El juez Bryan Gantt, del norte de Texas, emitió el fallo después de que Margaret Daley no respondiera a la demanda presentada por el fiscal general de Texas.
La demanda, interpuesta en diciembre, argumenta que Margaret proporcionó ilegalmente medicamentos abortivos a una residente del condado de Collin, lo que resultó en aborto y complicaciones graves para la madre, quien requirió atención médica.
Margaret Daley, fundadora de la «Coalición de Aborto por telemedicina», no está autorizada para ejercer la medicina en Texas, lo que agravó la situación legal en su contra. Al no presentar ninguna respuesta legal, la corte aceptó como válidos los reclamos en su contra y procedió a sancionarla.
Este fallo representa la primera sentencia contra un individuo específico bajo la ley HB 1280 de Texas, que prohíbe la mayoría de los abortos en el estado. También es un caso clave para evaluar la validez de las llamadas «leyes escudo», que buscan proteger a los proveedores de servicios de aborto en estados proabortistas de enfrentar consecuencias legales en estados provida.
Reacciones y el panorama legal del aborto
Tras la decisión judicial, el fiscal general Ken Paxton reafirmó su compromiso con la legislación provida en Texas:
Los médicos radicales de otros estados no podrán vender medicamentos peligrosos e ilegales en Texas para matar a bebés no nacidos. Cualquier doctor que intente hacerlo será castigado con todo el peso de la ley.
Margaret, hasta el momento, no ha emitido ninguna declaración en respuesta al fallo.
Estrategias de la industria del aborto tras la derogación de Roe v. Wade
Desde la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. en 2022 que anuló Roe v. Wade, la industria del aborto ha implementado nuevas estrategias para eludir las restricciones estatales. Entre estas, se destacan:
- Financiamiento de viajes interestatales para mujeres que buscan abortos.
- Construcción de clínicas cerca de las fronteras entre estados con legislaciones opuestas.
- Creación de «santuarios» en estados liberales para proteger legalmente a los proveedores de servicios abortivos.
- Incremento en la distribución de píldoras abortivas por correo.
El uso de medicamentos como mifepristona y misoprostol ha aumentado considerablemente, representando actualmente alrededor del 50% de los abortos en EE.UU., según el Instituto Guttmacher.
Riesgos para la salud y preocupaciones provida
Grupos provida han expresado serias preocupaciones sobre la seguridad de las píldoras abortivas. Un informe de 2020 dirigido a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) reveló que estos medicamentos han estado involucrados en más de 4.000 eventos adversos reportados desde el año 2000, incluyendo 24 muertes maternas.
Adicionalmente, un estudio publicado en 2021 por la Charlotte Lozier Institute indicó que las visitas a salas de emergencia por complicaciones relacionadas con píldoras abortivas aumentaron en un 500% entre 2002 y 2015.
La administración Biden eliminó los requisitos previos que exigían que estos medicamentos fueran administrados bajo supervisión médica, lo que podría aumentar los riesgos para las mujeres que los consumen sin la debida atención.
El futuro del acceso al aborto y la postura del gobierno federal
El panorama político en torno al aborto sigue evolucionando. Aunque el presidente Donald Trump ha tomado varias acciones provida desde su regreso al cargo, durante su campaña afirmó que no haría cumplir las leyes federales que prohíben la distribución de píldoras abortivas por correo. Sin embargo, algunos activistas provida esperan que esto cambie tras el nombramiento de Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud y Servicios Humanos. Kennedy ha anunciado que Trump le ha pedido investigar los peligros de estos medicamentos abortivos.
A medida que estados provida como Texas continúan reforzando sus leyes contra el aborto, el conflicto legal entre jurisdicciones con posturas opuestas se intensifica. La decisión contra Margaret podría ser un precedente para futuras acciones legales contra otros proveedores de aborto que operan a distancia.
