Vox y la Iglesia

Vox y, en particular, Santiago Abascal han pasado en los últimos años de presentarse como defensores de la Iglesia a protagonizar choques muy duros con parte de la jerarquía católica, especialmente con la Conferencia Episcopal Española y con el papa Francisco.

En agosto de 2025, tras un comunicado de la Conferencia Episcopal defendiendo la libertad religiosa de la comunidad musulmana ante una moción del PP y Vox en Jumilla que limitaba los actos islámicos en instalaciones deportivas, Abascal acusó a “parte de la jerarquía eclesiástica” de estar “amordazada”. Llegó a afirmar que no sabía si la postura de los obispos se debía “a los ingresos públicos que reciben o a los casos de pederastia”, vinculando la actitud de la Iglesia ante el Gobierno tanto a la financiación pública como a los escándalos de abusos. En lugar de una crítica razonada, recurrió —como es habitual en la lógica del exabrupto— a la insidia, en este caso al más puro estilo de la FAI: la Iglesia como institución que mercadea y abusa de menores.

En ambas líneas ha insistido en entrevistas y actos públicos. Abascal ha reiterado que algunos obispos no se pronuncian con firmeza porque temen perder subvenciones públicas, sugiriendo que su postura estaría condicionada por “los ingresos públicos que reciben”.

Asimismo, ha deslizado que los casos de pederastia habrían dejado a la Iglesia sin autoridad moral y “amordazada”, utilizando este argumento para explicar por qué, según Vox, parte de la jerarquía no acompaña sus postulados políticos.

Abascal ha insistido en que la Iglesia está “absolutamente amordazada” ante lo que define como “gobiernos liberticidas”, reprochando a los obispos su falta de confrontación directa con el Ejecutivo. En realidad, como ocurre con frecuencia en la izquierda, no acepta la libertad de la Iglesia, sino que pretende someterla a su propio marco político: Abascal como medida de lo que debe ser lo católico.

Desde 2019 se han producido enfrentamientos retóricos con el papa Francisco. Abascal llegó a referirse a él como “ciudadano Bergoglio” después de que el pontífice criticara las políticas antiinmigración, marcando así distancias con su línea política.

Vox, siguiendo un estilo similar al de la izquierda y la extrema izquierda en otros ámbitos, ha reprochado al papa una supuesta “injerencia política” cuando defiende la acogida de migrantes o cuestiona posturas nacionalistas, al tiempo que el partido intenta instrumentalizar símbolos católicos en clave identitaria.

Vox utiliza un catolicismo de carácter identitario —definido por la confrontación con el islam, el feminismo o la llamada “ideología de género”— que choca frecuentemente con el discurso social de la Iglesia española y del Vaticano. La razón es evidente: para la Iglesia el punto de partida es su doctrina social; para Vox, una ideología de corte chovinista que instrumentaliza elementos del cristianismo como herramientas políticas y no como fines en sí mismos.

Cuando la Conferencia Episcopal defiende la dignidad de los migrantes o se distancia de la islamofobia, algunos obispos han llegado a afirmar que “un xenófobo no puede ser un buen cristiano”, en clara alusión a planteamientos como los de Vox.

Tras las declaraciones de Abascal sobre Jumilla, la Conferencia Episcopal y otros obispos respondieron recordando que la libertad religiosa se aplica también a los musulmanes y apelando a la dignidad humana frente a discursos excluyentes.

En ese contexto, los obispos han advertido de que los planteamientos xenófobos o de odio al diferente son incompatibles con la doctrina cristiana, lo que supone una desautorización indirecta pero clara de la retórica de Vox.

La crítica más reciente de Abascal y de la dirección de Vox a la Iglesia se centra en el apoyo eclesial a la regularización extraordinaria de inmigrantes en España, con acusaciones muy directas de “negocio” y de “promoción de una invasión”.

El Gobierno ha puesto en marcha un proceso de regularización extraordinaria de cientos de miles de extranjeros en situación irregular, en línea con la Iniciativa Legislativa Popular apoyada por entidades eclesiales y defendida por la Conferencia Episcopal.

La Conferencia Episcopal y organizaciones como Cáritas, el Departamento de Migraciones y otras redes eclesiales han presentado esta medida como un acto de justicia social y una vía para salir del “limbo jurídico” en el que viven muchas personas migrantes.

Es evidente, sin embargo, que a la acogida de los obispos a la decisión del Gobierno le ha faltado algo que habitualmente a la Iglesia le sobra: equilibrio. No es lo mismo una ILP que exige una ley tramitada por el Parlamento, con luz y taquígrafos, exigencias de información y capacidad de enmienda, que un decreto urgente que no pasa por el Congreso. Para empezar, el propio Gobierno no sabe cuántas personas regularizará, pues las cifras oscilan entre medio millón y ochocientas mil, en plazos increíblemente cortos y sin medios suficientes para realizar procedimientos esenciales, como la comprobación de antecedentes policiales, para la que bastará una declaración jurada del interesado, con el agravante de que una parte de estas personas opera con identidades ficticias y sin documentación acreditativa.

La crítica al cómo y al cuánto es más que justa, y en este sentido cabe una crítica racional a la posición de la Conferencia Episcopal, o al menos de una parte significativa de ella.

Pero Abascal no hace tal cosa, sino que recurre a la descalificación, además de forma malévola. Esto, como católicos, no se puede aceptar, a menos que practiquemos el “tirar piedras contra nuestro propio tejado” o estemos abducidos por la ideología mundana. Durante la campaña electoral aragonesa, Abascal declaró que “hay obispos, una minoría probablemente, que están haciendo negocio con la inmigración”, acusando directamente a parte de la jerarquía de lucrarse con estas políticas. Vinculó estas acusaciones a ONG “que funcionan con dinero público, algunas de ellas de la Iglesia”, señalando expresamente a Cáritas y cuestionando sus intereses económicos.

En actos de campaña, Abascal ha prometido “denunciar” a cualquier organización que “promueva la invasión” de inmigrantes, incluyendo expresamente “a una parte de la jerarquía de la Iglesia católica”.

Vox presenta la regularización como un paso más en una supuesta “invasión islamista” destinada a la “sustitución del pueblo español”, y reprocha a los obispos que avalen, a su juicio, esa dinámica.

La conclusión es evidente: del mismo modo que determinados planteamientos sociales no justifican un apoyo incondicional de los católicos al socialismo, porque su proyecto global es incompatible con la doctrina católica, tampoco se puede, desde una conciencia católica bien formada, apoyar a Vox —y menos aún a Abascal— en términos incondicionales. Vox pretende embridar a la Iglesia para que siga todos sus postulados, y eso es absolutamente inaceptable. Quien vote a Vox a cualquier precio debe saber que esa opción no es compatible con una conciencia católica bien formada.

Pero existe otra derivada: la Iglesia católica en España, así como la Nunciatura, deben reflexionar seriamente sobre cómo es posible encontrarse tan aisladas y rechazadas políticamente. Cómo es posible que no dispongan de interlocutores políticos fiables o de sujetos políticos en los que confiar mínimamente. Ese es también un gran agujero negro que la Iglesia debe afrontar.