Así lo señaló Eduardo Stein, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en su intervención de este lunes 28 de octubre de 2019, en conferencia internacional que está teniendo lugar en Bruselas, con ocasión de la crisis humanitaria generada por el régimen castro-comunista de Venezuela.
ACNUR ya ha reconocido que, en la actualidad, la cantidad de refugiados y migrantes venezolanos alcanza los 4,5 millones; por lo que el incremento para el próximo año será de un será de un 44,4 % con respecto a 2019; alcanzando los 6,5 millones, lo que representa un poco más de una quinta parte de la población de ese país latinoamericano.
Sin duda, se trata de una diáspora sin precedentes en el continente americano.
El representante de ACNUR, refiriéndose a la tragedia del pueblo venezolano, aseveró que «No hay visos de que la crisis migratoria vaya a terminar, y la vulnerabilidad de la población aumenta«; y, asimismo, señaló que se trata de una «crisis que hace peligrar la estabilidad regional«, por lo que «es acuciante la necesidad de una respuesta coordinada y avalada por la comunidad internacional«.
Este evento ha sido organizado por la Unión Europea junto con la ONU –a través de ACNUR- y la Organización Internacional para las Migraciones; con el fin de llamar la atención de la comunidad internacional y, así, procurar apoyos para la solución –o al menos la paliación- de esta grave crisis humanitaria por la que atraviesa Venezuela: país que, hasta antes de la llegada de Chávez al poder, fuera considerado el más próspero de América Latina; y cuya democracia llegó a ser la más estable de toda la región entre 1958 y 1999.
La conferencia durará un par de días, y no pretende la captación de donantes, sino la sensibilización de la comunidad internacional, sobre la dramática situación de los refugiados y migrantes venezolanos y la problemática que representan para los distintos países de receptores; entre los que destacan Colombia con 1.300.000 de acogidos, Perú con 768.000 y Chile con 288.000.
En el mismo evento, Filippo Grandi, Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, alertó acerca del apoyo que ameritan tanto los más de 4,5 millones de refugiados venezolanos dispersos por el mundo, como los países de acogida, la mayoría de los cuales se ven superados en sus capacidades de respuesta ante una crisis de semejante magnitud.
“Queremos crear conciencia sobre la gravedad de esta crisis, queremos confirmar e incrementar el apoyo internacional para una respuesta regional y coordinada«, expresó la Alta Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini.
Según el Gobierno Español, representado por el ministro de Asuntos Exteriores, en funciones, Josep Borrell; en los últimos dos años España ha destinado 14 millones de euros a esta crisis humanitaria, y la Unión Europea un total de 117 millones.
En este contexto, resuena la voz profética del Magisterio Social de la Iglesia Católica, que interpela las conciencias de la siguiente manera: “La Comunidad Internacional en su conjunto tiene la obligación moral de intervenir a favor de aquellos grupos cuya misma supervivencia está amenazada o cuyos derechos humanos fundamentales son gravemente violados. Los Estados, en cuanto parte de una Comunidad Internacional, no pueden permanecer indiferentes; al contrario, si todos los demás medios a disposición se revelaran ineficaces, «es legítimo, e incluso obligado, emprender iniciativas concretas para desarmar al agresor». El principio de la soberanía nacional no se puede aducir como pretexto para impedir la intervención en defensa de las víctimas”.
