«La justicia nos ha dado la razón y ha condenado a ACAI por mentir a las mujeres sobre los riesgos del embarazo. Pedimos a los gobiernos autonómicos de España que suspendan los conciertos económicos de los 28 centros adheridos a ACAI», ha afirmado la Asociación Española de Abogados Cristianos, promotora de la denuncia contra la ACAI.
La Audiencia Provincial de Oviedo ha fallado, en segunda instancia, a favor de los Abogados Cristianos, ya que considera que las clínicas abortistas mintieron en su web sobre las consecuencias que pueden derivar del aborto. La organización de juristas cristianos señalaba que «la perforación del útero, el riesgo de esterilidad o el suicidio son algunos de los riesgos que ACAI ha ocultado».
La Asociación ha anunciado que seguirá desarrollando nuevas acciones contra las clínicas abortistas tras este logro: «Vamos a continuar el proceso para que se les retire la financiación pública a las clínicas». Algunos de los centros asociados a ACAI son: Clínica Dator, El Bosque, Belladona, Pacífico, Isadora, Buenavista, Ginesur, Ginecológica Callao, Policlínica Retiro, Casanova, Ginemur, Poliplanning, Actur o Clínica Triana.
La presidenta de la asociación cristiana ha asegurado que «se ha hecho justicia contra una organización que, para beneficiarse, ha mentido a muchas mujeres animándolas a abortar como si estuvieran libres de serias secuelas» y destaca que «las ayudas públicas tienen que ser destinadas a las madres que tienen pocos recursos y no a los empresarios del aborto que sólo buscan dinero en el sufrimiento ajeno».
Las clínicas abortistas y el negocio del aborto
ForumLibertas ya abordaba la situación de las clínicas abortistas, que representan un gran negocio detrás de un discurso de supuesta ayuda a la mujer.
En el artículo Las clínicas de la ACAI y el aborto como negocio, este diario explicaba el modus operandi en el caso Morín y las supuestas irregularidades financieras en las que podrían incurrir las clínicas, ya que es una evidencia que el aborto en España se ha convertido en un magnífico negocio para aquellos que lo practican.
Los datos que figuraban en el sumario del caso Morín lo demuestraban claramente. Un colaborador suyo sin título de ginecólogo percibía, según sus propias declaraciones por teléfono, un mínimo de 5.000 euros al mes que podían llegar en diversas ocasiones a los 8.000.
Si éste es el resultado de un colaborador era fácil inferir lo que puede representar para el propietario del negocio. Estas circunstancias se veían facilitadas por la impunidad con que estas clínicas vienen funcionando que se extiende hasta el ámbito fiscal.
A pesar de que existen datos en abundancia de que una gran parte de los pagos se hacen en metálico, nunca Hacienda ha realizado en estas clínicas uno de esos peinados fiscales sistemáticos que hace con frecuencia en otros ámbitos de la actividad económica.
