El debate sobre la inmigración, el Papa y la doctrina de la Iglesia (y II)

En la primera parte de este editorial tratábamos de los efectos de la inmigración en relación con la sociedad receptora. Se trata ahora de establecer los efectos sobre quienes deciden emigrar y sus consecuencias sobre el país de emigración, para después dilucidar qué tipos de políticas públicas deberían practicarse partiendo de los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia.

Los emigrantes y los países de emigración

Tanto las personas que emigran como sus países deben disponer y, en su caso, divulgar una información suficiente sobre los riesgos y daños del viaje y lo que pueden encontrar en el país de destino.

Deben ser conscientes que en principio la emigración significa una descapitalización no siempre fácil de recuperar, sobre todo en términos del capital social que pierden, pero también en muchos casos por los costes del desplazamiento y sus secuelas.

La emigración, sobre todo en condiciones de riesgo como la que se dirige a Europa desde África y Asia, es fruto de una necesidad y una aspiración económica. Esto sin considerar a los refugiados que se trasladan por un imperativo vital, que en todo caso siempre debe ser acogido.

Pero cuando tratamos de inmigración ahora no nos referimos a estas emergencias, sino al flujo regular movido por una esperanza de bienestar. En este contexto la seguridad del viaje es una condición necesaria, pero esto no debe significar el acceso ilimitado de todo aquel que venga. Del desequilibrio entre estas dos cuestiones surge el problema que se le plantea a Europa y que experimentan con su vida una parte de quienes emigran.

No siempre es así. Una emigración tan importante en el caso de España como la hispanoamericana, llega básicamente en avión y el máximo peligro es el rechazo, escaso en aduanas y el coste del viaje.

El caso de los flujos desde el Mediterráneo es más trágico y son el resultado de una barrera relativamente accesible, el mar, y la diferencia de renta por persona entre ambos lados, de las más elevadas del mundo, en una proporción de uno a nueve o a diez. En estos casos, además, el impacto cultural y lingüístico es grande, y mucho menor con la población procedente de América que sí permanece en España, comparte lengua y una gran parte de la cultura.

Los países de emigración pueden registrar dos efectos contrapuestos. De una parte, la pérdida de una parte de su población más joven, quizás más preparada y con iniciativa. Por otra, una reducción de la presión demográfica, una posible mejora de la renta por persona, si no afecta a la formación del PIB y los ingresos procedentes de las remesas de los emigrantes, que en algunos países constituyen un epígrafe muy importante de los ingresos externos.

Criterios y aplicaciones desde la doctrina social de la Iglesia

Básicamente, los aspectos a considerar son:

1. La dignidad intrínseca de cada ser humano.
2. La solidaridad.
3. La justicia y equidad.
4. La subsidiariedad.
5. La participación.
6. El destino universal de los bienes.
7. El bien Común: La DSI sostiene que el bien común debe ser el objetivo de las políticas públicas. Todo ello en un contexto en el que se respete la justicia y la libertad, y la procuración del bien posible para todos, como expresión concreta del amor.

Estaríamos ante un marco de referencia con unos tensores constituidos  por los criterios definidos más arriba. Su aplicación no determina un solo programa, sino diversas opciones, cuya fijación dependerá de las circunstancias concretas.

Una metodología matricial puede ayudar a establecer los requerimientos a responder.

Sus resultados pueden ejemplificarse en los siguientes términos:

• El respeto a los derechos humanos de los inmigrantes que no deben ser menoscabados, como sucede ahora con los CIE. También debe considerarse el respeto y valoración a las identidades culturales y lingüísticas de las minorías receptoras, caso por ejemplo del húngaro o del catalán, que no pueden quedar supeditados al desconocimiento de la inmigración para expulsarlos de los ámbitos públicos e institucionales. Los poderes públicos deben velar por la integración lingüística y el conocimiento de la cultura receptora. Los inmigrantes deben tener libertad y posibilidades en aquel contexto de expresar y preservar su herencia cultural.
• Las políticas públicas deben buscar reducir las desigualdades económicas y garantizar que los ciudadanos más desfavorecidos reciban el apoyo necesario para llevar una vida digna. En el ámbito cultural, la solidaridad implica el fomento del respeto hacia las minorías culturales. Deben ser recibidos con hospitalidad y protegidos de la discriminación y la explotación.
• Las decisiones deben tomarse a nivel local siempre que sea posible. En el ámbito cultural, esto podría significar que las políticas de protección y promoción de las lenguas minoritarias se gestionen a nivel regional o local, donde se comprendan mejor las necesidades específicas de las comunidades afectadas.
• En el ámbito económico, esto podría requerir políticas que busquen reducir las disparidades económicas y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, independientemente de su origen cultural o lingüístico.
• El bien común como objetivo de las políticas públicas, significa que las políticas deben estar diseñadas para promover el bienestar de todos los ciudadanos, incluidas las minorías culturales y lingüísticas, y para abordar los desafíos económicos y sociales de manera que beneficie a la sociedad en su conjunto. La creación de condiciones para que toda persona y familia pueda desarrollarse en sus dimensiones humanas. Esto implica que los países receptores tienen la responsabilidad de ayudar a los inmigrantes a encontrar un lugar seguro y digno donde vivir, una condición que obviamente debe ser general.
• Facilitar la integración de los inmigrantes es un requerimiento básico. Esto implica promover el aprendizaje del idioma y la cultura del país de acogida, así como la participación en la vida social y económica.
• De todo ello resulta evidente, que la inmigración requiere un robustecimiento de las políticas sociales con carácter general, con una especial atención a las familias y a los menores.
• La inmigración no puede constituir un peligro para los países receptores y, por consiguiente, debe velarse por las condiciones de seguridad de todo tipo en que se realiza.
• Todo esto exige que el flujo de inmigración debe ser regulado para que no desborde la capacidad de admisión, adoptar las medidas para que cumpliendo aquella condición el desplazamiento sea seguro, evitando de manera contundente que se produzca un tráfico de inmigrantes y realizando acuerdos para el desarrollo de los países de emigración, que limiten las necesidades de abandonarlo.
• Es importante que las políticas sean diseñadas de manera cuidadosa y equilibrada para abordar los desafíos culturales, económicos y sociales sin discriminar o perjudicar a ningún grupo de ciudadanos. La DSI puede proporcionar una base ética para guiar la toma de decisiones en estas áreas, promoviendo la justicia y la solidaridad en la sociedad.

Todo esto exige un tipo de políticas a escala europea y estatal, que no existe, y la existencia de un nuevo ámbito de la gestión pública, seguramente en forma de agencia interministerial que planificara y velara por los objetivos establecidos en los distintos ámbitos para la inmigración y también para el conjunto de la población.