El Gobierno ha lanzado una declaración de guerra contra la presencia de los 21 monjes benedictinos en el Valle de los Caídos, ahora rebautizado como Valle de Cuelgamuros por la Ley de Memoria Democrática.
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, ha establecido un plazo máximo de dos años para expulsar a la comunidad religiosa de la abadía de la Santa Cruz. Este ultimátum se fundamenta en un real decreto que el Consejo de Ministros espera aprobar en un futuro próximo.
Es evidente que están dispuestos a recurrir a cualquier medio necesario para lograr su cometido. La falta de comunicación previa con los monjes durante los procesos de exhumación de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera demuestra la firmeza de su postura.
Ni siquiera la intermediación de la Conferencia Episcopal se vislumbra como una posibilidad de ayuda, dado que la jurisdicción sobre el Valle recae directamente en la Santa Sede.
El Ministerio liderado por Torres está elaborando cuatro reales decretos que desarrollarán la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde octubre de 2022. Esta tarea se lleva a cabo en coordinación con otros ministerios debido a la complejidad del asunto, lo que justifica el plazo de dos años para completar el proceso.
Uno de estos decretos, el que concierne a los monjes benedictinos, establecerá un nuevo marco jurídico para el Valle, con el propósito de convertirlo en un centro de interpretación. Sin embargo, la presencia continua de los monjes representa un obstáculo significativo para el Gobierno, ya que existe un convenio en vigor firmado en 1958 entre la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la Abadía Benedictina de Silos. Este acuerdo, que el Ejecutivo no puede romper unilateralmente, podría desencadenar una batalla legal con los benedictinos.
Además de este decreto, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática está avanzando en otros tres decretos que abordan diversas cuestiones relacionadas con la memoria histórica.
Estos incluyen la creación del Consejo de la Memoria Democrática y del Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática, así como medidas de restitución o compensación a partidos políticos por bienes incautados durante el periodo de la Guerra Civil.
La decisión del Gobierno de reavivar la controversia en torno al Valle de los Caídos se produce en un momento político particularmente delicado, con elecciones regionales y europeas en el horizonte.
La estrategia de utilizar reiterativamente el personaje de Franco demuestra la determinación del Gobierno de Pedro Sánchez de imponer su agenda a pesar de las posibles repercusiones. Con estas medidas, el Gobierno está dispuesto a abrir viejas heridas en aras de su visión de la memoria histórica, aunque ello implique una confrontación prolongada con la comunidad religiosa y una creciente polarización en la sociedad española.
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