administrativa más pensado para salvaguardar las espaldas de todo el sistema en caso de problemas que para ser útil en caso de necesidad.
Menos informes. Menos protocolos. Menos burocracia. Más tiempo para enseñar.
Estas diez medidas no sustituyen una nueva ley de enseñanza por otra: preparan un marco diferente sobre el que elaborarla. No es una nueva alineación, es un nuevo terreno de juego.
El objetivo debe ser construir una nueva arquitectura legislativa asentada sobre fundamentos diferentes: libertad de enseñanza, subsidiariedad del Estado, centralidad de la familia, autonomía de los centros y recuperación de la excelencia académica.
Pero también hay que ser realistas. Puede ocurrir que el Gobierno que salga del 29-N no disponga de la mayoría parlamentaria necesaria para acometer esa reforma completa de manera inmediata, y eso no puede convertirse en una excusa para no hacer nada.
Muchos cambios pueden comenzar desde el primer día mediante modificaciones parciales de la LOMLOE, reales decretos, normativa de conciertos, regulación de la inspección, decisiones presupuestarias e instrucciones administrativas.
En el estudio citado, hago una propuesta para actuar de manera quirúrgica sobre la ley actual y mejorar sus aspectos más nocivos.
Tendríamos que ser más ambiciosos, pero primero hay que saber hacia dónde queremos ir. Después habrá que utilizar todos los instrumentos disponibles para avanzar en esa dirección.
Si podemos cambiar la ley, cambiémosla. Si todavía no podemos hacerlo completamente, empecemos a cambiar la realidad.
Lo que no podemos hacer es continuar administrando el mismo modelo esperando resultados diferentes.
Una oportunidad para el Gobierno que salga del 29-N
PISA nos ha vuelto a enseñar los resultados. Ahora toca discutir las causas. Y las elecciones del 29 de noviembre ofrecen una oportunidad para hacerlo. No discutamos solamente qué artículos de la LOMLOE queremos derogar.
Preguntémonos qué modelo queremos construir.
España necesita cambiar el rumbo de su enseñanza. Del igualitarismo a la libertad. De la uniformidad a la pluralidad. De la burocracia a la responsabilidad. De la centralidad del Estado a la centralidad de la persona y de la familia.
→ Descargar el documento completo: «Propuesta de reforma estructural de la enseñanza en España»
