El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó a afirmar en su momento que podría gobernar sin el Parlamento. Una declaración que, en cualquier democracia consolidada, debería provocar un debate profundo sobre los límites del poder ejecutivo y el papel de las instituciones representativas. Sin embargo, más allá de la polémica puntual, lo verdaderamente preocupante es comprobar cómo esa idea parece trasladarse progresivamente a la práctica política.
El uso recurrente del decreto ley se ha convertido en uno de los rasgos más característicos de la actual legislatura. Un instrumento constitucional pensado para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, pero que corre el riesgo de transformarse en una vía habitual para aprobar medidas sin el debate parlamentario que exige la democracia representativa.
El decreto como atajo político
Gobernar mediante decretos no es, en sí mismo, ilegal. La Constitución lo contempla como una herramienta excepcional. El problema aparece cuando la excepción comienza a convertirse en norma y el Parlamento pasa de ser el centro del debate político a un mero órgano de ratificación posterior.
En los últimos tiempos, además, esta práctica ha adoptado una fórmula especialmente controvertida: los llamados decretos “ómnibus”, que agrupan en un solo texto medidas de naturaleza muy distinta. Pensiones, vivienda, políticas sociales o medidas económicas se mezclan en un paquete legislativo que obliga a los grupos parlamentarios a aceptar o rechazar el conjunto sin posibilidad de un análisis detallado de cada medida.
Esta estrategia no solo dificulta el control parlamentario, sino que reduce la transparencia y empobrece el debate democrático. Cuando las leyes se aprueban en bloque, el diálogo político se sustituye por la presión y el cálculo táctico.
Una mayoría frágil y un poder cada vez más concentrado
El recurso constante al decreto también refleja la fragilidad de una mayoría parlamentaria cada vez más inestable. Cuando incluso los socios habituales del Gobierno rechazan determinadas propuestas, el decreto se convierte en una vía para evitar el desgaste político del debate y la negociación.
Pero gobernar sin diálogo no fortalece la democracia; la debilita. El Parlamento no es un obstáculo para el poder ejecutivo, sino su contrapeso natural. Cuando este equilibrio se rompe, el riesgo de una deriva autocrática —aunque sea dentro de los márgenes legales— comienza a hacerse real.
Una cuestión moral antes que ideológica
Desde la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia, el ejercicio del poder político está inseparablemente unido al servicio del bien común y al respeto de las instituciones que garantizan la participación social. El principio de subsidiariedad y la cultura del diálogo son pilares esenciales para una sociedad verdaderamente democrática.
Cuando el poder se concentra y se reduce el espacio del debate, no solo se empobrece la política; se debilita la confianza de los ciudadanos en el sistema. Y una democracia sin confianza termina convirtiéndose en una estructura formal, pero vacía de contenido real.
El peligro de normalizar la excepción
La historia demuestra que las democracias no suelen desaparecer de forma brusca. Se deterioran lentamente, cuando prácticas excepcionales se convierten en habituales y cuando la urgencia política justifica la reducción del control institucional.
El problema no afecta solo a un gobierno concreto. Afecta al modelo democrático que queremos preservar para el futuro. Porque lo que hoy se normaliza puede convertirse mañana en precedente para cualquier otro Ejecutivo, sea del signo político que sea.
Recuperar la cultura del debate
España necesita recuperar una política basada en el diálogo, el consenso y el respeto institucional. El Parlamento debe volver a ser el lugar donde se discuten las leyes que afectan a la vida de los ciudadanos, no un escenario secundario al que se acude solo para validar decisiones previamente tomadas.
Gobernar con mayoría exige negociar. Gobernar en minoría exige aún más diálogo. Saltarse ese proceso puede resultar más rápido, pero casi nunca es más justo ni más democrático.
La verdadera fortaleza de un sistema político no se mide por la capacidad de imponer decisiones, sino por la capacidad de construir acuerdos duraderos al servicio del bien común.
