El homosexual de Malasaña y el estado policial rosa

Una falsa agresión a un homosexual por parte de una banda de encapuchados, que ha dado lugar a un escándalo, cuando el denunciante reconoció posteriormente la falsedad de ésta, tiene aún mucho por explorar y muchas conclusiones a extraer, porque pone en relieve la existencia de un peligroso estado policial rosa con características liberales.

Los hechos son bien conocidos. Un homosexual que vive en Malasaña denuncia que ha sido agredido pasadas las 5 de la tarde por una banda de 8 personas con sudaderas negras y capuchas blancas, que le bajaron los pantalones dentro de la escalera y con gritos de «maricón» y «anticristo» le grabaron la nalga y le partieron el labio.

De entrada, la policía no veía demasiado claro el caso, pero desplegó un amplio servicio de búsqueda de datos para descubrir a los agresores; más de 30 agentes estaban movilizados. El resultado a las 24 horas es que no se había encontrado ningún testigo, ninguna navaja en ninguna papelera, ninguna cámara de las muchas que hay en la zona había captado a ningún encapuchado y sí al denunciante, nadie había oído gritos, no había restos de sangre por ningún lado y la mujer que el denunciante dijo que lo vio no aparecía por ningún lado. Resultado final: nueva tanda de conversaciones con el denunciante, y al final rectificación en toda regla. No existía nada, nadie la había agredido, todo era fruto de una relación sexual consentida con otros dos hombres que eran los que le habían grabado en el culo la palabra «maricón».

Pero antes de eso, el ministro Marlaska, responsable de la seguridad y el buen orden, homosexual con pareja, ya salió a escena denunciando los hechos y atribuyendo su responsabilidad a los partidos de derecha o los que criticaban cosas como el matrimonio homosexual. El ministro establecía una relación directa entre la agresión, las «bandas» y la oposición a las políticas homosexuales que desarrolla el gobierno.

Podemos, con Belarra y Montero al frente, contribuyeron a excitar aún más los ánimos y, de esta manera, se convocaron manifestaciones y actos de protesta, y las asociaciones LGBTI salen diciendo cosas como «nos están matando por las calles».

Sánchez lo acaba de magnificar convocando la comisión que trata los delitos de odio, porque dice que el hecho que se ha producido es intolerable. El tono de todo crece y las fake news se multiplican. La Vanguardia dedica la principal información de su portada con el título «Bandas organizadas se dedican a perseguir a los homosexuales». Se da ya por supuesto que en toda España hay organizaciones que hacen este tipo de trabajo.

Después se hace presente que el detonante de todo ello no era verdad. Pero nadie rectifica ni da marcha atrás. La verdad no importa. La cuestión es descalificar todo lo que se oponga a la lógica de las políticas LGBTI y de criminalizarlos. Se hace la crítica igual a la violencia.

El problema aún se extiende más, y en el programa de radio «El món a RAC1» de RAC 1, también del Grupo Godó y que conduce Jordi Basté, un entrevistado formula unas declaraciones inflamadas en las que atribuye la culpa de todo a la iglesia, los jóvenes católicos y a la escuela cristiana. Ya es sabido que cuando se escapa un cachete siempre recibe el mismo. Mientras tanto, el cardenal Omella va clamando por el diálogo. Si las declaraciones que han sido formuladas en RAC1 fueran a la inversa, si alguien atribuyese algún tipo de violencia a los homosexuales, ¿no sería automáticamente considerado un delito de odio?

Ahora parece que, una vez constatada la falsedad de la denuncia, el capítulo está cerrado. Al menos eso es lo que dice la policía, pero si este es el resultado, la arbitrariedad cometida será de escándalo. Primero porque hay una denuncia falsa que hay que resolver, segundo porque hay que depurar responsabilidades de la grave alarma social creada, del miedo, de las falsedades que se han permitido y que arrancan de un mismo hecho. Ahora todo queda en manos de la fiscalía y del juez, y será muy interesante ver si todo acaba en un gran silencio.

Pero, ¿cómo la sociedad, la policía, la justicia y los medios de comunicación pueden aceptar que unas personas graben con cuchillo la nalga de una persona? ¿Es realmente un acto masoquista voluntario o hay más hechos por medio? Es una cuestión que hay que aclarar porque la visión es infamante. No se pueden aceptar estas prácticas y no decir nada sobre ellas y al mismo tiempo criminalizar hechos mucho menores. ¿Es cierto que el agredido se dedicaba a la prostitución como informan algunos medios? ¿Está aquí el por qué de la agresión que la víctima no quería denunciar? ¿Si los agresores no fueran también homosexuales, no habría ya una clara acción de investigación para esclarecer los hechos? ¿Por qué Marlaska, Belarra, Montero, Sánchez no alzan la voz ante este tipo de violencia tan indigna? ¿Es que es más justificable cuando se hace entre homosexuales o cuando hay dinero en medio?

En todo este asunto hay una cuestión de fondo importante y marginada. La de reducir todo a la condición de homosexuales o heterosexuales, de los inexistentes agresores, omitiendo que mucho antes de todo, existe la condición de personas, de ciudadanos, especialmente del agredido, que es portador de una dignidad irrenunciable, con independencia de su voluntad. Nadie puede someterse libremente a la esclavitud; nadie puede recibir un trato infamante y menos aún si existe la protección de vidas por medio. Y esta es la secuela que hay que abordar.

Detrás de este montón de arbitrariedades hay un estado policial rosa con aspecto liberal, en el que los derechos se citan en función de cuál es el sujeto y la ideología en juego y, por tanto, desaparecen como derechos efectivos. Este estado también hace otra cosa totalmente intolerable: homogeneiza a todas las personas homosexuales a través de una única dimensión, despreciando que, además, son ciudadanos con creencias, valores y comportamientos diferentes y plurales. Es una ideología política la que ha transformado la condición homosexual en una identidad colectiva, y su traducción es el homosexualismo político que no pretende que personas homosexuales ejerzan sus derechos sin discriminaciones, sino que lo que busca es transformar las instituciones de la sociedad para que respondan a las políticas del deseo de esta cultura. La izquierda, ahora que ha dejado de representar a los trabajadores y a las personas con más necesidades, ha hecho del homosexualismo político una de sus banderas características.

Otra consecuencia del estado policial rosa es considerar homofóbico todo aquello que critica o cuestiona determinadas leyes que abordan aspectos concretos, como el matrimonio homosexual. Hecho que llevaría a la conclusión de que la inmensa mayoría de los estados del mundo son homófobos, cuando sólo hay 29 que reconocen el matrimonio de personas del mismo sexo. Todavía hay una tercera característica que busca la ganancia política, es la exacerbación del conflicto cultural y moral dentro de la sociedad. Todos estos planteamientos se basan en la criminalización y fiscalización de aquellos que discrepan, en lugar de luchar contra el odio. Homosexuales y heterosexuales ven con preocupación esta deriva de quienes controlan el poder.