Toda la maquinaria del Gobierno español está frente a las personas humildes y sencillas que rezan por las madres frente a los abortorios. El estado policial pro abortista que está desplegando el Gobierno de Pedro Sánchez es extraordinario. El último misil propagandístico ha sido el vídeo que ha lanzado el Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, para prestar su apoyo a la clínica madrileña privada Dator y amenazar con la policía (un organismo público) a las personas que no piensan como ellos. ¿Por qué el Gobierno usa recursos públicos para amedrentar a los ciudadanos y blindar el negocio privado del aborto en Madrid?
Francisco Martín Aguirre era secretario general de La Moncloa y fue sucesor de Mercedes González en la Delegación de la Comunidad de Madrid en marzo de 2023.
En el vídeo, un montaje ideológico de primer nivel, Martín Aguirre afirma «hoy me he acercado hasta la clínica Dator de Madrid para saludar a los y las profesionales que con su trabajo diario garantizan que las mujeres puedan practicar de una forma segura la interrupción voluntaria del embarazo». De esa manera el Delegado de Gobierno ensalza trabajadores privados al servicio de la eliminación de bebés.
Y prosigue: «también he venido para analizar junto a la responsable del centro cuál es la situación de seguridad en la que esas mujeres se acercan hasta este lugar en relación a hechos como el que sucedió el pasado 19 de mayo, que no tienen espacio en esta sociedad». Martín Aguirre está criminalizando así a las personas que rezan frente a los abortorios, y manipula a la opinión pública añadiendo: «la sociedad española es mayoritariamente defensora de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho fundamental de las mujeres y no debemos dar un solo paso atrás en ese sentido».
Las bases para un estado policial pro abortista se enmarcan cuando el Delegado afirma: «por este motivo me he reunido también con el jefe superior de la policía de la comunidad de Madrid y con el comisario al frente de la comisaría de Tetuán para agradecerles su compromiso y su esfuerzo y también para revisar junto a ellos cómo se está ejecutando el protocolo para actuar ante concentraciones y también para revisar ese procedimiento que nos debe llevar a identificar a aquellas personas que obstaculicen a través del acoso a mujeres que quieran acercarse hasta esta clínica».
De esta sorprendente manera Martín Aguirre plantea un estado policial pro abortista que plantea una situación de frentes en la que las personas que defienden la vida desde su concepción hasta su fin natural son tildadas de criminales y acosadores cuando se trata de grupos reducidos que oran para aumentar el nivel espiritual de la sociedad y ayudar a las madres a iluminarse en beneficio de ellas y sus hijos que han de nacer.
Martín Aguirre no se queda ahí, y busca sinergias para sus planteamientos radicales: «quiero hacer un llamamiento a todas las administraciones de nuestra región para que aunemos esfuerzos y para que tanto desde la Consejería de Sanidad como especialmente también desde el Ayuntamiento de Madrid y también desde la administración de Justicia hagamos lo imposible para que las mujeres que decidan interrumpir voluntariamente su embarazo puedan hacerlo con tranquilidad y seguridad sin que nadie altere ese derecho».
El Delegado del Gobierno en Madrid busca un discurso de confrontación y aleja el debate del foco de la realidad: que el aborto es una lacra social que significa una amenaza para el más débil, el niño que está por nacer. Una sociedad que no defiende ese bien es una sociedad profundamente enferma, y Martín Aguirre y el Gobierno bipartito de PSOE y Podemos promueven esa enfermedad.
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Al Delegado Martín Aguirre, tan prepotente él, le sugeriría un sencillo ejercicio de imaginación, a la manera de los que hacemos en sueños cuando extendemos el tiempo y mezclamos pasado y presente en un momento único:
Imagine el Delegado Martín Aguirre que se ha acercado a la clínica Dator, no ahora, en el presente, sino antes, en el pasado, y que entonces aparece su madre, embarazada de él mismo, con la intención de entrar en la clínica para que lo aborten y su vida no siga adelante hacia ese futuro en el que ha llegado a llamarse Francisco Martín Aguirre y ejercer como Delegado del Gobierno en Madrid.
¿No agradecería, entonces, que hubiese cerca unas personas de buena voluntad que, lejos de perjudicar a nadie, rezasen para salvar la vida del que van a matar, informasen a la madre sobre lo que implica abortar, y le ofreciesen ayuda para que siga adelante con el embarazo? ¿No sería él mismo quien impediría que su madre entrase en el abortorio Dator, mal llamado clínica, para preservar su propia vida? Sin duda así lo haría, a no ser que piense que para llegar a donde ha llegado, defendiendo el derecho a abortar, más le valdría no haber nacido.
Una vez finalizado este ejercicio, no tiene más que ponerse en la piel de otros y hacerse cargo de que no es justo que quiera para los demás lo que no hubiese querido para sí mismo.
Puede que entonces, en vez de personarse en Dator a hacer el paripé como protector del derecho a matar, se dedique a proteger el derecho a vivir, y en vez de amenazar, acosar y perseguir a quienes rezan e informan para que las embarazadas no se embrutezcan haciéndose abortar, colabore en preservar su dignidad como personas y como mujeres.