Es sabido que hay sectores profesionales en España donde la explotación laboral o la precariedad de los trabajadores son un hecho, y donde sus derechos se ven conculcados con mayor frecuencia que en otros.
En ese sentido, un estudio de Cáritas publicado el pasado 25 de octubre constata explotación laboral y “múltiples vulneraciones de derechos en el sector agrícola, la hostelería y los empleos del hogar”.
En ‘Vulneraciones de derechos laborales en el sector agrícola, la hostelería y los empleos del hogar’, los responsables del informe urgen al Gobierno a adoptar medidas que pongan fin a las “situaciones de gran precariedad y de explotación laboral” entre temporeros agrícolas, trabajadores de la hostelería y empleados del hogar (sobre todo mujeres).
“Se ha normalizado la vulneración de los derechos laborales en estos tres sectores. Las personas que trabajan en los mismos se encuentran desprotegidas y no se sienten `legitimadas´ para acceder al Estado de derecho”, advierte Hilde Daems, experta del equipo de Inclusión de Cáritas Española.
Tanto es así que las personas entrevistadas reconocen que “si trabajas en uno de estos tres sectores ya te puedes esperar que no te van a pagar las horas extras, tienes un salario inferior al legal y una parte lo recibes ‘en negro’”, añade.
El estudio, que fue presentado por la propia Daems y Paco Cristóbal, director del Área de Comunicación, se basa en 917 entrevistas realizadas en 30 provincias de toda España. De ellas, 302 se hicieron en el sector agrícola; 300 en el de la hostelería; y 315 con personas que trabajaban en el sector de empleos del hogar.
El derecho a un salario digno, vulnerado
La investigación llevada a cabo por Cáritas se ha centrado en evaluar la vulneración de los derechos de los trabajadores en esos tres sectores analizados.
Una primera cuestión que denuncia el estudio es la vulneración de derechos relacionada con la retribución salarial y, aproximadamente, “el 30% cobra menos del salario que le correspondía legalmente; el 25% realiza horas extras sin remuneración; y el 50% de los temporeros cobran todo o parte del salario en dinero “negro”, como se puede observar en este gráfico, reproducido a partir del estudio.
En el conjunto de los tres sectores y porcentajes concretos de explotación laboral, el 23,8% realizaba horas extraordinarias sin cobrarlas; el 29,4% cobraba menos del salario que le correspondería legalmente; y el 27,4% cobraba todo o parte del salario en dinero negro.
El sector donde se realizan más horas extraordinarias sin cobrarlas es el de la hostelería (32,3%); mientras que la agricultura es el sector donde más se vulneran los otros dos indicadores: cobrar menos del salario que corresponde (46%) y cobrar en negro (47,4%).
Quebrantando el Código Penal
Por otra parte, son “especialmente preocupantes las vulneraciones relacionadas con el Código Penal”, indica el informe. El porcentaje de vulneraciones más destacado es el que se refiere al trato humillante que se da a una buena parte de los trabajadores en el sector de la agricultura (22,5%).
En ese mismo sector, un 12,9% de trabajadores recibe amenazas, a un 11,9% el jefe les retiene la documentación y un 3% es víctima de violencia física, como muestra este otro gráfico.
Cuando hablamos de los empleos del hogar, en el gráfico se aprecia que un 12,4% recibe un trato humillante, un 4,8% recibe amenazas, a un 3,5% se les retiene la documentación y el 1,6% es víctima de violencia física.
El sector de la hostelería muestra vulneraciones en estos casos: trato humillante (9,7%), amenazas (4,7%), retener la documentación (2,3%) y violencia física (1%).
Al analizar el conjunto de los tres sectores, un 12,5% de los trabajadores recibe un trato humillante; un 5,3%, amenazas; a un 3,9% el jefe les retiene la documentación; y un 1,6% recibe violencia física.
“Una de cada cuatro entrevistados manifiesta que en esos trabajos se vulneraba la legalidad y que eran conscientes de ello. Solo el 5% ha denunciado esas situaciones, mientras que casi un 70% no lo hace por miedo a perder el trabajo o porque creen que la denuncia no sirve para nada”, aclara el estudio.
Trata de personas
Según Hilde Daems, una situación muy preocupante es que no se identifiquen y por tanto no puedan perseguirse aquellas vulneraciones laborales que pueden ser constitutivas de delitos penales.
Al respecto, la experta de Cáritas alerta de que “detrás del 22% de vulneraciones graves de naturaleza penal que se constatan en el sector agrícola hay posibles situaciones de trata con fines de explotación laboral o trabajo forzoso”.
Además, “al no ser identificadas como víctimas de un delito que supone una vulneración grave de los derechos humanos, nos impide poder ofrecer protección, asistencia, persecución y compensación de estos delitos”, añade.
“Esta pérdida de derechos provoca indefensión, hasta el punto de que las personas no sean conscientes de esa explotación y lleguen a normalizarla, pensando que es un ‘paso necesario’ para lograr un trabajo mejor o que ‘es el precio por vivir y trabajar en este país’”, alerta.
Cáritas considera que esta “normalización” de la vulneración de derechos supone “el fracaso del Estado para asegurar la protección de las personas trabajadoras y la garantía de sus derechos”.
Las propuestas de Cáritas
Por todo ello, Cáritas hace una serie de propuestas, que reproducimos a continuación, para abordar y erradicar este tipo de situaciones de explotación laboral.
En el ámbito legislativo
- Ratificar por parte de España el “Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos de 2011”, en virtud del cual se exige a los países que adecuen sus legislaciones para que este sector tenga garantizados todos los derechos laborales y prestaciones sociales.
- Realizar, sin dilaciones, los cambios legislativos necesarios para incluir plenamente a los empleados y empleadas del hogar en el Régimen General de la de Seguridad Social, y, en consecuencia, tengan derecho a todas las prestaciones reconocidas al resto de trabajadores. Y promover la plena equiparación legislativa de sus derechos con el resto de trabajadores.
Con relación al sector agrícola
- Poner en marcha las medidas que contempla el Protocolo Vinculante P029 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, que entró en vigor en España el pasado 20 de septiembre. En nuestro país no está tipificado como delito autónomo el trabajo forzoso, tampoco la esclavitud, ni la servidumbre, según la definición del Convenio contra el Trabajo Forzoso de 1930. Para ello, sería necesario modificar el Código Penal para tipificar de manera autónoma el trabajo forzoso, la esclavitud y la servidumbre, diferenciándolos de la explotación laboral.
- Revisar la disparidad en los convenios provinciales que regulen el sector y que no ayuda en que las personas temporeras conozcan sus derechos y puedan conocerlos. Hace falta una reflexión seria con todos los agentes para revisar esta disparidad, poner mínimos más justos y para asegurar que se cumple por lo menos lo establecido legalmente. Es fundamental el papel de la Inspección de Trabajo
Asimismo, y con relación a los tres sectores, la actual Ley de Extranjería impide el ingreso al mercado laboral de las personas extranjeras en situación administrativa irregular, lo que los aboca al “empleo sumergido” –sin contrato—, con todo tipo de abusos y vulneraciones.
Por otro lado, la dificultad en la renovación de las autorizaciones de trabajo provoca que un número significativo de personas extranjeras caigan en situación de irregularidad sobrevenida, siendo arrojadas de nuevo a la economía sumergida y teniendo que comenzar de cero para volver a la regularidad, con los costes que implica tanto para el trabajador como para el empresario.
Además, la normativa de extranjería contempla un régimen sancionador muy rígido que provoca dificultad en la movilidad territorial y funcional, y que trabajar en el mercado sumergido se considere una infracción grave para el trabajador y muy grave para el empleador, por lo que esta actividad se vuelve más oculta y fuente de mayor vulnerabilidad.
Cáritas incide, por ello, en la necesidad de evitar la irregularidad sobrevenida, flexibilizando el sistema de renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo, y desvinculando dicho permiso con el territorio o la actividad que la persona pueda desarrollar. Esto contribuiría a reducir la bolsa de empleo sumergido y facilitaría que los empleadores acudieran a la contratación regular, además de permitir que los trabajadores pudieran acceder a formación y búsqueda de empleo sin caer en la vulnerabilidad y la exclusión.
Por último, sería positivo replantearse el acceso a autorizaciones de residencia de personas que ya están en nuestro territorio, pero en situación irregular, y que durante un largo espacio de tiempo están abocadas a acudir a la economía informal para sobrevivir.
Además, es urgente impulsar una Ley Integral para todas las formas de trata que incluya y establezca mecanismos adecuados para la protección, recuperación y restauración de las víctimas.
Compromiso con el Trabajo Decente
Por su parte, Paco Cristóbal destacó en la presentación del estudio que “en Cáritas nos tomamos muy en serio la vulneración de los derechos laborales y nos comprometemos con su erradicación y su prevención. Para ello, abogamos desde hace años por un marco de Trabajo Decente para todos dentro de la iniciativa que venimos impulsado en coordinación con otras organizaciones de Iglesia”.
“El modelo que nos orienta y por el que apostamos es el la de economía solidaria y social al servicio de los derechos humanos y que prioriza el cuidado del planeta. Esta es una realidad visible, que se apoya en proyectos repartidos por todo el Estado, donde se pone a las personas en el centro de la actividad económica y se facilita su acceso a un trabajo digno”, concluyó.
