La batalla cultural y sanitaria en torno al aborto químico continúa intensificándose en Estados Unidos.
Cinco organizaciones médicas provida han enviado una carta a la Food and Drug Administration (FDA) para solicitar que no se posponga la investigación sobre la seguridad del mifepristona (RU486), el fármaco utilizado en el llamado “aborto con pastillas”, cuyo objetivo directo es provocar la muerte del niño en el seno materno y que, además, conlleva riesgos serios para la salud de la madre.
En la carta, fechada el 8 de enero de 2026 se expresa su preocupación ante la posibilidad de que la agencia federal retrase una revisión que, en diversas ocasiones, se comprometió a llevar a cabo de forma “profunda y completa”.
Los médicos subrayan que, cuando se habla de “seguridad” del mifepristona, no puede olvidarse una realidad evidente: nunca es seguro para el bebé, porque el fin del procedimiento es acabar con su vida.
Sin embargo, incluso si se analiza solo desde el punto de vista de las mujeres, el aborto químico presenta—según afirman—un nivel de complicaciones que se estaría minimizando en el debate público.
Entre los argumentos principales, la carta recuerda que dos informes basados en solicitudes de reembolso de seguros médicos, que analizan datos de 330 millones de pacientes estadounidenses (2017–2023), identificaron más de 860.000 prescripciones de mifepristona y rastrearon eventos adversos en los 45 días posteriores.
Los resultados, dicen, son alarmantes: el 10,93% de las mujeres habría sufrido complicaciones graves, incluyendo infecciones, hemorragias, necesidad de cirugía o embarazos ectópicos no diagnosticados. Este porcentaje, sostienen los firmantes, encaja con lo observado por muchos profesionales en su práctica clínica y sugiere que el riesgo real podría ser hasta 22 veces mayor que el difundido habitualmente por la industria del aborto, que suele hablar de complicaciones serias en menos del 0,5% de los casos.
¿Por qué existiría esta diferencia tan grande? En la carta se señalan al menos dos causas.
La primera, que algunos proveedores de aborto químico aconsejan a las mujeres que, si acuden a urgencias por complicaciones, digan que están sufriendo un aborto espontáneo, ocultando el consumo del fármaco.
La segunda, que el modo de clasificar los problemas puede distorsionar las cifras: se etiquetan como “menores” situaciones realmente graves, como lesiones del cuello uterino que requieren sutura, abortos fallidos o incompletos, hemorragias significativas, infecciones o intervenciones quirúrgicas de aspiración.
A todo ello se suma un elemento crucial: la reducción progresiva de los mecanismos de control. Desde 2016, la FDA dejó de exigir que se reportaran obligatoriamente las complicaciones del mifepristona, salvo en caso de muerte de la madre. Y, aun así, los datos oficiales citados señalan que desde el año 2000 hasta el 31 de diciembre de 2024 se registraron 36 muertes de mujeres tras ingerir la primera de las dos pastillas del protocolo clásico (mifepristona más misoprostol).
Entre 2016 y 2021 se desmontaron otras medidas de seguridad que, según los médicos, han dejado a las mujeres “más abandonadas a su suerte”.
Recuerdan también que durante la administración Biden, en el contexto del Covid, se permitió el envío del mifepristona por correo sin evaluación médica presencial ni seguimiento continuado. Todo esto ocurre en un escenario donde el aborto químico crece: en 2023 habría representado el 63% de los abortos oficiales, según datos del Guttmacher Institute.
Por eso, las organizaciones solicitan a la FDA medidas concretas: volver a la administración presencial, restablecer el reporte obligatorio de todos los eventos adversos, exigir ecografías para confirmar edad gestacional y descartar embarazo ectópico, realizar una revisión “urgente y profunda” del fármaco y recuperar medidas previas a 2016, como limitar su uso a las primeras siete semanas y asegurar una visita de control en persona.
Estas propuestas, afirman, podrían reducir daños a la mujer. Pero para una mirada justa el problema de fondo permanece: ninguna “mejora” del protocolo cambia la injusticia esencial del aborto, que elimina a un ser humano inocente.
Cuando se normaliza que una vida pueda ser descartada, también se debilita—como ya vemos—la protección real de la vida en todas sus etapas. La defensa del no nacido y el cuidado auténtico de la madre no son caminos opuestos: son, en verdad, la misma lucha por la dignidad humana.
