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El nuevo sindicato de trabajadoras sexuales: un dolor de cabeza para el Gobierno de Sánchez

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La polémica en torno a la legalización de un sindicato de trabajadoras sexuales a puesto en un brete al Gobierno de Sánchez. En ese sentido la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha reconocido hoy que le han «metido un gol» y ha explicado que pedirá explicaciones a su departamento tras el visto bueno a la constitución de un sindicato para trabajadoras sexuales, el cual quiere anular, y para ello ha pedido a la Abogacía del Estado que estudie cómo hacerlo.

En declaraciones a la prensa tras comparecer en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Valerio ha asegurado que ha sido «una sorpresa» conocer la publicación en el BOE de la resolución sobre el sindicato denominado Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras) y que preguntará a la persona encargada de dicho expediente por qué no se le informó de su tramitación. Valerio, que ha recordado que pertenece a un Gobierno «feminista», ha pedido a la Abogacía del Estado que inicie todos los trámites pertinentes para «declarar esta resolución nula de pleno derecho”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado sobre el tema para decir que fue “un mero acto administrativo que no contenía errores de forma pero sí de fondo”. Además, ha recalcado en su cuenta de Twitter que el suyo es un Ejecutivo “feminista” y “partidario de la abolición de la prostitución”.

Sánchez ha recordado que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha iniciado ya el trámite de impugnación de la Organización de Trabajadoras Sexuales. “La prostitución no es legal en España y este #Gobierno no dará respaldo a ninguna organización donde se recoja esa actividad ilícita”, ha remarcado el jefe del Ejecutivo.

La secretaria general del nuevo sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras), Concha Borrell, ha declarado que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, “parece que quiere defender los intereses de la patronal de los burdeles y no el de las trabajadoras”.

En declaraciones a Efe, Borrell se ha mostrado perpleja y desconcertada por las afirmaciones de la ministra. “Tendrá que acudir a la vía judicial para ilegalizar un sindicato, porque, como ha reconocido el propio ministerio, cumplimos todos los trámites legales y todo es legal”, ha señalado Borrell.

Por su parte, el gestor que ha hecho todos los trámites para que el sindicato de trabajadoras sexuales fuera legalizado, Joaquín P. Donaire, ha explicado a Efe que todos los trámites para legalizar el nuevo sindicato los hizo vía web y ha asegurado que ha reunido todos los requisitos previstos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en el Real Decreto sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales.

Susana Díaz pide  que se impida la legalización de la prostitución

Por su parte, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha urgido este jueves al Gobierno de la Nación a «hacer lo que tenga que hacer para parar» el intento de «legalizar la prostitución, la trata y la explotación sexual» de las mujeres que, a su juicio, plantea de forma «encubierta» el intento de registrar un sindicato autodenominado «de trabajadoras sexuales».

Según informa Europa Press, díaz se ha pronunciado de este modo en Sevilla durante una reunión con equipos técnicos del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en relación con las informaciones que anuncian que la Dirección General de Trabajo ha admitido el depósito de constitución de un sindicato autodenominado «Organización de Trabajadoras Sexuales» que, de acuerdo con sus estatutos, «desarrollará sus actividades en el ámbito funcional de las actividades relacionadas con el trabajo sexual en todas sus vertientes».

«Como presidenta he combatido y voy a seguir combatiendo con todas mis fuerzas la explotación sexual de las mujeres, la trata y a los traficantes porque la inmensa mayoría de esas mujeres están retenidas contra su voluntad, son víctimas explotadas», ha asegurado la jefa del Ejecutivo andaluz, que ha rechazado a «quien ha pretendido registrar un sindicato que denomina de trabajadoras sexuales» con el objetivo de «querer legalizar de manera encubierta la prostitución y la explotación de las mujeres».

En este sentido, Díaz ha expresado su oposición a la creación de este sindicato porque «quienes luchamos contra la explotación de las mujeres no podemos mirar para otro lado» y ha pedido al Gobierno de la Nación que «haga lo que tenga que hacer para parar lo que en el fondo están buscando, una manera descarada de encubrir a través de ese sindicato la explotación sexual y la trata de mujeres, que a día de hoy hace mucho negocio para traficantes, proxenetas y todo aquel que no tiene ningún respeto a la dignidad y los derechos humanos de las mujeres».

 

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