La administración Trump ha anunciado su intención de poner fin a la financiación federal restablecida durante la presidencia de Joe Biden para proyectos de investigación que emplean tejido fetal procedente de abortos.
Este cambio responde a reparos éticos y busca revisar la emisión prevista de 22 millones de dólares en subvenciones orientadas a este tipo de trabajos.
Un retorno a las restricciones previas
El investigador y profesor David Prentice, escribiendo para National Right to Life, sostiene que el nuevo enfoque retoma —y actualiza— las líneas de actuación que el presidente Donald Trump ya aplicó en su primer mandato.
En 2019 y 2020, recuerda Prentice, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) canceló un contrato de investigación concreto, impuso límites al uso de dinero de los contribuyentes y exigió que una junta asesora independiente en ética evaluara las propuestas de subvenciones relacionadas con tejido fetal.
A juicio de Prentice, la etapa Biden había levantado o suavizado esas barreras, reabriendo la financiación; la reversión actual las restablecería.
El viraje llega, además, con apoyo legislativo: la Casa Blanca cuenta —según el propio Prentice— con el aval del proyecto de ley de financiación del Comité de Asignaciones de Trabajo, Salud y Servicios Humanos de la Cámara de Representantes.
Ese respaldo presupuestario daría cobertura normativa al replanteamiento, asegurando que las partidas federales se alineen con los nuevos criterios.
La posición de los organismos federales y del HHS
En paralelo, los Institutos Nacionales de Salud (NIH) han subrayado por escrito que se toman “muy en serio” cualquier investigación que involucre tejido fetal, y que su actuación se guía por “los más altos estándares éticos”, por el compromiso de “valorar la vida humana” y por la exigencia de que toda investigación sufragada con fondos públicos sea “responsable y transparente”.
La declaración traza un marco de garantías que, en la práctica, intenta conciliar el impulso científico con las expectativas éticas de la ciudadanía.
Desde el liderazgo político sanitario, el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy, Jr., ha expresado su apoyo a la protección de los dólares de los contribuyentes y ha invitado a la comunidad científica a priorizar alternativas como el uso de células madre —en lugar de tejido fetal— para el desarrollo de proyectos biomédicos.
La orientación, en términos de política pública, apunta a un desplazamiento de recursos hacia líneas de investigación consideradas menos controvertidas desde el punto de vista moral.
¿Es necesaria la investigación con tejido fetal?
Los defensores del uso de tejido fetal han argumentado durante años que ciertas líneas de investigación dependen de ese material biológico y que gracias a él podrían alcanzarse desarrollos terapéuticos de gran impacto. Esta postura enfatiza el potencial científico y la historia de su empleo en campos como la virología o el estudio del desarrollo humano.
Frente a ello, Prentice responde con un juicio tajante: “tras cien años de intentos de trasplante con tejido fetal, no ha habido ni una sola cura”. En su análisis, las “afirmaciones científicas” que respaldan esta línea se habrían visto refutadas en audiencias del Congreso, artículos científicos y publicaciones de divulgación.
Va más allá: un examen exhaustivo de la ciencia, la ética y las alternativas mostraría —sostiene— que la investigación con tejido fetal abortado es un “fracaso”, y que seguir financiándola supone no solo una “transgresión moral”, sino también una mala asignación de recursos que detrae fondos de programas “válidos” que sí ayudan a los pacientes.
Lo cierto es que la polémica ha servido para acelerar la conversación sobre alternativas: células madre adultas, células pluripotentes inducidas (iPSC), organoides, biobancos éticamente fuenteados y modelos computacionales avanzados.
La cuestión de fondo —qué innovaciones merecen apoyo público y bajo qué salvaguardas— seguirá en el centro.
¿Qué cambia a partir de ahora?
Si la administración culmina el proceso anunciado, veremos al menos tres efectos inmediatos:
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Reorientación de fondos hacia programas que utilicen materiales y metodologías no controvertidas, con criterios más exigentes de revisión ética ex ante.
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Mayor escrutinio: la reactivación de juntas asesoras en ética —o su fortalecimiento— hará más rigurosa la evaluación de riesgos y beneficios de cada propuesta.
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Señal cultural: el mensaje político devaluará el empleo del tejido fetal abortado como estándar de investigación y elevará el listón moral exigible a los proyectos que aspiran a dinero público.
En un tiempo de polarización, sería un signo de madurez que la reorientación de recursos venga acompañada de una apuesta real por alternativas éticas y eficientes, por transparencia radical y por evaluación independiente de resultados.
Solo así la ciencia pública honrará su doble vocación: servir a la verdad y servir a las personas.
