Juan Carlos Corvera, presidente de la Fundación Educatio Servanda, fue entrevistado recientemente en el podcast La charleta educativa, tal y como ha difundido Magisterio, donde reflexionó sobre la relación entre Iglesia y Estado, el papel del hecho religioso en la vida pública y la situación de la educación concertada en España.
La entrevista comienza tratando el tema de la polémica surgida por unas palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, quien antes de las vacaciones sugirió que el presidente del Gobierno debería someterse a una cuestión de confianza. Desde el Ejecutivo se respondió con dureza, afirmando que los obispos no deberían opinar sobre política.
Juan Carlos Corvera defendió que este tipo de reacciones muestran una interpretación incorrecta del modelo constitucional. “Vivimos en un Estado aconfesional, no en un Estado laico”, afirmó, subrayando que la Constitución española protege un marco que reconoce el hecho religioso como un elemento importante en la vida social y pública.
Según explicó, la aconfesionalidad no significa expulsar la religión del espacio común, sino garantizar que el Estado no imponga una confesión concreta, pero sí sea capaz de reconocer la presencia y las aportaciones de las distintas creencias en la sociedad.
Por ello, sostuvo que las intervenciones públicas de la Iglesia deben poder escucharse con normalidad, sin que se planteen como una intromisión ilegítima.
En esta línea, Juan Carlos Corvera lamentó que desde determinados ámbitos políticos se intente relegar la religión al ámbito privado, como si solo pudiera vivirse “en las sacristías”. A su juicio, esa actitud puede derivar en un modelo “laicista”, que no es neutral, sino hostil al hecho religioso, especialmente hacia la religión mayoritaria en España. Insistió en que la Constitución no plantea un Estado laico, sino aconfesional, y por tanto las opiniones de los obispos no deberían ser recibidas como una amenaza, sino como parte del debate democrático y social.
Durante la entrevista también presentó la identidad y el trabajo de Educatio Servanda. Explicó que la fundación nació en 2006 como una “iniciativa laical” que, con el paso de los años, se ha expandido hasta gestionar 17 centros educativos en distintas diócesis.
Aunque Educatio Servanda se define jurídicamente como una fundación civil, ha sido reconocida por la Conferencia Episcopal Española como institución católica.
Para Corvera, la relación con cada obispo diocesano es esencial y constituye una condición imprescindible para poder trabajar en una diócesis. Por eso, aseguró que les gusta decir que poseen un “alma diocesana” y explicó que el obispo forma parte del patronato como signo de comunión eclesial.
Juan Carlos Corvera abordó también las críticas recibidas por la fundación en los primeros años, especialmente aquellas que la han calificado como “ultracatólica” o “antifeminista”. Recordó que estos ataques se intensificaron en 2016 durante la controversia generada por la llamada “ley Cifuentes”, cuando algunos medios difundieron informaciones sobre presuntas cantidades millonarias recibidas por la entidad.
Ante ello, Juan Carlos respondió con claridad: negó esas etiquetas y explicó que los fondos a los que se hacía referencia eran los propios del concierto educativo, como ocurre con cualquier centro concertado. Según dijo, no son recursos que reciba la fundación, sino partidas destinadas al funcionamiento del modelo concertado y vinculadas a las familias y al profesorado.
Otro eje importante del episodio fue la libertad educativa y el papel de los padres en las decisiones escolares.
Juan Carlos Corvera defendió que las familias deben ser consultadas cuando se tratan cuestiones morales o de fondo antropológico.
Aunque admitió que el término “pin parental” genera controversia, sostuvo que el objetivo es proteger la libertad de los padres ante contenidos sensibles, más allá del nombre que reciba la medida. Señaló que, incluso en sus centros, consultan previamente a los padres antes de impulsar iniciativas por la vida, aunque exista un apoyo mayoritario.
Respecto a la neutralidad en la enseñanza, afirmó que es una ilusión pensar en una educación totalmente neutra, ya que todo docente transmite algo de sí mismo.
Incluso materias aparentemente objetivas, añadió, pueden utilizarse para introducir enfoques ideológicos, mencionando como ejemplo algunos contenidos con perspectiva de género en ejercicios escolares.
En el ámbito económico, Juan Carlos defendió el cheque escolar como una fórmula que daría mayor protagonismo a las familias y más libertad real para elegir centro.
Aseguró que la educación concertada vive una situación de infrafinanciación: según explicó, una plaza en la escuela pública cuesta al Estado unos 6.000 euros al año, mientras que en la concertada se financia con aproximadamente 3.000, asumiendo el resto las familias y la eficiencia de los propios centros.
Por último, defendió la asignatura de Religión recordando que es de oferta obligatoria y elección voluntaria, y que la cursa el 80% del alumnado de Primaria. Criticó los intentos de reducir su horario o su valor académico y recalcó que no es catequesis, sino una materia clave para entender el patrimonio cultural y espiritual.
También advirtió del riesgo de que asignaturas como Educación en Valores se usen para introducir ideología. Como cierre, destacó un fenómeno que considera esperanzador: un renovado interés por la religión entre los jóvenes, algo que —según dijo— percibe directamente en la calle y en sus centros.
