En las últimas décadas del siglo XX, un hombre sin linaje notable ni credenciales académicas brillantes logró sentarse a la mesa del poder global. Jeffrey Epstein, nacido en 1953 en Brooklyn, abandonó la universidad y comenzó como profesor de matemáticas en una escuela de élite. De allí pasó a Wall Street, donde, mediante conexiones opacas y sin explicación transparente sobre el origen de su capital inicial, amasó una fortuna extraordinaria. Con ella adquirió mansiones, un avión privado y una isla en las Islas Vírgenes —Little St. James— conocida como “la isla de Epstein”.
El caso emergió en 2005, cuando en Palm Beach (Florida) la familia de una menor de 14 años denunció que Epstein le había pagado por “masajes” que derivaron en abusos sexuales. La investigación policial reveló un patrón sistemático: decenas de adolescentes, muchas de entornos vulnerables, eran reclutadas, pagadas y alentadas a traer a otras jóvenes a cambio de incentivos económicos.
En 2008 se produjo lo que fue descrito como “el acuerdo del siglo”: Epstein se declaró culpable en un tribunal estatal por cargos menores —solicitud y promoción de prostitución— y cumplió solo 13 meses en una cárcel de baja seguridad, con permisos diarios de trabajo. El acuerdo fue supervisado por Alexander Acosta, posteriormente secretario de Trabajo en la administración Trump, e incluyó inmunidad para posibles conspiradores.
En 2018–2019, el periodismo del Miami Herald reactivó el caso. En julio de 2019 Epstein fue arrestado en Nueva York por cargos federales de tráfico sexual de menores y conspiración. Los fiscales describieron una red operativa en Nueva York, Florida, Nuevo México y las Islas Vírgenes. Su colaboradora principal, Ghislaine Maxwell, fue acusada de reclutar y participar en los abusos.
El 10 de agosto de 2019 Epstein apareció muerto en su celda del Metropolitan Correctional Center de Nueva York. El forense dictaminó suicidio. No obstante, fallos en las cámaras, negligencias de vigilancia y la ausencia de su compañero de celda alimentaron sospechas persistentes. Encuestas posteriores reflejaron que solo una minoría aceptaba sin reservas la versión oficial.
En 2021 Maxwell fue condenada a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores.
El caso volvió a intensificarse en 2025–2026, cuando el Congreso estadounidense aprobó el Epstein Files Transparency Act bajo la segunda administración Trump, obligando al Departamento de Justicia a publicar millones de páginas. Los documentos, aunque con redacciones parciales, confirmaron vínculos con figuras de alto perfil: Donald Trump (quien afirmó haber cortado la relación años antes), Bill Clinton (con varios vuelos registrados en el avión de Epstein), el príncipe Andrés (quien resolvió extrajudicialmente una demanda), así como personalidades de Wall Street, Hollywood y el ámbito científico.
El debate público se polarizó: teorías sobre una “lista de clientes” encubierta, desinformación amplificada mediante inteligencia artificial y un clima de sospecha generalizada. Pero más allá de la especulación, el hecho estructural es claro: durante años operó un sistema de protección tácita que minimizó a las víctimas y permitió la impunidad.
El caso no es solo criminal. Es un síntoma. Revela una patología moral en las élites de una cultura liberal progresista que proclamó la emancipación absoluta del individuo y terminó generando espacios donde el límite desapareció.
La trama posee los elementos de la tragedia clásica: ambición, dinero, sexo llevado a la máxima depravación, influencia y poder. Pero hay un rasgo decisivo: la ausencia de un marco moral vinculante. Sin límite no hay culpa; sin culpa solo queda el cálculo del riesgo. “El problema no es el acto, sino que te atrapen.” A Epstein y Maxwell los atraparon. El príncipe Andrés pagó un acuerdo. Otros transitaron la tormenta con menor desgaste reputacional. El foco mediático osciló según coyunturas políticas: Trump fue señalado por su antigua amistad; los Clinton aparecieron en múltiples referencias documentales.
Otra cuestión crucial es el origen de la fortuna de Epstein. Entre las figuras vinculadas aparece Ariane de Rothschild (nacida Ariane Langner), presidenta y CEO del Edmond de Rothschild Group, banco privado suizo de la familia, con activos gestionados cercanos a 184.000 millones de francos suizos en 2026. No pertenece a la rama franco-británica histórica, sino a la suiza fundada por Edmond de Rothschild.
Existió una relación económica y personal estrecha, prolongada y lucrativa entre Epstein y Ariane de Rothschild y su banco. Cientos de correos electrónicos y decenas de reuniones en Nueva York, París y Ginebra lo acreditan. En octubre de 2015 firmaron un contrato de 25 millones de dólares entre Southern Trust Company (registrada en las Islas Vírgenes) y el grupo Rothschild para “análisis de riesgos, algoritmos, introducciones estratégicas y asesoría fiscal”. Epstein intervino además en negociaciones que redujeron una multa del Departamento de Justicia estadounidense de 80 a 45 millones de dólares. El acuerdo fue firmado el 18 de diciembre de 2015, durante la presidencia de Barack Obama. No implica necesariamente complicidad presidencial, pero forma parte del contexto político de la saga demócrata, que une además a los Clinton, como expresidente primero, y como Secretaria de estado su mujer.
La relación continuó hasta la segunda detención de Epstein en julio de 2019, pese a que desde 2008 eran conocidos sus antecedentes judiciales por solicitud y promoción de prostitución. Ese dato no impidió la cooperación financiera.
Las interpretaciones conspirativas tienden a fabricar explicaciones totales —“trabajaba para los Rothschild”— que exceden los hechos comprobados. Sin embargo, negar la dimensión colectiva y moral del fenómeno sería igualmente evasivo. La cuestión central no es la conspiración, sino la cultura que normalizó comportamientos tan perversos con la implicación de tantos personajes importantes.
La razón, cuando se separa de un fundamento moral, no elimina los monstruos, los produce. El caso Epstein muestra que el problema no es solo la corrupción individual, sino una concepción dominante donde el poder y el deseo carecen de límite trascendente. La crisis no es únicamente judicial; es cultural. Y en esa crisis, la responsabilidad no recae en los márgenes del sistema sino en su centro.
La cuestión central no es la conspiración, sino la cultura que normalizó comportamientos tan perversos con la implicación de tantos personajes importantes. Compartir en X
